A pesar de los grandes beneficios que traería la Ley General de Registros Públicos para el país, los diputados de la Asamblea Nacional no parecen interesados en completar su aprobación.

La iniciativa está en ese poder del Estado desde hace más de cinco años y en todo este tiempo los diputados han avanzado en su discusión y aprobación únicamente hasta el artículo 72.

Esta ley modernizará todo el sistema nacional de registros integrados por el Registro Público Mercantil, el Registro Público de las Personas, el Registro Público de Prendas, el Registro Público de la Propiedad Vehicular y el Registro de la Propiedad Inmueble e Hipotecas.

Este último es el que más ha sido violentado en los últimos años por integrantes de mafias roba-tierras, que en reiteradas ocasiones han sido denunciadas por el Ministerio Público.

La doctora Miriam Jarquín, coordinadora del Programa de Modernización del Registro Público, adscrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó que esta ley es importante porque le daría estabilidad al tráfico jurídico de propiedades en el país.

Agregó que se evitarían los cobro ilegales o coimas por los servicios prestados en el Registro de la Propiedad y se frenaría la pérdida de folios de los libros de registro, entre otras irregularidades de graves consecuencias para los dueños de propiedades.

LA PRENSA consultó a algunos diputados sobre la situación de esta ley y la mayoría rehusó hablar sobre el tema.

Algunos dijeron que preferían darle una leída (al proyecto de ley) antes de dar algún criterio y otros dijeron que no sabían nada.

Por las debilidades que actualmente presenta el Registro de la Propiedad, en Nicaragua se han usurpado propiedades sin que sus dueños se enteren.

Para contrarrestar el problema, en el Ministerio Público se ha pensado en la creación de una unidad especial para que investigue ese tipo de delito, según ha propuesto en ocasiones anteriores el Fiscal General, Julio Centeno Gómez.

Sin embargo, el diputado Donald Lacayo aseguró que la ley podría ser nuevamente sometida a discusión a finales de mayo de este año.

Dijo que la discusión sobre este proyecto se suspendió porque la última vez que fue sometida al plenario, sus colegas no lograron unificar criterios en varios aspectos. Uno de ellos fue sobre los títulos supletorios que han proliferado por todo el país.

“No hay consenso en suspenderlos (los títulos supletorios) porque dejaría en la indefensión a muchos nicaragüenses, sobre todo del sector campesino”, dijo Lacayo.

Para el diputado Marcelino García, de la Comisión Agraria del parlamento, los títulos supletorios juegan una función importante porque es el documento con el cual miles de beneficiados con las leyes 85 y 86 han hecho valer sus derechos sobre las propiedades que les fueron entregadas.

Pero señaló que hay muchos que utilizan ese recurso para apropiarse de los bienes del Estado, lo cual consideró debe ser anulado y además que la Procuraduría General de la República debería iniciar un proceso con el cual el Estado pueda recuperar esos bienes.

Consideró que también es necesario trabajar en la aprobación de la Ley General de Registros Públicos para mejorar la seguridad jurídica sobre la propiedad y evitar que se sigan perdiendo folios y ocurriendo otras irregularidades.