MIéRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2005 / EDICION No. 23967 / ACTUALIZADA 01:30 am





EL HUMOR DE





Adelantan juicio a guardia tico

. Juez accedió a petición para adelantarlo el 24 de noviembre

Tatiana Rothschuh Andino
CORRESPONSAL/ RIO SAN JUAN

Diego Isaías Ortiz Ortiz, el guardia costarricense que en Nicaragua es procesado como cualquier ciudadano extranjero por el delito de secuestro en perjuicio de Victorino Castillo Rojas, enfrentará juicio oral y público por ese delito el 24 de noviembre próximo.

Ante una batería de periodistas costarricenses que no encuentran impedimento o represalia alguna para penetrar a territorio nicaragüense, aún sin pasaporte y visa para realizar su trabajo periodístico, se celebró en San Carlos, cabecera departamental del departamento Río San Juan, la continuación de la audiencia preliminar contra el costarricense Ortiz Ortiz.

La juez de audiencia, doctora Sandra Deleo, resolvió mandar la causa ante el juez de juicio, tras encontrar indicios racionales del delito de secuestro que se le imputa a Ortiz Ortiz y tras haber recibido la ampliación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, a cuya instancia le dio cinco días para ese efecto.

Ayer sorprendió a los asistentes, el cambio del defensor público Edson Carvajal por la contratación de un defensor privado, de nombre Víctor Salas, quien insistió ante la juez de que al acusado lo eximen las leyes por haber obrado en cumplimiento de la ley, dado que es un miembro de la fuerza pública, y citó el artículo 28 inciso nueve del Código Procesal Penal.

En la ampliación de pruebas, María Emilia Alvarado, representante del Ministerio Público, presentó las testimoniales de Juan Francisco Jiménez Medina, Allan Vargas, German Antonio Canales y Trinidad Rojas, quienes según la fiscal, demostrarán que Victoriano Castillo Rojas fue víctima de secuestro y que el autor fue el costarricense Ortiz Ortiz.

La judicial dijo que al existir suficientes indicios de que el acusado Ortiz Ortiz es responsable del delito de secuestro, afirmó que corresponderá al juez de juicio determinar la calificación legal, en tanto será tratado por las leyes nicaragüenses, respetando sus derechos humanos y garantía ciudadanas.
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