Prometen defender a campesinos desalojados
Jorge Loáisiga Mayorga
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Las tierras son del Estado. El antiguo Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) se las asignó a cuatro grupos de campesinos y ahora el Estado va a defender el derecho de esos lugareños a permanecer en las propiedades.
En esos términos se refirieron funcionarios del Estado y diputados que visitaron a los campesinos que fueron desalojados de la finca Jícaros “A”.
La finca, de 2,091 manzanas de tierras, está situada en la comarca El Zapote, del municipio San Rafael del Sur, en el departamento de Managua, exactamente del kilómetro 58 y medio de la carretera a Montelimar, 14 kilómetros al oeste.
Hasta este recóndito lugar llegaron el Subprocurador General de la República, Víctor Manuel Talavera; el Intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino; la Vicepresidenta de la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), Francis Blandón, y los diputados Marcelino García y Nathán Sevilla, de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Asamblea Nacional, para conoce de viva voz de los campesinos los atropellos a que fueron sometidos tanto por las autoridades policiales como por las judiciales.
Durante los desalojos que se han producido, civiles contratados por Luis González, representante del supuesto dueño de la propiedad, José Vicente Loáisiga Toruño, han destruido al menos 16 casas construidas con tablas, bloques, techadas con zinc y otras han sido incendiadas.
“El Estado va a defender los derechos de ustedes. Es nuestra obligación. Hemos constatado que existen cuatro asignaciones de 1,766 manzanas de tierras que fueron otorgadas por la Oficina de Titulación Rural a favor de cuatro grupos de pobladores. Nos preocupan las agresiones contra las personas y las propiedades”, aseguró frente a los campesinos.
En tanto el subprocurador expresó su preocupación porque en los informes que ha recibido se habla de la implicancia de altos mandos policiales en los desalojos y de las actuaciones judiciales.
“Nos preocupa más aún cuando aparecen mencionados en estos casos altos mandos policiales y nos preocupan las actuaciones judiciales, si no hablamos, el Poder Judicial y los mandos policiales difícilmente vamos a resolver este problema”, indicó Talavera, sin precisar cuál de los altos mandos policiales es el implicado.
Por su parte la vicepresidenta de la Cornap dijo que esa institución, que en teoría administra esas tierras, está analizando el expediente de esa propiedad, para saber cómo llegó el bien inmueble a manos de personas que no negociaron con el Estado.
La Comisión de Asuntos Agrarios de la Asamblea Nacional, junto a otras instituciones del Estado, está analizando la situación jurídica de la finca, así como los desalojos ordenados por la juez Vida Benavente que fueron ejecutados por el Juez suplente Octavo de Distrito Penal de Audiencia, José Galeano Bravo, quien fue acompañado por casi un centenar de policías, incluidos antimotines.
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