Juez implicado fue DGSE
Jorge Loáisiga Mayorga,
Mirna Velásquez Sevilla y
Mercedes Sequeira
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MANAGUA Y CHONTALES.- Sergio Meléndez Aguilar, además de llevarse 609 mil dólares de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tener antecedentes judiciales, es buscado por una deuda de más de 24 mil dólares con el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), dinero con el que se “esfumó”.
Meléndez está involucrado directamente, junto al magistrado Rogers Camilo Argüello y los jueces Julio Morales, Julissa Carolina Bonilla Martínez y Moisés Rodríguez, en el mayor escándalo de corrupción de la CSJ al sacar, con una sentencia falsa, el dinero que las autoridades decomisaron al supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
También liberaron a la compañera de González, Leyla Bucardo, condenada por el mismo delito.
Meléndez, quien retiró el dinero del Banco de la Producción, ha sido procesado en varias ocasiones por estafa, falsificación de documentos públicos, terrorismo y homicidio frustrado, entre otros delitos, según verificó LA PRENSA en la Oficina de Recepción y Distribución de causas de los Juzgados de Managua y en los Juzgados Locales y de Distrito. También tiene antecedente policiales desde 1996.
Con el dinero que prestó al Bancentro, Meléndez habría adquirido en el 2004 una camioneta Mitsubishi del año, color blanco, en la que supuestamente se moviliza todavía.
El vehículo quedó prendado con la institución bancaria, mientras el deudor cumplía con la obligación que había asumido. Sin embargo, el tiempo pasó y Meléndez no cumplió con los pagos al banco.
Los representantes de la institución bancaria lo buscaron con insistencia en la dirección que había proporcionado, en Villa Reconciliación, cerca del Mercado de Mayoreo de Managua, donde vivía con su primera esposa, pero en ese lugar les dijeron que éste se había separado de la joven —con la que había procreado un niño—, que había desaparecido y que no sabían de su paradero desde hacía meses.
Fue entonces cuando los representantes del banco decidieron interponer una acción judicial por la vía civil contra Meléndez para recuperar el vehículo y obligarlo a pagar.
Este otro escándalo de Meléndez está radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de lo Civil de Managua, como un Juicio Ejecutivo Prendario en el que la acción la interpuso el Bancentro contra Meléndez, según pudo constatar LA PRENSA.
La titular de ese juzgado, Vida Benavente, mandó a publicar el 16 de julio del año pasado un edicto en el que Susana Alicia Sotelo de Cisneros, apoderada general judicial del Bancentro, pide que se le nombre un guardador Ad Litem (representante) a Meléndez Aguilar “para que éste lo represente en Juicio Ejecutivo Prendario radicado en este juzgado”.
Pese a que el mandamiento judicial fue despachado en julio de 2004, el edicto salió publicado en los diarios nacionales los días 5, 6 y 7 de agosto.
En el edicto, Benavente citó a Meléndez para que se personara en el despacho judicial en el término de 20 días contados a partir de la última publicación del ordeno judicial, que apareció en los medios de comunicación.
Sin embargo, Meléndez no se presentó al juzgado de Benavente en el plazo establecido. La judicial tiene pendiente realizar el nombramiento del guardador Ad Litem, que representará a Meléndez en el juicio.
Desde la semana pasada, LA PRENSA ha intentado hablar con Meléndez para que aclare a la opinión pública a quién entregó los 609 mil dólares que sacó de la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, en el Banco de la Producción (Banpro); cómo conoció a González Largo y a Leyla Bucardo y en qué circunstancias éstos le otorgaron los poderes generalísimos que notarió la juez suplente de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla Martínez, el pasado nueve de agosto, cinco días después que, con una sentencia falsa, sacaron de la cárcel a Bucardo.
González Largo y Leyla Bucardo fueron detenidos en abril del 2004 y se les incautó 609 mil dólares que presuntamente eran para la compra de armas.
González, según la Policía, es un eslabón principal en una de las más grandes redes del narcotráfico que opera en Centroamérica, Panamá y Colombia, junto a Juan Carlos Ospina, un traficante de drogas que salió de las cárceles de Nicaragua en una turbia “operación” judicial.
