El paro de los médicos
Una parte de los médicos del sector público se encuentran en paro laboral desde ayer lunes, y todos los demás se sumarán en los próximos días, en demanda de un aumento salarial que va del 60 por ciento que reclaman los galenos pertenecientes al gremio independiente Médicos Pro-salario, hasta el 140 por ciento que exigen los afiliados al sindicato sandinista llamado Fetsalud.
De este paro —que a quienes daña en realidad es a las personas más pobres de Nicaragua porque son las que necesitan los servicios públicos de salud— se responsabilizan recíprocamente los huelguistas y las autoridades gubernamentales del ramo. Pero independientemente de a quien corresponda la culpa, dejar de atender a los enfermos es una crueldad que lesiona los sentimientos de amor al prójimo y el sentido de humanismo y de solidaridad social.
Sin duda que socialmente la demanda de los médicos en paro es justa, si se considera que ellos perciben un sueldo promedio de 340 dólares mensuales (según Médicos pro-salario), el cual es muy bajo en relación con el alto costo de la vida, con su nivel profesional y con su dignidad humana.
Por otro lado, el problema de los médicos del sector público no es sólo el escaso salario que devengan. A éste hay que agregarle la falta de recursos —por ejemplo instrumental y medicamentos— y las precarias condiciones en las que desempeñan sus labores, todo lo cual los somete a una sistemática presión y tensión psicológica que los desgasta físicamente, afecta su integridad moral y socava su prestigio ante ellos mismos y ante la sociedad.
En realidad, si no fuera por los malos salarios que reciben y las peores condiciones en que trabajan, los médicos del sector público no se verían obligados a “resolver” sus problemas económicos por medio del multiempleo que disminuye la calidad de la atención que brindan a los pacientes. Y muy probablemente no los obligaría a cometer los actos indebidos acerca de los cuales informó LA PRENSA en su edición de ayer, tales como el cobro a los pacientes por programación de intervenciones quirúrgicas y la “tabla de tarifas para cada cirugía o tratamiento”.
Como se sabe, la salud pública es un factor fundamental para el progreso de la sociedad y, al mismo tiempo, una consecuencia de su desarrollo. Y en el conjunto de factores de los que depende la salud pública, tiene singular importancia la situación de los recursos humanos, ante todo, la remuneración que reciben los médicos y trabajadores de la salud en general así como los medios y condiciones de que ellos disponen para atender a la gente. No es casual, por eso, que en todos los países donde los médicos son bien pagados y las condiciones y recursos del sistema de salud son excelentes, la atención al público es eficiente y la situación nacional de salud es óptima.
Hablando en estricto sentido de equidad y justicia social, tenemos que reconocer que los médicos del sector público de salud deberían ganar tanto como ganan los diputados —por ejemplo, lo que gana el diputado sandinista Gustavo Porras, líder del principal gremio de los médicos—, que reciben cuatro mil dólares mensuales, por lo menos. Y en cambio los diputados —incluyendo por supuesto al mencionado Porras—, deberían devengar algo así como lo que ganan ahora los médicos. Eso sería un verdadero acto de equidad y justicia social.
Pero también los maestros en los distintos subsistemas de la enseñanza pública deberían recibir mejores sueldos, tal vez no tan altos como los de magistrados y jueces, de contralores, ministros y todos los otros miembros de la frondosa burocracia superior del Estado, pero en todo caso tienen derecho a ser mejor remunerados. En fin, a pesar de que los médicos y demás trabajadores de la salud, así como los maestros, ganan ahora mucho más que en tiempos d el régimen sandinista, sus salarios son todavía muy insuficientes .
Pero una justicia salarial como esa sólo podría ser obra de una auténtica revolución, es decir, una revolución democrática y libertaria, humanista y justiciera —como la que soñó y por la cual luchó y dio su vida el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal—, que corrija las graves distorsiones en el sistema de asignaciones presupuestarias y distribución del gasto público. Un sueño que tal vez algún día se podría convertir en realidad.
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