La lucha contra la corrupción
En Nicaragua como en muchos otros países, en términos generales los delitos que cometen los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones pasan a la historia como crímenes sin castigo.
Hasta en casos meridianamente notables y escandalosos, como el del ex presidente Arnoldo Alemán, la justicia pierde credibilidad porque priman los intereses políticos y económicos. A pesar de haber sido condenado a veinte años de cárcel, Alemán se moviliza por toda la ciudad capital, celebra fiestas en las que hay abundancia de todo (serviles incluidos) vive con gran lujo y, en fin, es uno de los reos más felices del mundo.
En realidad, el regocijo de Alemán tiene base sólida. Cualquier día de éstos podría ser amnistiado y pasar a disfrutar de sus millones sin restricción alguna. Incluso, podría aspirar de nuevo a la Presidencia de la República.
Por otro lado pero en el mismo orden de cosas, tenemos a Daniel Ortega cuya historia aunque diferente en varios sentidos, tiene sorprendentes paralelos con la del caudillo liberal. Sobre todo en lo relativo a la explicación de su fortuna. ¿A cuánto ascendía el patrimonio de Ortega antes del triunfo de la revolución sandinista? ¿Qué clase de vehículo conducía? ¿Cuál era el tipo de viviendas en el que él y su familia residían? ¿Qué comían? ¿Cuáles eran sus méritos académicos? ¿Tenía dinero ahorrado en algún banco?
Veintiséis años después del triunfo sandinista, los Ortega pueden ser calificados, sin lugar a dudas, como personas acaudaladas en el pleno sentido de la palabra. Pero, ¿de dónde sacaron el patrimonio que ahora ostentan? ¿Cómo explicarnos este enriquecimiento repentino? La única respuesta a estas interrogantes es que la justicia tiene sus intocables.
Salvo a los beneficiarios de la corrupción, combatir este grave mal es un deber de todos. Eso incluye a la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector privado, el Estado mismo, los organismos internacionales y la comunidad internacional en general. La institucionalización de la corrupción crea pobreza e injusticia social, por eso hay que luchar contra ella de manera permanente. La corrupción no está determinada por un sistema político particular sino que tiene que ver con el carácter de las personas en el ejercicio del poder. Y aunque los corruptos deben ser castigados conforme a las leyes, no basta con ponerlos en la cárcel pues “en menos de lo que canta un gallo”, son sustituidos por otros corruptos. ¿No es esto lo que nos enseña nuestra propia historia?
Lo que se debe hacer es cambiar las estructuras que propician la corrupción y de esta manera proteger a los funcionarios contra sí mismos. Por ejemplo, es necesario despartidarizar la Corte Suprema de Justicia, institución que debe ser garante de que se cumplan la Constitución y las leyes y de que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Es imperativo que las actuaciones sospechas de delictivas, de parte de los magistrados, sean investigadas de manera independiente y confiable. Casos como el escándalo en que está involucrada actualmente la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la sustracción todavía inexplicada de más de seiscientos mil dólares que se habían incautado a sospechosos de ser narcotraficantes, deben ser realmente investigados y los culpables, quienes quiera que sean debidamente castigados. Y lo mismo debemos decir con relación a la Fiscalía General de la República, que se niega a atender la solicitud de Panamá para notificar al reo Arnoldo Alemán sobre la causa en su contra, por el delito de blanqueo de capitales, que hay en aquel país.
Los medios de comunicación, de igual forma, tenemos un importantísimo papel que jugar en la lucha contra la corrupción. Somos un foro de discusión y denuncia al que tienen acceso todos los ciudadanos y por eso estamos en la mira de los corruptos. Lo que está ocurriendo en Venezuela es típico. El dictador Hugo Chávez la ha emprendido contra la editora del diario El Nuevo País y el dueño de una canal de TV porque le duele que pongan al descubierto sus abusos y sus fechorías. El propósito es callarlos y amedrentar a los otros.
En Nicaragua, la aún vigente Ley Arce contra la libertad de prensa menoscaba la función de los medios de comunicación. Además, la falta de una adecuada ley de acceso a la información limita la posibilidad de conocer todas las irregularidades y de denunciarlas para que se puedan corregir.
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