Magistrado se esconde
Jorge Loáisiga Mayorga y
Mirna Velásquez Sevilla
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El Fiscal General de la República, Julio Centeno, anunció ayer el inicio de una investigación de oficio sobre el escándalo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que implica a magistrados, jueces y abogados litigantes en la sustracción de 600 mil dólares decomisados a supuestos narcotraficantes.
El magistrado Rogers Camilo Argüello Rivas, el más visible en el escándalo por la salida ilegal del dinero incautado a Luis Ángel González Largo, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, sigue escondido de los periodistas.
LA PRENSA, que develó el caso el miércoles, ha tratado de entrevistar a Arguello, pero él ha dicho que no quiere hablar con periodistas.
La notaria Astrid Berenice Bracamonte Hernández, quien emitió la certificación de la sentencia en proceso, dijo que vio la sentencia en el Libro de Votos de la Sala Constitucional “en el despacho del magistrado proyectista doctor Camilo Argüello Rivas”.
LA PRENSA intentó ayer hablar nuevamente con Bracamonte, pero ella se limitó a decir: “Yo no tengo nada que decirle a usted”.
La certificación que emitió Bracamonte fue uno de los documentos utilizados para que el juez Julio Morales ordenara la libertad de González Largo, de su esposa Leyla Bucardo y la “liberación” del dinero.
El magistrado Rafael Solís declaró que la CSJ fue víctima de un complot y defendió la actuación de su colega, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, quien firmó el cheque de 609 mil dólares para devolver el dinero al reo Luis Ángel González Largo, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero.
“Esta gente engaña, en todos los países, aún en los más avanzados. Ustedes quieren poner a la Corte como victimaria, y la realidad es que fue víctima de todo un complot, y esa es la realidad”, expresó Solís.
CENTENO DELEGA
El Fiscal General, Julio Centeno, delegó a la Fiscal General Adjunta, María Lourdes Bolaños, para que se encargue de la investigación.
“Ordénese la investigación de los hechos ocurridos y deléguese a la doctora María Lourdes Bolaños Ortega, Fiscal General Adjunta, el conocimiento de los mismos (hechos de la Corte) y todo lo referente a la dirección jurídica, así como la determinación del ejercicio o no de la acción penal correspondiente, una vez terminada la investigación respectiva y realizado el estudio y análisis correspondiente”, dice la resolución de Centeno.
En tanto, el magistrado presidente de la CSJ se mostró molesto y perdió la compostura ante los periodistas, porque se dijo que él había firmado el cheque de los 609 mil dólares. “¿Qué es lo que puede pasar con una firma? Está estampada y punto. ¿Cuál es el problema? Yo no la autoricé (la salida del dinero), la autorizó el juez”, dijo cuando fue consultado sobre el caso, ayer, luego de juramentar a los recién reelectos magistrados de Apelaciones.
ROSALES CALLA
“No tengo nada más que decir, después de lo que dije. Hay que esperar lo que sigue. Yo no puedo convertirme en lo que no soy; el representante de la Corte es el doctor Manuel Martínez”, indicó por su lado el magistrado presidente de la Sala Constitucional de la Corte, Francisco Rosales, quien había dicho que el caso “fue como que se metieran a robar a una casa”.
Anunció una investigación de parte de la Corte, pero dijo que el Consejo Nacional de Administración Judicial es el competente y “por eso yo no puedo decir nada”.
“Le corresponde al Consejo Nacional de Administración de la carrera, ver qué es lo que pasa con toda la gente que tiene que ver con todo esto. El que maneja y administra el Poder Judicial de conformidad con la Ley de Carrera Judicial es el Consejo Nacional de Administración”, declaró Rosales.
El abogado Israel Zelaya, uno de los tantos señalados de ser partícipe en el trámite para la salida de 609 mil dólares de las cuentas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contradijo al juez Julio Morales y negó que él se haya presentado personalmente al despacho del juez para entregar la sentencia certificada de la Sala Constitucional, que permitió la salida del dinero.
“Recibí una certificación de la sentencia. No recuerdo el nombre del notario (que la firma)... Fue el doctor (Moisés) Rodríguez el que vino, y los abogados defensores Israel Zelaya (era uno de ellos)”, sostuvo Morales en una entrevista realizada el miércoles pasado.
Zelaya, sin embargo, dijo que nunca ha actuado como abogado ejecutor, ni estuvo haciendo diligencias en el despacho del juez, como éste aseguró.
El abogado, notablemente molesto, dijo que no conoce al procesado Luis Ángel González Largo ni a la notario Astrid Berenice Bracamonte Hernández, quien declaró a los medios de comunicación que junto a ella Zelaya se presentó al despacho del magistrado Rógers Camilo Argüello para dar razón de la copia de la sentencia.
“Yo ni la conozco a ella, no tengo ninguna relación, pero vea, le voy a decir algo, la verdad que yo sólo soy abogado litigante, los magistrados tienen su nivel superior porque en la Corte misma... ningún abogado en este país va a llevar un libro de un magistrado a firmar o a no firmar. Eso es un control interno que lo llevan en la Sala”, sostuvo.
LA PRENSA intentó hablar nuevamente con el juez Morales, por la contradicción que existe entre él y Zelaya, pero éste dijo que no nos podía atender porque fue citado de emergencia a la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Ese Consejo es el que se encarga de imponer las sanciones a los jueces y hacer las investigaciones de sus malas actuaciones.
“Yo, con la doctora Bracamonte, la he oído mencionar, no tengo ninguna vinculación ni profesional ni como amigo ni nada”, insistió Zelaya, luego de señalar que Bracamonte está mintiendo.
Aunque tanto la notario Bracamonte como el juez Morales mencionaron con seguridad a Zelaya, éste insistió en que “nunca” participó en todas las diligencias en que se le menciona.
Zelaya admitió que conoce a Leyla Bucardo, novia del colombiano González Largo. Según él, se encontraba en el Complejo Judicial Nejapa cuando le preguntaron si quería asumir la defensa de Bucardo, ya que no tenía quién la representara en el juicio que se tramita en su contra en el Juzgado Séptimo Local Penal.
ASAMBLEA DESINTERESADA
El diputado sandinista Edwin Castro, dijo que la Asamblea Nacional está en la disposición de conocer el escándalo que sacude a la Corte Suprema de Justicia.
“Yo soy muy respetuoso de los otros poderes, yo espero que la Corte Suprema en sí misma revise las actuaciones. Que no exista necesidad de que otro Poder del Estado se inmiscuya en algo que aparentemente no está bien hecho”, declaró.
Apuntó que en otras ocasiones la Asamblea Nacional envía este tipo de escándalos de corrupción a la Comisión de Probidad.
“Obviamente, si se escapa al control que debe tener la Corte Suprema de Justicia, nos veremos obligados. Yo preferiría que no, preferiría que la misma Corte examine su actuación”, añadió Castro.
DÓLARES “VOLARON”
Los dólares aparentemente ya "volaron", porque hasta ahora las autoridades de la Corte no han querido suministrar a los periodistas los nombres de las personas que habrían cambiado los cheques que emitió el Banco de la Producción (Banpro).
El reverso de los cheques es la clave para saber a quién le quedó el dinero, debido a que en éstos queda registrado el número de cédula y dirección de quien los cambió, de acuerdo con las normas bancarias.
Según fuentes policiales, solicitar una orden judicial para romper el sigilo bancario en este caso y obtener copias de los cheques, sería uno de los primeros actos de investigación de la Policía, además de citar a las personas que han sido mencionadas en el caso.
(Con la colaboración de Luis Felipe Palacios).
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