Expertos policiales de fuera de la región coinciden con algo que los especialistas en seguridad civiles centroamericanos nos dicen desde hace mucho: combatir el fenómeno de las pandillas requiere estrategias y planes con enfoques sociales que traspasen los límites de la represión.

Dos eventos importantes fueron dedicados al tema recientemente.

En Guatemala, con el auspicio de la cooperación española, expertos de 19 países iberoamericanos discutieron la semana pasada el problema.

Esta semana, El Salvador fue la sede de la II Convención Antipandillas, la cual debía concluir anoche. A ella asistieron delegados de las policías del istmo, México y Estados Unidos.

Que enfrentar y solucionar el asunto de las pandillas requiere de amplios enfoques sociales, es una idea que en varias ocasiones he desarrollado y defendido desde este espacio.

En el primer encuentro, el jefe de investigaciones de la Secretaría de Seguridad de España, Marceliano Gutiérrez, manifestó: “Hay que impulsar proyectos que contemplen aspectos sociales, económicos, educativos y policiales... y no estigmatizar a los jóvenes por su forma de vestir o usar tatuajes”.

Robert Loosle, delegado del FBI de EE.UU. a la reunión en San Salvador destacó que tan importante como desmantelar estructuras, es prevenir el fenómeno y rehabilitar. Washington ve a las maras como amenaza de seguridad nacional.

En Honduras, las fuerzas del orden arrestan a jóvenes que tienen algún tatuaje en el cuerpo y eso es a veces la única “prueba” de que esa persona es un marero. Asimismo sucede en ocasiones en El Salvador.

La reforma del Código Penal hondureño en 2004 que fue llamada “ley antimaras”, hizo de la pertenencia a una pandilla un delito. Por lo tanto, si tener un tatuaje es ser pandillero, pues llevarlo indica la comisión de un delito. No es extraño que los activistas de Derechos Humanos criticaran duramente aquel cambio judicial como contrario al principio de la presunción de inocencia.

Honduras también impuso penas más severas a los jefes mareros y enormes multas. Reportes de prensa hablan de más de 2 mil y tantos arrestos desde la entrada en vigencia de aquella reforma, la cual fue promovida por un Congreso presidido por el ex candidato presidencial nacionalista Porfirio Lobo. La mano dura es popular.

Se habla de hasta cien mil jóvenes en las maras hondureñas. Otros estiman que 30 mil. Resulta entonces que se ha apresado a una pequeña parte de los delincuentes.

¿El endurecimiento de los castigos ha llevado a una disminución del crimen en el vecino país? ¿Ha disminuido el narcotráfico, comúnmente asociado a las maras? No. Al contrario, ha subido el índice de homicidios por día y anual, se desarrollan nuevos tipos de delitos (como los asaltos por malhechores motociclistas) y la costa Caribe de Honduras es un paraíso del tránsito de la droga, como lo es la de Nicaragua.

Conocimos en días recientes que así como cobran a los transportistas “impuestos de guerra”, los pandilleros lo cobran a policías de filas que viven en barrios pobres de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Para dejar vivir en paz a sus familias. Una cruel paradoja.

En El Salvador, la Policía Nacional Civil reportó el año pasado que tras la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, retrocedieron los actos delictivos en algunos barrios de San Salvador y otras ciudades.

Las redadas han llevado a la cárcel a los jefes principales de las maras Salvatrucha y 18, aunque la cada vez mayor concentración de pandilleros en unos ya sobrepoblados penales, se ha constituido en una infernal olla de presión que de vez en cuando libera energía en forma de motines sangrientos.

El número de homicidios promedia unos diez por día en 2006 y es mayor al ritmo de 2005.

En el último integrante del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, la situación no es nada mejor. Este país se ha convertido, a escala nacional, en una especie de Ciudad Juárez: aumentan los asesinatos de mujeres, muchas veces con el uso de la saña y la tortura. El narcotráfico ha penetrado profundamente al Estado y en particular, a la Policía.

En Nicaragua, las pandillas están muy lejos del nivel que ya alcanzaron más al norte. Por un lado, como señala el analista Roberto Cajina, no tienen estructuras regionales como la MS o la M18, y por otro, no hay —aún— vínculos con la mafia.

La celebración de estos encuentros de expertos deja claro una comprensión de que el fenómeno es multinacional y así debe enfrentársele. Y, que además, no bastan únicamente los garrotes.