Al finalizar la cumbre de dos días con sus homólogos de México y Canadá la semana pasada, el presidente Bush se esforzó en felicitar a México por lo que parece ser un significativo cambio de actitud sobre la inmigración.

“No sé si las personas se han dado cuenta”, dijo Bush respondiendo a una pregunta sobre si su posición en inmigración podría afectar al Partido Republicano, “pero … todos los aspectos del Gobierno mexicano se han unido para enviar un mensaje muy claro al pueblo americano, que el Gobierno mexicano reconoce su responsabilidad de proteger la frontera”.

Bush se refería a “México frente al fenómeno migratorio”, un documento desarrollado por un amplio grupo de líderes mexicanos —legisladores, funcionarios de gobierno, académicos, expertos en inmigración y activistas comunitarios— y aprobado por el Congreso mexicano el 16 de febrero. Lectores de The Washington Post, The New York Times y Los Ángeles Times pudieron haber visto partes del documento que declara que México tiene una “responsabilidad compartida” por la migración que se presenta en sus 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos en un aviso de página entera pagado el mes pasado por el Gobierno mexicano.

“México frente al fenómeno migratorio” compromete al país a aplicar sus leyes migratorias, combatir la trata de seres humanos y asegurar sus fronteras. Más importante aún, reconoce que “mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar …, habrá condiciones para emigrar al exterior”.

Hasta este año el Gobierno mexicano aseguraba que no podía hacer nada para detener el flujo migratorio, debido a que sus manos estaban atadas por una cláusula constitucional que asegura la libertad de movimiento de cualquier mexicano, incluidos quienes buscan emigrar.

“Nos acostumbramos a escuchar eso todo el tiempo”, recordó el representante Jim Kolbe (R-Ariz.), quien por más de 20 años ha estado profundamente involucrado con la política migratoria estadounidense. Kolbe dijo que advierte un “cambio profundo” en la actitud mexicana hacia la inmigración ahora que los mexicanos interpretan la cláusula constitucional “en una forma en que la 'libertad de movimiento' no significa que pueden violar las leyes de otros países”.

El concepto de “responsabilidad compartida” fue la forma para superar las muy tensas, recriminatorias —y poco colaboradoras— relaciones Norte-Sur en el tema de drogas durante los años noventa. En ese entonces los países latinoamericanos estaban convencidos de que el narcotráfico era simplemente un problema creado por insaciables consumidores estadounidenses.

Su argumento era que si el país más rico del mundo no podía detener el consumo de drogas, no había nada que los países más pobres pudieran hacer contra poderosos capos de la droga, un argumento no muy distinto al utilizado por muchos mexicanos sobre inmigración. Siempre y cuando exista una demanda de trabajadores, afirman, la oferta del sur continuará.

En el caso de las drogas, los latinoamericanos tuvieron que hacer el penoso descubrimiento de que el abuso de drogas podía también ser un problema interno y, peor aún, que el poder corruptor de los narcotraficantes estaba amenazando sus débiles instituciones democráticas, para que el cambio empezara. Los países al sur del Río Bravo comenzaron a reconocer que tenían una responsabilidad compartida en la lucha contra ese flagelo.

Esta evolución hacia un esfuerzo de mayor cooperación no ha detenido el flujo de drogas. Pero, por lo menos en el caso de Colombia ha ayudado a generar un entendimiento más integral en Washington sobre las causas del problema. Ya no era Colombia sólo una fuente de drogas ilícitas, sino un país con profundos defectos económicos, sociales y políticos, alimentados por industrias ilegales como el narcotráfico, que explotaban y empeoraban las debilidades institucionales.

Bajo ese entendimiento más amplio, el Congreso estadounidense brindó su apoyo al Plan Colombia y creó el paquete de ayuda estadounidense más grande de la historia a un país latinoamericano. Si Colombia no hubiera convencido a Washington que entendía sus propias responsabilidades en ayudar a cubrir los gastos y en comprometer a sus ciudadanos, especialmente a las clases más privilegiadas, a reconocer su rol en el conflicto interno colombiano, el Plan Colombia no habría sido apoyado como lo ha sido hasta ahora.

El nuevo concepto de corresponsabilidad de México no detendrá el flujo de inmigrantes. Pero puede que reorganice a los mexicanos en torno a las obligaciones de su país hacia la inmigración y genere buena voluntad en Washington. Más aún podría llegar a promover un entendimiento más integral de la causa básica de la inmigración —la disparidad salarial— que hasta ahora ha estado prácticamente ausente en el debate en esta ciudad.

Todavía es difícil imaginar que Washington apruebe algún día un gran paquete de ayuda para que su vecino del sur pueda lidiar con la causa básica del problema (tal como era inconcebible apenas dos años antes de Plan Colombia, cuando las relaciones entre Estados Unidos y Colombia habían tocado fondo). Pero una cosa es cierta —esa ayuda seguirá siendo inimaginable sin que exista por lo menos una disposición honesta del sur para asumir parte de la carga.