Ejército resguarda el río
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Con una ametralladora adelante, soldados nicaragüenses patrullaban ayer el río San Juan, donde la vigilancia fue reforzada por órdenes del Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, debido al conflicto con el vecino país Costa Rica. (LA PRENSA/ T. Rothschuh)
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Tatiana Rothschuh,
Luis Felipe Palacios y
María José Uriarte R.
RÍO SAN JUAN, MANAGUA Y SAN JOSÉ.- Interceptar, capturar o abrir fuego es la orden que recibió ayer la patrulla nicaragüense de vigilancia del río San Juan, en caso de avistar una embarcación con guardias ticos armados.
Enarbolando la Bandera de Nicaragua, azul y blanco, la lancha del Ejército Nacional recibió ayer la voz de zarpe del coronel Ricardo Sánchez, jefe del destacamento sur, para cumplir la misión de proteger la soberanía del río San Juan. La nave reforzó los puestos militares nicaragüenses ubicados en El Castillo, Bartola, Boca de San Carlos, Sarapiquí, Delta y San Juan de Nicaragua.
El capitán Justo José González, jefe de sector fronterizo y de la patrulla de vigilancia en el río, partió al mediodía del viernes junto a un contingente armado y los pertrechos necesarios para cumplir su misión.
El coronel Sánchez dijo que la medida no afectará la vida cotidiana de los colonos ni de los turistas.
“Inspeccionaremos que se cumpla con el derecho al zarpe y en caso de las embarcaciones costarricenses que ingresan por el río a actividades comerciales y traen turistas, no hay problema, lo que no toleraremos es que la guardia tica ingrese armada”, advirtió el jefe militar.
PRESENTAN PROYECTO DE IMPUESTO
En Managua, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó ayer una iniciativa de ley que establece un impuesto del 35 por ciento sobre cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado en Costa Rica.
Mientras tanto, el presidente Enrique Bolaños no quiso referirse a la decisión de la Asamblea Nacional, de presentar ese proyecto de ley, y se limitó a decir que no reconocen ninguna declaración que provenga de ministros o viceministros, ajenos a Cancillería.
Recordó que el tema de las relaciones internacionales, basadas en la Constitución y las leyes, corresponde abordarlas al Ejecutivo y la Cancillería, por lo que las autoridades competentes para hacer declaraciones sobre la demanda que presentó Costa Rica en la Corte Internacional de La Haya, para dirimir la navegación armada sobre el río San Juan, es potestad del canciller Norman Caldera.
Extraoficialmente se conoció que el Gobierno difiere de la posición de aprobar el “impuesto patriótico”, ya que este aspecto puede causar mayores roces con el país vecino del sur, además de las consecuencias para los nicaragüenses que residen en Costa Rica, si decide el Congreso costarricense endurecer las medidas contra los compatriotas radicados en esa nación.
EL PROYECTO
El proyecto denominado “Ley creadora de impuesto a los bienes y servicios de origen de la República de Costa Rica”, fue presentado ante la primera secretaría del parlamento, por un grupo de diputados liberales.
Según el legislador liberal Wilfredo Navarro, la iniciativa de ley surge en respuesta a la demanda que interpuso el Gobierno de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para conseguir que sus guardias naveguen armados por el nicaragüense río San Juan.
Navarro explicó que el dinero que se recaude a través de ese impuesto “será destinado exclusivamente para la creación e incremento de un fondo que permita la defensa jurídica de los intereses e integridad territorial de Nicaragua”, en el juicio que se llevará en La Haya.
Agregó que el juicio puede costar a Nicaragua alrededor de 20 millones de dólares, sin embargo no precisó cuánto dinero estiman recaudar vía el llamado “impuesto patriótico”.
SÓLO PARA LOS GRANDES
El proyecto establece que el impuesto no se aplicará a los pequeños comerciantes nicaragüenses, cuyo monto importado sea menor de 500 dólares.
Tampoco afectará los bienes y servicios que se encuentren en proceso y trámite de desaduanaje, al momento de la promulgación de la ley.
Los diputados sandinistas respaldarán la iniciativa de ley, porque es un mandato de la Asamblea Nacional, afirmó el diputado Edwin Castro.
REUNIÓN EN MANAGUA
Tanto Quiñónez como Castro anunciaron que la próxima semana tal vez se reúnan con sus homólogos costarricenses —a invitación de estos últimos—, ya sea en la frontera o en la Asamblea Nacional de Nicaragua, para dialogar sobre la controversia suscitada por la navegación armada por el río San Juan.
