El candidato presidencial Eduardo Montealegre, reaccionó de manera crítica al acuerdo del presidente Enrique Bolaños con el líder sandinista Daniel Ortega para “congelar” las reformas constitucionales que fueron aprobadas en enero de este año, y que se apliquen hasta después de las elecciones de noviembre del 2006. Al respecto dijo Montealegre que lo que se debe hacer con las reformas constitucionales no es congelarlas hasta enero del 2007, sino rechazarlas categóricamente pues pretenden cambiar el sistema de gobierno del país, de presidencialista a parlamentarista y además no fueron consultadas a los ciudadanos.

Es correcto el razonamiento del candidato presidencial Eduardo Montealegre, pero se queda corto. En realidad, lo que se debería hacer no es sólo rechazar esas reformas constitucionales, las que de hecho han sido rechazadas —desde que fueron aprobadas por los diputados pactistas— tanto por el Presidente de la República como por la Corte Centroamericana de Justicia, a nivel institucional, y en el plano político por los partidos democráticos y gran parte de la sociedad nicaragüense que con tal fin se ha manifestado en forma multitudinaria en las calles de Managua, Granada y Chinandega. Aparte de rechazar las reformas constitucionales también se debería destituir a los diputados pactistas, a los magistrados —de la CSJ y el CSE—, a los contralores y los fiscales que están al servicio del pacto de los caudillos Ortega y Alemán. Y además se debería comenzar a trabajar en la refundación de la República de Nicaragua y en la recuperación del rumbo correcto de la democracia nicaragüense, para lo cual hay que comenzar por ganar las próximas elecciones nacionales y poner al frente de las instituciones estatales a personas políticas y profesionales íntegras y capaces.

Todo eso es lo que hay que hacer y no sólo rechazar las reformas constitucionales. Pero, por ahora ¿qué es lo que se podría hacer?

Por otra parte pero en el mismo contexto, el Movimiento por Nicaragua, uno de los organizadores del rechazo a las reformas pactistas, expresó en un comunicado que las reformas constitucionales son ilegales e ilegítimas “mientras no se consulte a la población sobre su aprobación o rechazo a través de un Referendo”; pidió que el acuerdo entre Bolaños y Ortega se entienda sólo “como un paréntesis en la crisis institucional; jamás como una solución válida y permanente”; y agregó que en todo caso “este 'Acuerdo Marco' debe limitarse a la aprobación de la suspensión temporal de las Reformas Constitucionales y las leyes derivadas de éstas”.

Esta posición del Movimiento por Nicaragua es razonable y debería ser respaldada por la ciudadanía democrática. En la misma Constitución Política de la República está previsto el mecanismo de consulta popular —plebiscito y referendo— que hubiera evitado la crisis y que aún podría resolverla si en las elecciones nacionales del 5 de noviembre del próximo año se le consultara a los votantes su voluntad sobre las reformas constitucionales.

Pero en lo inmediato algo se tiene que hacer para que no se apliquen esas maléficas reformas, hasta que sean los mismos ciudadanos los que decidan en comicios auténticamente libres y limpios, sin exclusión de nadie y supervigilados internacionalmente, si dichas reformas entran en vigencia a partir del 10 de enero del 2007 o deben ser derogadas.

Ese es el qué del asunto. El cómo, es decir, la manera jurídica de garantizar que se cumpla el acuerdo de congelación de las reformas constitucionales, es también muy importante pero secundario. Podría ser mediante una ley marco como se hizo con las reformas constitucionales de 1995 —que aunque fueron muy diferentes en su naturaleza y fines a las de ahora, sin embargo, causaron una crisis de poderes igual que a la que sufre el país actualmente—, o con una nueva reforma constitucional que suprima de la Constitución todas las enmiendas que se le hicieron ilegal e ilegítimamente en enero de este año.

Esto último es lo que plantea el PLC y aparentemente es una propuesta tan válida como la otra. Pero, ¿no será que los arnoldistas lo que pretenden más bien es que se convoque a una asamblea constituyente y se recorte el período para el que fue electo el presidente Bolaños. De los arnoldistas como de los orteguistas cualquier cosa se puede esperar.

Acerca del qué y del cómo