Policía reitera que incautó los US$609mil en Managua
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CSJ adelanta que entre 10 y 14 abogados están “pegados” |
Elízabeth Romero y
Mirna Velásquez Sevilla
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Una vez más, la Policía Nacional reiteró que la detención de los procesados Luis Ángel González Largo y Leyla Bucardo ocurrió en el Hotel Margut, en Managua, y no en San Marcos, Carazo, como afirmó el juez ejecutor Benjamín Arriaza Larios.
El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González, afirmó que el Poder Judicial recientemente le consultó sobre el arresto de ambos procesados, pese a que desde en agosto pasado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia basada en la afirmación de Arriaza Larios que permitió la salida de 609 mil dólares ocupados en abril del 2004 a González Largo.
“Nosotros le hemos contestado por escrito (al Poder Judicial) y le hemos dicho que esta persona fue detenida en el hotel Margut, ahí rola en el expediente”, aseguró González, tras señalar que un empleado de la recepción de ese hotel testificó durante el juicio, que en ese local se realizó la captura.
El juez ejecutor Arriaza Larios emitió una resolución el 10 de agosto pasado, a través de la cual confirma con fuentes anónimas que los procesados fueron capturados en el parque de San Marcos.
Según la Policía, esta falsa afirmación permitió el retiro del dinero y la libertad de Bucardo.
LA PRENSA intentó localizar vía telefónica al juez ejecutor Arriaza Larios, pero no respondió.
POLÉMICA POR RESGUARDO DEL DINERO
La Policía Nacional no tenía bajo su resguardo los 609 mil dólares que fueron retirados ilegalmente de una cuenta de la CSJ, en la sucursal del Banco de la Producción (Banpro), en Carretera Norte, Managua, sostuvo ayer González.
Aclaró que en casos donde está de por medio dinero incautado, el Código Procesal Penal (CPP) ordena que debe estar bajo resguardo de la institución policial hasta que haya una sentencia firme. Prueba de ello es que en otro caso donde están de por medio otros 600 mil dólares incautados al narcotráfico en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), se mantienen bajo resguardo en una cuenta de la Policía Nacional.
“Es sencillo, esas evidencias tienen que estar a la orden de las partes para que las partes en cualquier momento las puedan revisar, la ley es lógica, donde deben estar es en la Policía, que es un órgano imparcial en el proceso”, manifestó el jefe de la DAJ.
El artículo 245 del CPP referido a las piezas de convicción, señala que éstas “serán conservadas por la Policía Nacional hasta su presentación en el juicio, a requerimiento de las partes. Las partes tendrán derecho de examinarlas, cuando lo estimen oportuno, siguiendo los controles de preservación y custodia que establezca la Policía Nacional”.
Recordó que el Tribunal de Apelaciones de Managua no se ha pronunciado todavía sobre el caso, y el retiro de dinero “fue una artimaña jurídica para sorprender a algunos jueces, diría yo, pero aquí no se ha pronunciado nadie en el fondo del asunto, porque el caso sigue en el Tribunal de Apelaciones”.
Pánfilo Orozco, ex abogado de González y Bucardo disintió de la posición del comisionado González y aseguró que el dinero permaneció en manos de la Policía durante tres meses, hasta que la entonces juez Rosario Altamirano ordenó depositarlo en una cuenta de la Corte, el día del juicio oral y público.
Orozco dijo que la decisión de poner el dinero en manos de la Corte se hizo a petición de la Fiscalía.
En cambio, el comisionado González valoró que los jueces que tramitan juicios con el nuevo sistema (oral) continúan aplicando algunas formas del antiguo Código de Instrucción Criminal.
“Y no se cambió la práctica, se cambió la norma (...) por eso es que nosotros únicamente hablamos con la ley en la mano, lo que dice este CPP es que las evidencias deben quedar en resguardo de la Policía Nacional”, sostuvo el jefe policial.
PRESIDENTE CSJ CULPA A ABOGADOS
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla, eximió de responsabilidades a los magistrados que integran la Corte y responsabilizó a un grupo de entre 10 y 14 abogados, de haber participado en la trama orquestada para sustraer ilegalmente los 609 mil dólares incautados a los procesados.
“Han visto en los periódicos hoy en día, que hasta la Corte Suprema (y) mi persona ha sido señalada por casos que se han dado, en que se han envuelto como diez o catorce abogados”, sostuvo el magistrado Martínez la mañana de ayer frente a un aglomerado público que participó en un acto de juramentación de nuevos abogados.
“Un día de éstos va a salir una resolución de la Corte, que ustedes, el público en general, toda Nicaragua la va a ver, porque se han comprobado malos manejos de los abogados. El mal manejo de esos abogados ha empañado la administración de justicia y ha empañado el honor de nosotros los magistrados que integramos esta Corte, pero bueno, la verdad va a aflorar”, dijo el magistrado Martínez
El presidente de la Corte lidera las investigaciones que la CSJ realiza sobre la pérdida del dinero. El magistrado fue señalado en el caso porque estampó su firma en el cheque que la Corte emitió por 609 mil dólares y que luego fue retirado por Sergio Meléndez Aguilar, con dos poderes generalísimos supuestamente falsos.
La comisión tiene listo un informe con las conclusiones de la investigación y se espera que el presidente de la Corte convoque a una reunión de Corte Plena, la que tendrá la última palabra al rechazar o aprobar las recomendaciones que se hagan en el informe.
“Lo deseable es que no se den esos casos de los abogados que mal usan su licencia”, añadió el magistrado Martínez.
Por su parte, el comisionado González dijo que como ciudadano está a la expectativa de los resultados de la comisión investigadora de la Corte Suprema.
LA PRUEBA INDICIARIA
González contradijo al vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, quien anteriormente manifestó que el delito de lavado de dinero debe estar vinculado a la droga para que pueda existir.
El tres de noviembre pasado, el magistrado Rafael Solís, al referirse al caso en cuestión, declaró que “aquí no se les decomisó un pito de marihuana siquiera a estas personas, un gramo de cocaína, no encontró la Policía droga en esta situación, lo que encontró fue dinero, pero objetivamente no hubo droga”.
A criterio del comisionado González, este tipo de interpretaciones obedece a que el sistema inquisitivo está arraigado, contrario a lo que establece el Código Procesal Penal, en el que, a su criterio, debe haber más esfuerzos de capacitación.
“A una persona le encontramos 609 mil dólares y dice que lo que anda es para poner una curtiembre aquí en Nicaragua. Y tiene antecedentes de droga, en otros países lo están buscando otras agencias internacionales por tráfico de drogas, y aquí ¿nos vamos a hacer los grandes legalistas de decir: no, es que si esa persona no tiene relación y no le encontramos ni siquiera un pitito de marihuana, no tiene relación con drogas y por lo tanto no hay lavado de dinero?”, cuestionó el jefe policial.
COMPLACIENTES
El comisionado mayor Julio González manifestó su preocupación de “que de repente empecemos a acomodar y ser complacientes con estas manifestaciones del crimen organizado”, lo que impedirá que Nicaragua siga siendo el país más seguro del área.
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