¿Y de la “ley Arce” qué?
La organización internacional independiente denominada Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer esta semana un ranking de los países en los que más, y menos, se respeta la libertad de expresión y de prensa. Y lo triste de esta información que ofreció LA PRENSA en su edición de ayer, viernes 21 de octubre, es que “Nicaragua ha deteriorado dramáticamente su condición en la libertad de expresión en tan sólo los dos últimos años”, ya que “de 167 países, Nicaragua ocupa actualmente la posición 68, un franco retroceso si se considera que en el (año) 2003, el país estuvo ubicado en el puesto 34”.
En la información señalada se recuerda que ya el año pasado Nicaragua había descendido en ese ranking al puesto número 52, y en el último año cayó 16 puestos más en la clasificación mundial”. Y agrega que: “Los asesinatos de periodistas a manos de fanáticos sandinistas o liberales, así como medidas restrictivas empujadas desde el Poder Legislativo podrían ser los principales indicativos que expliquen este deterioro en la clasificación de la libertad de expresión nicaragüense”.
Sin duda que así es . Pero a las razones señaladas anteriormente como causantes de ese bajón de Nicaragua en el registro de países que respetan la libertad de expresión, se debe agregar el hecho de que la Asamblea Nacional se ha resistido a aprobar un proyecto de ley de acceso a la información pública que permanece desde hace tiempo en lo que los diputados llaman “tubería” legislativa. Por tanto, a pesar de que según la Constitución todos los funcionarios públicos están obligados a darle cuenta al pueblo sobre el desempeño de sus funciones, el suministro de la información gubernamental sigue dependiendo de la voluntad y discrecionalidad de los altos y medianos funcionarios públicos, algunos de los cuales inclusive ponen en listas negras a los periodistas cuando informan de manera que a ellos no le gusta.
Por otra parte, a las razones o motivos por los cuales Nicaragua ha bajado bastante en el índice RSF sobre libertad de prensa, hay que sumar también el hecho de que aquí se sigue amenazando e inclusive matando a periodistas, como al corresponsal de LA PRENSA en Estelí, Adolfo Olivas, que fue asesinado el 14 de agosto del año en curso. Como se sabe, el caso de Olivas no tiene la connotación política que tuvo el asesinato del periodista Carlos José Guadamuz —ejecutado por un matón sandinista—, y el de la corresponsal de LA PRENSA y Diario Hoy en Santo Tomás de Chontales, María José Bravo —asesinada por un matón liberal—, pero hay razones para sospechar que la muerte violenta de Olivas podría estar vinculado a las investigaciones del narcotráfico que él estaba realizando cuando lo mataron.
Además, Nicaragua no podrá mejorar su posición en el ranking mundial de respeto a la libertad de expresión, mientras se siga aplicando la llamada “ley Arce” que ha desvirtuado la disposición constitucional (artículo 68) que fue incluida en 1995 para proteger el ejercicio de la libertad de expresión mediante determinadas exoneraciones fiscales. La “ley Arce” es una reforma constitucional tanto o mucho más espuria y antidemocrática que las otras reformas pactistas, pero no fue incluida en el acuerdo político del presidente Enrique Bolaños con el líder sandinista Daniel Ortega, ni en la Ley Marco que aprobó la Asamblea Nacional esta semana.
La “ley Arce” contra la libertad de prensa fue promovida y aprobada por diputados sandinistas y liberales que son enemigos del derecho a la libertad de expresión, con el propósito de someter y liquidar medios de comunicación a través de la extorsión impositiva. Y no sólo a los medios de comunicación independientes más grandes, que según declararon los diputados pactistas era a los únicos que querían perjudicar, sino hasta los más pequeños, como es el caso de una radioemisora de Bluefields a la que le están aplicando un oneroso impuesto por la introducción de equipos técnicos cuyo valor no llega ni siquiera a los tres mil dólares.
El Presidente de la República que reiteradamente dice defender la libertad de prensa; y los representantes de la sociedad civil que se han solidarizado con los medios de comunicación social agredidos por la “ley Arce”, deben presentar en el diálogo nacional la propuesta de que se suprima la “ley Arce”, que es una vergüenza nacional. Los demócratas deben defender la libertad de prensa con la convicción de que es condición indispensable para que puedan funcionar todas las demás libertades.
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