JUEZ Y MELÉNDEZ SE CONOCÍAN
El juez suplente, Julio Morales, quien ordenó la devolución de los 609 mil dólares y la libertad de los procesados Leyla Bucardo y Luis Ángel González Largo, perteneció a la desaparecida Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), aseguraron distintas fuentes.
Conforme a la información, Morales fue parte de ese órgano represivo hasta 1989 cuando fue apresado por traición durante seis meses, en lo que antes se conoció como la cárcel El Chipote, situada en Managua.
Morales operó como agente de la Seguridad en la denominada Segunda Región (occidente del país), pero intentó salir ilegalmente de Nicaragua por la frontera de Somotillo, lo que motivó su encarcelamiento.
El juez, sin embargo, negó esta información y declaró que nunca perteneció a la DGSE.
“No, no, no me metás ahí, de ninguna manera... nada de eso”, dijo a través del hilo telefónico.
Las mismas fuentes precisaron que Morales tenía una estrecha relación con Sergio Ramón Meléndez Aguilar desde aquella época, relación que supuestamente se mantiene hasta hoy.
“No conozco a nadie. A ninguno. Es mentira eso”, afirmó el juez Morales Aguilar, actualmente suspendido de su cargo porque al parecer se extralimitó en sus funciones ordenando la salida del dinero.
El juez Morales informó que el pasado miércoles presentó un informe a la comisión investigadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), formada por cuatro magistrados que lideran las averiguaciones.
En su informe, Morales adjuntó el cuadernillo que detalla toda su actuación en respuesta a un recurso de exhibición personal tramitado por el juez Moisés Rodríguez Zelaya, quien concluyó que los procesados habían sido detenidos ilegalmente.
MAGISTRADO ARGUELLO SIGUE DESAPARECIDO
El magistrado de la Sala Constitucional , Rogers Camilo Argüello, también involucrado en el escándalo judicial, continúa desaparecido, pues no se le pudo localizar ni en su finca “El Peñón”, que está situada a 25 kilómetros de Juigalpa, carretera al municipio de La Libertad.
En una visita que LA PRENSA realizó ayer al sitio, logró constatar que el magistrado no se encontraba en ese lugar. Estaban varios trabajadores que habían sido contratados temporalmente y la esposa del mandador de la finca.
La campesina María Lidia Rocha Dávila, de 25 años, esposa del mandador, Alejandro Suárez Murillo, dijo desconocer el paradero de su patrón.
Según ella, su patrón Argüello tiene cerca de un mes de no visitar su propiedad, que consta de unas 200 manzanas.
“No sé en verdad, fíjese que (Argüello) tiene como un mes que no viene... El que viene es su hijo Fidel, él es quien se encarga de la finca. Él (Argüello) no está escondido aquí”, explicó Rocha Dávila, quién afirmó que su marido, Alejandro Suárez, tiene unos 12 años de laborarle al magistrado.
La esposa de Rogers Camilo Argüello, Brenda Drapper, vive en Jinotepe, afirmó Rocha.
Argüello no se ha aparecido en su despacho desde el 30 de septiembre y LA PRENSA confirmó —con una fuente de la Corte— que salió hacia La Habana, Cuba, el jueves 6 de octubre para participar en un congreso.
MAGISTRADO TIENE ANTECEDENTES
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rogers Camilo Argüello, también ha estado envuelto en problemas judiciales.
Francis Draper, hermana de la esposa de Argüello, se negó a brindar declaraciones sobre el problema de propiedad que tuvo su mamá, Pilar Monterrey, con el magistrado, por temor a que éste le haga algo, porque una vez fue agredida físicamente por él. “Somos mujeres solas y tenemos temor”, recalcó.
Sin embargo, afirmó que el caso pasó a casación a la CSJ y todavía no le han notificado a su mamá.
Al respecto, Gilberto Cerna Moncada, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción central, recordó que ellos en ese caso fallaron a favor de la señora Pilar Monterrey y que después el caso pasó a casación en la CSJ.
INTENTAN LEGITIMAR
En un intento por “legalizar” la trama para liberar el dinero, el abogado defensor del procesado Luis Ángel González Largo, Israel Zelaya, dijo que pidió a la comisión investigadora de la CSJ que hagan comparecer al reo para que reconozca la firma estampada en el protocolo de la juez Julissa Carolina Bonilla. Según las investigaciones, la juez falsificó un poder generalísimo.
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