SáBADO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2005 / EDICION No. 23984 / ACTUALIZADA 01:30 am





EL HUMOR DE





Ex convicto tras desalojo

Foto  
. Esposa de Norwin Meneses aparece mencionada en documentos de propiedad en conflicto
. Caso de expulsión de familias campesinas se remonta a un viejo juicio promovido por Alex Centeno Roque

Familias campesinas desalojadas de la comarca El Zapote, en el municipio San Rafael del Sur.

 

Jorge Loáisiga Mayorga
nacionales@llaprensa.com.ni

La sombra de Alex Centeno Roque y de Norwin Meneses Cantarero, estarían tras los violentos desalojos contra humildes campesinos, que han ocurrido en una propiedad de 2,091 manzanas de tierras en la comarca El Zapote, del municipio San Rafael del Sur.

Centeno está “condenado” a nueve años de prisión por el caso de las cascarillas de arroz, relacionado a la quiebra del Banco Interamericano (Interbank) y el otro (Meneses) es un ex convicto que cumplió siete años de prisión tras haber sido capturado en Nicaragua un cargamento de casi una tonelada de cocaína.

El caso se remonta a un antiguo juicio de cesión de derechos hipotecarios promovido por un antiguo abogado de los Centeno Roque, Max Hernández (que en realidad representaba los intereses de una de las más importantes empresas de los hermanos Centeno Roque: Agropecuaria Santa Elena (Agrosanelsa), contra la sociedad Agroindustrial Montelimar S.A., en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua.

Luego, Hernández cedió los derechos adquiridos de crédito e hipoteca contra Agroindustrial Montelimar a favor de Blanca Margarita Castaño Calero, esposa del ex convicto Norwin Meneses Cantarero.

No es la primera vez que la esposa de Meneses se menciona en supuestos negocios relacionados a Alex Centeno.

En enero del presente año, Juan Dewey Thomas Altamiramo denunció que le vendió una propiedad a Centeno en 750 mil dólares y que la misma fue puesta a nombre de Castaño, recibiendo un abono de 250 mil dólares, pero luego descubrió que las propiedades que puso en garantía Centeno, no existían.

El 29 de marzo de 2004, ante los oficios notariales de José Dolores Reyes Lara, Castaño Calero firmó un contrato de cesión de derechos a favor de Ervin Antonio Leiva Urbina, en la que se comprometió a ceder y traspasar la finca Los Jícaros A, situada en el municipio San Rafael del Sur, en la comarca El Zapote.

“Esa cesión y traspaso se llevará a cabo por la primera dicente, una vez que quedara perfeccionada la subasta del inmueble matriz dentro del juicio ejecutivo corriente que está en trámite en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua, en el cual la comprometida cesionaria actúa como cesionaria de los derechos litigiosos y de crédito hipotecario del doctor Max Hernández Torres, en contra de Agroindustrial Montelimar Sociedad Anónima...”, dice una escritura de rectificación del anterior escrito, elaborada por el mismo abogado.

En esa rectificación de escritura se pactó que el precio de la finca sería de 23 millones 628,000 córdobas, equivalentes a 1.5 millones de dólares .

Sin embargo, Castaño Calero apareció firmando una escritura de compra-venta a las 4:50 minutos de la tarde del 26 de septiembre de 2004 a favor de José Vicente Loáisiga Toruño, un supuesto ganadero del municipio de Quilalí (lugar de origen de los Centeno Roque).

Castaño había obtenido la propiedad, primero por la cesión de derechos otorgada por Hernández y luego por la venta forzada que se realizó en el Juzgado Tercero Civil de Distrito de Managua, a cargo de la doctora Vida Benavente, donde pagó 17.7 millones de córdobas, pero al vendérsela a Loáisiga Toruño la negoció en cinco millones de córdobas, según escritura número 31 notariada por el doctor Roberto José Ortiz Urbina.



GRAN NEGOCIO

La finca Los Jícaros A, de 2,091 manzanas de tierras, está siendo ofertada para la venta en 25 mil dólares cada manzana, por la firma de bienes raíces Century.

La propiedad está situada en la comarca El Zapote, exactamente del kilómetro 58 y medio de la carretera a Montelimar, 14 kilómetros al oeste

Mientras tanto, la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, admitió un amparo a favor de las familias campesinas que el miércoles fueron desalojadas de los terrenos de la finca y destruidas sus casas. El Tribunal de Apelaciones mandó a suspender todos los actos que se estaban realizando. En la zona habitan unas 1,500 familias.
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