Tienen razón las personas y organizaciones que protestan porque los diputados están debilitando las penas para castigar los delitos de violaciones, abusos y explotación sexual.

Según estas denuncias y protestas que deberían ser apoyadas por toda la ciudadanía, los diputados están dejando esos delitos —en el nuevo Código Penal— con penas mínimas de 1 a 3 años de cárcel para el abuso sexual, de 2 a 4 años por explotación sexual y de 6 meses a dos años para el acoso sexual.

En realidad, los delitos tienen que ser castigados de acuerdo con su mayor o menor grado de gravedad. Es decir, los autores de los hechos criminales que son peores de acuerdo con las debidas consideraciones de orden material, cultural, legal y moral, deben ser castigados también con la mayor pena que sea posible. Al respecto no cabe ninguna duda de que los delitos sexuales —todos ellos, pero sobre todo los abusos que se cometen contra personas absolutamente indefensas, como son los niños de ambos sexos—, están entre los más abominables y por lo tanto son de los que más duramente se deben castigar.

Los delitos de abusos sexuales inclusive deben ser equiparados con el asesinato, porque aún cuando los violadores no maten el cuerpo de sus víctimas, sin embargo les asesinan el alma, les arruinan la existencia para siempre al producirles profundas heridas psicológicas, espirituales y sentimentales que alteran y marcan sus personalidades para el resto de sus vidas.

Esto es algo que los diputados deben comprender muy bien, pues se supone que son los mejores hombres y mujeres de sus partidos políticos correspondientes. ¿A qué se debe, entonces, la benignidad de los legisladores en relación con el delito en general y en particular respecto a los delitos sexuales, que son tan graves, vergonzosos y abominables? ¿Será porque los caudillos de los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional han estado involucrados en procesos judiciales, uno de ellos por corrupción en el ejercicio del poder que le valió una condena a veinte años de prisión y juicios pendientes o en curso en Panamá y Estados Unidos; y el otro por una grave acusación de violación sexual que fue interpuesta por su propia hijastra, y de la que sólo se pudo librar gracias a que una juez perteneciente a su mismo partido decidió que el delito por el que se le acusó ya había prescrito? Por la razón que sea, la lenidad de los diputados ante la delincuencia sexual es absolutamente injustificable.

Por otro lado, no se puede dejar de constatar —y lamentar—, la amplia permisividad social y estatal de la transgresión y el delito que hay en la actualidad, que no es un problema sólo de Nicaragua sino que prácticamente afecta a todo el mundo. Se trata de que la poderosa explosión e irradiación de derechos humanos ocurrida en los últimos sesenta años, no sólo ha tenido efectos positivos sino que también ha producido, como efecto colateral, una situación en la que los transgresores y delincuentes tienen a veces más derechos que sus víctimas.

Dicen las nuevas y modernas doctrinas de justicia penal que se debe poner más énfasis en la reeducación del delincuente que en su castigo. Sin duda que esto es correcto, en términos generales, pero así como hay que invertir más recursos en la prevención del delito y la reeducación del delincuente, también hay que castigar más severamente a los autores de delitos porque la pena tiene también un esencial sentido pedagógico. En cambio lo que se ha hecho es debilitar la acción punitiva de la justicia. Por eso no es raro ver a tanto delincuente en libertad e impunidad por decisión de las autoridades correspondientes, o sentenciado a penas leves incluso en casos de delitos muy graves, o indultados a pesar de haber cometido asesinato atroz, parricidio o violaciones sexuales.

Lo hemos dicho antes y hay que seguir diciéndolo: hablando en términos generales, de los actuales diputados es nada o muy poco lo bueno que se puede esperar. Los ciudadanos tienen que darle la mayoría parlamentaria a otros partidos que no sean los pactistas, y elegir como diputados a personas que cumplan responsablemente su deber ante la sociedad.