Aapenas al día siguiente después que Daniel Ortega confirmó públicamente el anuncio del presidente Enrique Bolaños, de que ambos habían llegado a un acuerdo para que las reformas constitucionales aprobadas a principios de este año entren en vigencia hasta en el siguiente período de gobierno —2007-2012—, el mismo líder sandinista comenzó a enredar el asunto y dio a entender que una vez más no respetará su palabra empeñada.

En efecto, después de haber asegurado que había la suficiente cantidad de votos en la Asamblea Nacional, para aprobar una ley marco de las reformas constitucionales a fin de posponer su vigencia hasta enero del 2007, ahora Daniel Ortega sale con el cuento de que dicha ley no se podría aprobar si no es con los votos del PLC. Y además, pretende excluir del acuerdo con el presidente Bolaños la reforma constitucional mediante la cual Bayardo Arce y otros diputados sandinistas y liberales enemigos de la libertad de prensa, castigaron a los medios de comunicación con cargas impositivas que la misma Constitución exonera de manera expresa.

Por su parte los representantes del PLC se suman a la confusión que está tratando de crear Daniel Ortega, al hablar de que no es una ley marco de las reformas constitucionales la que hay que aprobar, sino una nueva reforma constitucional que deje sin efecto las que fueron aprobadas de manera irregular en enero del presente año.

Sin embargo, el acuerdo de posponer la vigencia de las reformas constitucionales hasta para después de las elecciones de noviembre del 2006, fue tomado ante el embajador Dante Caputo, representante personal del Secretario General de la OEA para la búsqueda de una solución política a la crisis institucional de Nicaragua; de manera que es un compromiso ante toda la comunidad internacional cuyo incumplimiento tendría que ser drásticamente sancionado. Y en todo caso, por lo menos se reforzaría la posición del presidente Bolaños de no reconocer las reformas constitucionales pactistas y ninguno de sus efectos jurídicos, administrativos y políticos.

Pero lo mejor y lo que más conviene a Nicaragua, es que se cumpla el compromiso que en principio y ante un testigo internacional de alta calificación fue acordado y anunciado el lunes 10 de octubre por la noche, después de la encerrona de siete horas que sostuvieron el Presidente de la República, el líder del Frente Sandinista y el representante de la OEA .

Y al parecer, la mejor vía para el cumplimiento de ese acuerdo que congelaría las tristemente famosas reformas constitucionales —incluyendo la que castiga a los medios de comunicación social, y en esto el presidente Bolaños no debe ceder ante los enemigos de la libertad de prensa— , y por lo tanto pondría fin a la dilatada crisis política e institucional que afecta al país, sería la de dictar otra ley marco para la implementación de las reformas constitucionales, igual a la que se dictó con el mismo propósito en 1995.

Algunas personas, incluyendo renombrados juristas independientes, aseguran que no obstante que las reformas constitucionales sean ilegítimas y perversas, no cabe aprobar una ley marco para su implementación porque atentaría contra el Estado de Derecho. Es cierto que no se necesita ninguna ley marco o de implementación de las reformas constitucionales para que estas tengan validez. Pero tampoco se necesitaba cuando la reforma constitucional de 1995, y sin embargo la ley marco fue dictada. Y la verdad es que sólo de esa manera se pudo resolver el conflicto de Poderes que se había creado debido a que la Presidencia de la República, igual que ahora, no reconocía las reformas constitucionales.

En cuanto a que la ley marco atentaría contra el Estado de Derecho, hay que señalar que este no es una simple frase o una abstracción jurídica . El Estado de Derecho existe donde las instituciones y la ley están encima de todos los gobernantes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Contraloría. El Estado de Derecho supone la independencia de los magistrados y jueces, pero no sólo ante el Poder Ejecutivo sino también respecto a los partidos políticos y los caudillos. Hay Estado de Derecho donde el Parlamento se dedica a cumplir sus funciones y no a conspirar para derribar al Presidente de la República, ni siquiera por medios “legales” o sea retorciendo la ley y valiéndose de jueces venales.

Y es obvio que ese Estado de Derecho no existe en Nicaragua. Apenas hay que comenzar a construirlo.

Trampas contra el acuerdo