El festín presupuestario
El martes de esta semana, los alcaldes, concejales y empleados de las alcaldías sandinistas, seguidos por los alcaldes, concejales y empleados de los gobiernos municipales en los que manda el PLC, protagonizaron una marcha política en Managua, ciudad cuyos espacios públicos se encuentran en situación de desastre porque su Alcaldía sandinista gasta más dinero en propaganda, sueldos y otras cosas, que en obras de mantenimiento y desarrollo.
La marcha de los municipios fue para pedir a los diputados a la Asamblea Nacional que en el Presupuesto General de la República se les asignen los recursos de conformidad con la ley que manda a aumentarles gradualmente las transferencias, hasta llegar a un porcentaje de 10 por ciento. En cambio, el Poder Ejecutivo propone congelar en seis por ciento las transferencias a los municipios, debido a la falta de suficientes recursos económicos y porque no todos los gobiernos municipales tienen capacidad para administrar y controlar apropiadamente los fondos que reciben del Gobierno Central. Además, el Ejecutivo alega que es materialmente imposible satisfacer plenamente las demandas de los alcaldes, ni las de los otros sectores que operan con dinero del presupuesto y viven de éste, pues ni siquiera hay recursos suficientes para atender necesidades sociales más apremiantes como salud, educación e infraestructura.
De manera que independientemente de que la demanda de los alcaldes sea legal; y aunque se tenga conciencia de que el fortalecimiento de la democracia pasa por la descentralización que a su vez significa transferencia de funciones y recursos a las administraciones municipales, esto no depende sólo de la voluntad política sino ante todo de la cantidad de dinero que pueda obtener el Estado por concepto de los impuestos que gravan la actividad económica de la gente que invierte, trabaja y produce la riqueza que el Estado redistribuye —supuestamente— de manera equitativa, en beneficio de toda la sociedad .
También los médicos del sector público exigen más dinero del presupuesto para aumento de salarios. Y aunque la huelga de los galenos golpea a los sectores más pobres de la sociedad, su demanda de aumento salarial es justa porque sus sueldos son demasiado bajos y peores las condiciones materiales en las que se ven obligados a prestar sus servicios a la población.
Igualmente el Poder Judicial exige más recursos, de conformidad con la disposición constitucional de que se les debe asignar al menos el cuatro por ciento del Presupuesto General anual de la República. Y peor es el caso del Consejo Nacional de Universidades (CNU), porque el exceso de recursos que obtienen del Estado debido al mandato constitucional del 6 por ciento, sacrifica la educación primaria y secundaria; y porque los dirigentes universitarios exigen que el porcentaje del presupuesto que les corresponde se calcule en base a todos los ingresos y gastos del Estado, incluyendo ingresos como donaciones y préstamos externos, y egresos como el pago de la deuda pública.
Ante esa irracionalidad de quienes viven del Presupuesto, el país no tiene ninguna posibilidad de salir de la pobreza, por muchos sacrificios que haga la minoría de nicaragüenses que trabaja para producir riqueza y pagar impuestos . Aún sin las desmesuradas exigencias presupuestarias de sectores como el CNU y los alcaldes, el país no puede, con los resultados de su propio trabajo, recaudar lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y los requerimientos operativos del Estado. El Presupuesto General de la República siempre es deficitario y para equilibrarlo se tiene que apelar a la generosidad de la comunidad internacional y la cooperación externa. Hasta un tercio del Presupuesto General de la República se financia con recursos extranjeros de distinto tipo.
Sin embargo, para que la comunidad internacional siga financiando el déficit presupuestario de Nicaragua, el país debe disciplinarse fiscalmente, suprimir los gastos superfluos, reducir los que no son primordiales y gastar sólo en lo que es indispensable.
De manera que si los diputados conceden en el presupuesto —a los alcaldes, médicos, jueces, líderes universitarios, etc.— todo lo que éstos piden y exigen, Nicaragua no podría seguir obteniendo el financiamiento externo. Y en este caso los que participan en el festín presupuestario y quieren más, de todos modos sólo podrán recibir lo que les corresponda de los ingresos ordinarios del Estado. O sea, mucho menos que lo que les ofrece el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto para el próximo año.
¿Cómo es posible que no puedan comprender algo tan sencillo como eso?
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