Desde Washington
De la meritocracia al “trabajo decente”
Marcela Sánchez
Cuando mi padre era jefe de programación de música clásica en la Radiodifusora Nacional de Colombia, le presentaron a una nueva trabajadora que, según le habían dicho, iba a dejar una honda huella en dicha división. Él le pidió a la prometedora empleada, que desarrollara un programa sobre un compositor de su predilección. Sin pensarlo dos veces, ella le aseguró que se pondría a trabajar inmediatamente en la obra musical de Dostoievski.
Aunque no duró mucho en la división musical, fue ransferida rápidamente a otro departamento donde permaneció por años. Después de todo, había sido contratada en una época en que obtener un trabajo en el sector público era equivalente a recibir un título de nobleza —una vez de uno, siempre con uno.
Colombia ha cambiado un poco desde entonces. Incluso, el actual Gobierno intenta poner en práctica lo que ha dado en llamar “meritocracia”. Pero todavía la mayor parte de América Latina mantiene estrictas reglas laborales que dificultan el despido de un trabajador. Al mismo tiempo, la contratación también se ha hecho más compleja. El resultado es que empleadores en la región tienen dificultades en adaptarse a economías cada vez más versátiles y demandas empresariales.
Según el reciente informe “Doing business in 2006” del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, hoy en día los empleadores en América Latina deben someterse a medidas proteccionistas. En Nicaragua, el hecho de que otra persona esté haciendo el mismo trabajo no es justificación suficiente para despedir a alguien. Incluso en países donde la duplicación de funciones es razón para prescindir de una persona, los empleadores deben notificar y buscar la aprobación de terceras partes, tales como sindicatos o ministerios del Trabajo, antes de despedir a un empleado.
El costo de despedir a un empleado puede ser también desorbitado. En Brasil, la combinación de requisitos de notificación previa, indemnización y multas es equivalente a pagar tres años del salario del empleado despedido. En Ecuador, es el equivalente a dos años y medio.
La contratación también se ha hecho costosa. Tan pronto alguien es contratado, el empleador debe pagar impuestos de nómina y hacer pagos al Seguro Social para cubrir desde un fondo de retiro hasta seguros de salud y desempleo. Hoy en día dichos pagos son entre dos y tres veces más altos en Argentina, Brasil y Colombia, que en Estados Unidos o Noruega.
La situación ideal requeriría un equilibrio entre medidas que protejan a los trabajadores e incentivos que faciliten la creación de más empleos. Desafortunadamente, de acuerdo con el Banco Mundial, América Latina sufre del desequilibrio más marcado al mantener estrictas regulaciones laborales para proteger a aquellos ya contratados y hacer más costosa la contratación de nuevos trabajadores. La consecuencia es que se generan menos trabajos formales.
Hoy se estima que 23 millones de personas en América Latina están desempleadas y 103 millones trabajan en el sector informal, que incluye desde trabajadores ambulantes hasta jornaleros. En algunos países de América Latina este sector informal representa hasta el 60 por ciento de la fuerza laboral. Esta crisis explica por qué en encuestas de opinión los latinoamericanos prefieren trabajo por encima de cualquier otra cosa, incluida la seguridad personal, y estarían incluso dispuestos a considerar un sistema distinto al democrático si se les da empleo.
En cinco semanas, los 34 líderes del hemisferio democráticamente elegidos se encontrarán en Argentina, en la cuarta Cumbre de las Américas, donde han acordado hacer el tema de la generación de empleo un asunto central. No ha sido fácil, sin embargo, alcanzar un consenso.
Argentina, por ejemplo, no quiere que sus trabajadores queden menos protegidos. Washington, por su parte, prefiere una mayor flexibilidad laboral especialmente para empresas pequeñas y medianas, con el propósito de que generen mayor actividad económica.
Dado que esta Cumbre se realizará en el momento más contencioso de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en años, nadie debiera hacerse ilusiones de que dichas diferencias se superarán. Más aún, algunos funcionarios estadounidenses y analistas están convencidos de que la discusión permanecerá a un nivel tan superficial que incluso una Cumbre destinada a discutir la generación de empleo evitará cualquier debate serio sobre reformas laborales.
Aunque esto parece probable, aquellos involucrados en las negociaciones previas a la Cumbre vislumbran cambios que vale la pena destacar. Washington, por ejemplo, apoya ahora un concepto que antes causaba indigestión entre funcionarios de la administración Bush —el concepto de “trabajo decente”.
Tal como lo promueve la Organización Internacional del Trabajo, la agencia de la ONU especializada en temas laborales, el “trabajo decente” combina la necesidad de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y proveer servicios sociales, con la necesidad de que los gobiernos adopten una política de generación de empleo que ayude a crear más y mejores empresas y promueva un diálogo social entre empresarios y trabajadores.
Al reconsiderar algo como el “trabajo decente”, Washington está reconociendo que no tiene todas las respuestas. Ese es un gesto bienvenido, particularmente teniendo en cuenta el creciente escepticismo latinoamericano hacia modelos estadounidenses, no simplemente porque fueron insuficientes sino porque, en la mente de muchos funcionarios latinoamericanos, fueron ineficaces.
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