El acuerdo del presidente Enrique Bolaños con el líder sandinista Daniel Ortega llegó cuando ya la ciudadanía se estaba resignando a pasar las fiestas de Navidad, fin de año y Año Nuevo en medio del conflicto producido por las reformas constitucionales ilegítimas que fueron aprobadas a principios de año por la Asamblea Nacional.

Como es bien sabido, con esas reformas se pretende cambiar el sistema de Gobierno de Nicaragua, algo que debería ser determinado por una asamblea constituyente o sometido a consulta popular por medio de un referendo. Por eso es que las susodichas reformas son rechazadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos nicaragüenses y por la comunidad internacional. Y seguramente bajo esa presión fue que Daniel Ortega se vio obligado a buscar un arreglo con el presidente Bolaños, pues toda la alharaca que estaba provocando le rebotaba como un boomerang. Además, el líder sandinista parece haber comprendido que había llegado demasiado lejos en sus diatribas contra EE.UU. y que no podía tomar el riesgo de seguir provocando a la gran potencia regional y mundial. Por eso Ortega tomó la audaz decisión de entenderse con el presidente Bolaños en el marco de la carta del Secretario General de la OEA, y si ese brusco cambio de actitud significaba dejar en la estacada al grupo arnoldista, eso lo tiene sin cuidado pues ya le ha extraído al PLC las concesiones y posiciones que necesitaba para “prepearse” con vistas a los comicios del 2006.

Y por eso también fue que Ortega retiró el bloqueo que mantenía al DR-Cafta, haciéndose además el desentendido en cuanto a las suspensiones de inmunidad a algunos de los ministros más allegados al Presidente, que en todo caso su maquinaria judicial había captado la seña y las dejaría engavetadas.

Una vez establecido el acuerdo para congelar las reformas constitucionales el problema a resolver es el “modus operandi”. Al parecer la posición del presidente Bolaños acerca de la Ley Marco para postergar la vigencia de las reformas constitucionales hasta después que asuma el próximo gobierno, se basa en que la Corte Centroamericana de Justicia —que ha sido su tabla de salvación ante el embate de los pactistas— no calificó de ilegales las reformas, aunque lo fueran, sino que únicamente las considera inaplicables. Por lo tanto, el presidente Bolaños considera que postergar su implementación no contraría el rechazo a las reformas que ha mantenido.

Por supuesto que usar ahora el mismo procedimiento con que se resolvió la crisis de constitucionalidad de 1995, no cambia el fondo del problema. Sin embargo, según personas allegadas al Presidente lo que éste ha hecho es mostrar flexibilidad en obsequio a la estabilidad del país. Además, el Presidente cree que las elecciones del 2006 darán la última palabra, pues si el sector democrático las gana podría anular las espurias reformas; o sea que las elecciones serán como un referendo sobre la materia.

De acuerdo con el proyecto de Ley Marco que se presenta hoy, las reformas constitucionales serán inaplicables en el resto del período de Bolaños y hasta 10 días después de que asuma el próximo Presidente de la República. De esta manera, el siguiente titular del Poder Ejecutivo y los nuevos diputados a la Asamblea Nacional, dispondrían de 10 días para resolver en definitiva qué hacer con las reformas causantes de la inestabilidad.

Pero la salida de la crisis por medio de la Ley Marco le ha valido al presidente Bolaños dos críticas fundamentales: la primera, que desconoció la sentencia de la CCJ, y la segunda que lo único que hizo fue asegurarse su ultimo año de gobierno, pero deja amarrado al nuevo Presidente que resulte electo en noviembre del 2006. También se dice que la Ley Marco es inconstitucional porque siendo una ley ordinaria va en contra de la propia Constitución.

Es obvio que la Ley Marco se opone a la Constitución, aunque también ésta señala en su artículo 129 que los poderes del Estado deben coordinarse armoniosamente. Y en todo caso, lo principal es recuperar la gobernabilidad del país, comenzar a aprovechar en condiciones de estabilidad la gran ventana de oportunidades que se abre con el DR-Cafta y esforzarse por barrer en las próximas elecciones a los pactistas libero-sandinistas, para mandar al traste de la basura las reformas constitucionales espurias que por ahora quedarían en suspenso.

Controversial Ley Marco