Ambos diputados nicaragüenses afirmaron que el “impuesto patriótico” puede congelarse en el parlamento, si Costa Rica retira la demanda que interpuso ante La Haya en contra de Nicaragua.
La Asamblea Nacional podría estar aprobando el “impuesto patriótico” dentro de 20 días, dijo Navarro.
TICOS ANALIZAN IMPUESTO
El diario La Nación, de Costa Rica, informó ayer que el impuesto de 35 por ciento a las exportaciones de bienes y servicios costarricenses que van a Nicaragua, le significaría a este país ingresos fiscales adicionales por 77 millones de dólares.
Según el diario, en el 2004 Nicaragua compró 220 millones de dólares en productos costarricenses y este año las ventas crecen a un ritmo del 15 por ciento.
Carlos Céspedes, gerente de Logística Comercial de la Cámara de Exportadores, dijo que unas 469 empresas que venden a Nicaragua se verían afectadas.
En caso de que el impuesto también se aplique a mercancías en tránsito hacia el resto de la región, el cobro dejaría ingresos por 241 millones dólares adicionales.
Como medida para evadir ese cobro, varios empresarios ya valoran enviar mercadería por aire o barco al resto del istmo.
Costa Rica vende a la región 1,081 millones de dólares al año; y se calcula que el 80 por ciento viaja por tierra.
Entre los productos que se exportan, destacan los de la industria alimentaria, como lácteos, galletas y refrescos; medicamentos, aceite de palma y harina de trigo.
Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), dijo que ese impuesto sacará del mercado a muchas empresas ticas, debido a que los precios de sus artículos subirían casi un 35 por ciento.
Jorge Pattoni, gerente general de Dos Pinos, afirmó que la cooperativa no soportaría el impuesto y tendría que salirse de ese mercado.
Dos Pinos exporta 5 millones de litros de leche al año en diferentes productos. Eso representa el 6 por ciento del total de su exportaciones.
LA DEMANDA TICA
La prensa tica señaló que en su demanda ante la CIJ, Costa Rica declara que “demanda el cese (del) comportamiento adoptado por Nicaragua, que impide a Costa Rica disponer libre y plenamente de los derechos que posee sobre el río San Juan y que impide igualmente a Costa Rica asumir responsabilidades” en virtud de los acuerdos concluidos con Nicaragua.
Costa Rica solicitaría una “medida preventiva” contra Nicaragua, mientras se resuelve la demanda.
Según Costa Rica, “Nicaragua —en particular desde fines de los años 1990— impuso restricciones que afectan la navegación de navíos costarricenses y sus pasajeros en el río San Juan”, en violación de un tratado firmado en 1858 por Costa Rica y Nicaragua.
El Gobierno de San José indicó que ese tratado “da a Nicaragua la soberanía sobre las aguas del río San Juan, al tiempo que reconoce paralelamente derechos importantes para Costa Rica”.
Costa Rica pide en particular a la Corte “decir y juzgar que, por su comportamiento, Nicaragua ha ignorado (...) la obligación de facilitar y acelerar la circulación en el río San Juan”.
Asimismo, pide “decir y juzgar la obligación de permitir a los navíos de Costa Rica y a sus pasajeros recorrer libremente y sin obstáculos el río San Juan”, así como “la obligación de no agravar o extender el diferendo por la adopción de medidas contrarias a Costa Rica, como sanciones económicas ilícitas”.
Costa Rica reclama, también, indemnizaciones de parte de Nicaragua.
LLAMAN AL EMBAJADOR
El canciller Norman Caldera llamó de consulta al Embajador de Nicaragua en Costa Rica, Francisco Fiallos, para analizar la situación bilateral luego de la demanda que el vecino país del sur interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, solicitando que policías armados naveguen sobre el río San Juan.
La orden de Caldera, según el vocero de Cancillería, Oscar García, responde a la necesidad de saber respecto al diferendo entre ambos países y en torno al estado de las relaciones bilaterales.
Fiallos dijo por la mañana que su estadía respondía a una consulta que pidió el Canciller y agregó que su retiro de Costa Rica era indefinido.
"La retirada del Embajador es una expresión de que el Gobierno considera la situación muy seria y que retira al Embajador como una demostración de esa seriedad", sostuvo Fiallos.
Sin embargo, García aclaró que en los próximos días Fiallos volverá al vecino país del sur, porque no se aprobó el retiro indefinido del Embajador por parte de Nicaragua.
El Gobierno de Costa Rica se abstuvo ayer de emitir comentarios sobre el retiro del Embajador nicaragüense en San José, luego que el contencioso por el río San Juan fuera elevado a la Corte Internacional de Justicia.
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