Juez Guzmán devuelve US$300,000 “sucios”
Mirna Velásquez Sevilla y
Carlos Martínez
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La Juez Sexto Penal de Juicio de Managua, Miriam Guzmán, ordenó ayer a la Dirección General de Aduanas (DGA) devolver 300 mil dólares a dos ciudadanos mexicanos que los introdujeron ilegalmente al país en julio pasado.
“Ordeno al director general de la Dirección General de Aduanas de la República de Nicaragua y al gerente general del Banco de la Producción de Nicaragua, la devolución inmediata e ipso facto del dinero ocupado a los ciudadanos declarados no culpables”, señala un extracto de la sentencia.
La sentencia fue leída en ausencia de los procesados Luis David Zamora Ramírez y Rigomilda Valencia Barragán.
Zamora y Barragán fueron absueltos la noche del miércoles por un tribunal de jurado, después que la juez Guzmán desechó las principales pruebas documentales con que contaba la Fiscalía para demostrar que los acusados no declararon el dinero en Aduanas, el cual llevaban escondido en dos maletas.
La boleta de declaración aduanera que demostraba que el dinero no fue declarado, las tarjetas de ingreso al país de los procesados, el registro migratorio, entre otras pruebas, fueron anulados por la juez, quien consideró que no fueron presentados conforme a la ley.
La acusación de la Fiscalía narra que los mexicanos entraron al país el 12 de julio pasado, con dos maletas negras y al ser requeridos por los oficiales de control migratorio, se pusieron nerviosos. Uno de los agentes policiales sintió un peso extraño en una de las maletas y al abrirla encontró el dinero que pretendían ingresar al país.
Ante las preguntas de los agentes, los acusados respondieron que sólo llevaban consigo 500 dólares en efectivo y no portaban tarjetas de crédito.
Luis David Zamora Ramírez, uno de los procesados, registra antecedentes delictivos por tenencia de armas de fuego.
SENTENCIA CON VACÍOS
El procurador auxiliar penal Hernaldo Chamorro, criticó la sentencia de la juez Guzmán porque, a su juicio, carece de argumentos legales y más bien está llena de vacíos.
“Las motivaciones que tuvo la juez para rechazar las pruebas documentales no aparecen (en la sentencia)”, cuestionó Chamorro.
Se espera que la semana próxima, tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la República (PGR) apelen la sentencia para que el caso sea analizado por un tribunal superior, en este caso el Tribunal de Apelaciones, y la decisión se revierta.
JUEZ TAMPOCO ADMITIÓ ACUSACIÓN DE PGR
El procurador Chamorro recordó que la misma judicial rechazó una acusación autónoma que la PGR introdujo contra los dos mexicanos por falsificación de billetes, dentro del mismo juicio por contrabando aduanero.
“Existe un peritaje del Laboratorio de Criminalística, que la juez autorizó se realizara, que determina que cierta parte, alrededor de mil o dos mil dólares, que eran billetes falsos, (...) pero la juez la rechazó”, afirmó el procurador.
El rechazo, según el procurador, se basó en argumentos “totalmente desacertados” como la necesidad de realizar previamente otras dos audiencias para valorar la acusación, lo cual contradice al Código Procesal Penal que establece que las partes pueden introducir una acusación en cualquier estado del proceso.
PROTECCIÓN DE BIENES
Para evitar que ocurran irregularidades en el resguardo del capital o bienes ocupados a los narcotraficantes, en la Asamblea Nacional se impulsa un proyecto de ley para la creación de una unidad administradora de los bienes incautados, decomisados y abandonados por narcotraficantes o gente vinculada al crimen organizado.
El proyecto todavía se encuentra en formación y para ello la Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional a cargo de esta iniciativa, ha escuchado los criterios de las instituciones relacionadas con la lucha al crimen organizado y el narcotráfico.
Según el Procurador Penal Nacional, Iván Lara, existen diversas propuestas para el resguardo de esos bienes, pero en principio se trata de crear una unidad administradora que tenga independencia funcional, técnica y administrativa, con un consejo directivo que esté integrado por diversas instituciones y que se encuentre adscrito a la Policía Nacional, partiendo del hecho que es la única institución que tiene la posibilidad de dar una custodia, que no implique mayores erogaciones al Estado.
Esa es una de las propuestas que se encuentran en la mesa de negociación y una vez que se hayan consensuado, serán acogidas por la Comisión Antidrogas, indicó.
Señaló que desde el punto de vista de la PGR, el resguardo de los bienes ocupados a los narcotraficantes debería estar a cargo de la Policía Nacional, porque no hay otra institución más adecuada para el resguardo de los bienes.
“Mire lo que pasó con los 609 mil dólares. Cómo se desaparecieron de un momento a otro y ahora nadie quiere dar cuenta de ello”, dijo Lara, quien a su vez señaló que con la creación de esa unidad administradora de los bienes ocupados o dinero en efectivo, habría mayor seguridad en su resguardo y se evitarían actos tan bochornosos como el ocurrido en la Corte Suprema, donde se perdieron 609 mil dólares de dudosa procedencia.
Se espera que la semana próxima sean dados a conocer los primeros resultados de las investigaciones que realiza una comisión de la CSJ sobre la pérdida de ese dinero que se encontraba en una cuenta del Poder Judicial.
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