En los últimos días se ha comentado con insistencia que el presidente Enrique Bolaños —acosado por sus enemigos sandinistas y liberales que están atrincherados en la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría y el Ministerio Público— podría en cualquier momento decretar el Estado de Emergencia, para tratar de resolver drásticamente la profunda crisis institucional en la que se encuentra atrapado el Gobierno de la República.

Pero el presidente Bolaños no resolvería absolutamente nada si —otra vez— hiciera uso de su facultad constitucional de decretar el Estado de Emergencia. Ya lo decretó el 30 de mayo pasado, con motivo de la crisis energética y lo único que pudo hacer fue ordenar una alza en la tarifa del servicio eléctrico del 11.83 por ciento, para evitar los apagones. Sin embargo a los dos días él mismo tuvo que derogarlo, con el fin de no exponerse a que la Asamblea Nacional rechazara el decreto al día siguiente. Y con toda razón aquella acción del acosado —por sus implacables enemigos libero-sandinistas— Presidente fue percibida como una derrota política para él mismo. Además, el ajuste de la tarifa eléctrica decretado por el presidente Bolaños fue anulado por la Corte Suprema de Justicia y de todas maneras los nicaragüenses tuvimos que sufrir los apagones, hasta que los pactistas permitieron el ajuste tarifario de acuerdo con sus propios cálculos que son más políticos que económicos.

Según el artículo 185 de la Constitución, el Presidente de la República puede poner en vigor el Estado de Emergencia y suspender los derechos y garantías constitucionales —aunque no todos— en parte o la totalidad del territorio nacional. Sin embargo, de conformidad con el artículo 150.9 de la misma Constitución, el Presidente está obligado a “enviar el decreto correspondiente a la Asamblea Nacional en un plazo no mayor de setenta y dos horas para su aprobación, modificación o rechazo”. Y sin duda que la mayoría libero-sandinista de la Asamblea Nacional rechazaría en forma unánime el decreto presidencial de Estado de Emergencia.

De manera que lo único que ganaría el presidente Bolaños sería otra derrota política; y en ese caso por su misma dignidad personal y el decoro de su gobierno tendría que renunciar al cargo inmediatamente.

Algunas personas creen que con el Estado de Emergencia el presidente Bolaños podría disolver las instituciones que se han confabulado contra él; es decir, a la Corte Suprema de Justicia, el CSE, la Contraloría y la Fiscalía. Pero no es cierto. Disolver esas instituciones sería un golpe de Estado (o un autogolpe) para lo cual no está ni podría estar facultado por la Constitución.

Además, suponiendo que el presidente Bolaños tuviera el respaldo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua para disolver esos órganos del Estado cuyas funciones institucionales han sido pervertidas por el pacto libero-sandinista, esa no sería una solución a la crisis de gobernabilidad que está sufriendo el país. Más bien eso empeoraría la situación, pues si es malo e inaceptable el golpe de Estado “legal” que gradualmente le están dando los pactistas libero-sandinistas al presidente Bolaños —y por eso es que él tiene el respaldo de la comunidad democrática internacional—, igualmente malo e inaceptable sería que el Presidente de la República asestara un golpe de Estado, o que se diera un autogolpe. Lo cual, además, no lo aceptaría la comunidad democrática internacional.

Pero tampoco es factible un “diálogo patriótico” como sugieren algunas personas bien intencionadas, porque eso no cuadra con los enemigos de Bolaños. Estos son implacables y lo que quieren es estrujar al Presidente de la República, humillarlo, someterlo a sus condiciones y caprichos políticos y personales, sin importarles para nada el daño que causan al país con esa irresponsable “política”.

En realidad, lo único que puede hacer el presidente Bolaños es aguantar los 14 meses que le quedan de gobierno, sin hacer caso a las resoluciones de sus enemigos de la Asamblea, la Corte y demás órganos del Estado dominados por los pactistas.

Y con respecto a la Policía y el Ejército, lo que tiene que buscar el presidente Bolaños es que estas instituciones armadas mantengan su neutralidad en lo que se refiere al conflicto político, pero también su acatamiento a la autoridad civil presidencial tal como manda la Constitución. Con eso sería suficiente.

Estado de Emergencia