CSE a la espera de los fondos para los comicios
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A contrarreloj. El Poder Electoral afina detalles de cara a los comicios regionales.
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María José Uriarte R.
politica@laprensa.com.ni
El Consejo Supremo Electoral (CSE) está a la espera de un desembolso de 40 millones de córdobas, asignado para la organización del proceso electoral en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur.
El vicepresidente de ese Poder del Estado, Emmet Lang, informó que la falta de recursos ha generado algunos retrasos en la implementación de actividades correspondientes al proceso electoral, a celebrarse el primer domingo de marzo.
Las actividades a las que hace referencia el magistrado Lang son todas aquéllas relacionadas sobre todo al trabajo de campo que deben efectuar los funcionarios electorales, aunque están conscientes de que la reforma presupuestaria apenas fue aprobada la semana pasada.
El presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas, procedería ayer a enviar una carta al Ministro de Hacienda, Mario Arana, para solicitarle con urgencia el desembolso de los primeros 20 millones de córdobas para los gastos previstos en noviembre.
El Poder Electoral había enviado a Hacienda las programaciones de gastos para noviembre y diciembre, que sumados son los 40 millones de córdobas estipulados en la reforma presupuestaria del 2005.
De tal modo que restaría desembolsar 66 millones de córdobas incluidos en el Presupuesto General de la República del 2006, lo que suman 106 millones. El Ministerio de Hacienda, previamente, había desembolsado otros 5 millones de córdobas, que son los que el Poder Electoral ha utilizado para iniciar actividades como la capacitación de los Presidentes Regionales y municipales que trabajan en la región.
En total, el Poder Electoral espera recibir 111 millones de córdobas para garantizar las regionales del Caribe.
CEDULACIÓN AFECTADA
Una de las actividades afectadas por la falta de recursos es el proceso de cedulación, ya que se tiene previsto habilitar oficinas en algunos municipios de la Costa Caribe para agilizar el trámite de cédulas.
El último día establecido en el calendario electoral para realizar esa gestión es el 5 de diciembre, es decir, tres meses antes de las votaciones.
Hasta el momento, sólo se han logrado abrir unas siete oficinas en las circunscripciones de las Regiones Autónomas del Norte y del Sur.
En recientes estudios realizados por organismos cívicos se refleja que el número de habitantes que no cuentan con cédula de identidad es casi un 19 por ciento de la población del Caribe.
Otra de las tareas del Poder Electoral es impulsar un proceso de verificación permanente hasta el 5 de diciembre también, donde se incluye un proceso masivo durante cuatro días continuos en noviembre, lo que implica gastos, sobre todo en la movilización del personal.
Cabe recordar que el CSE ha enfrentado dificultades en la fabricación del documento de identidad por la misma falta de recursos, ya que esto les obliga a importar el plástico de la cédula, cuando tienen poca existencia del material en bodegas.
Los magistrados del Poder Electoral se reunirán hoy con mandos de la Policía Nacional, para afinar detalles sobre el Plan de Seguridad que se implementará durante los comicios regionales y la organización de la Policía Electoral.
CARTOGRAFÍA “OJO AL CRISTO”
El magistrado electoral, Emmet Lang, dijo que era prematuro precisar si el paso del huracán Beta por la Costa Caribe nicaragüense habría afectado el proceso de organización de las elecciones como tal.
Aunque fuentes del Poder Electoral señalaron que hasta que se conozcan mayores detalles de la afectación de Beta en las zonas donde incidió de forma directa, es posible que la Dirección de Cartografía tenga que analizar la posibilidad de reubicar Juntas Receptoras de Votos (JRV), pero insisten que todavía no hay nada seguro.
Las zonas afectadas por el paso del huracán Beta se sitúan en la parte norte de Bluefields, como son Sandy Bay, Laguna de Perlas, Karawala y las comunidades que se encuentran en la ribera del Río Grande de Matagalpa.
El sistema de votación en Nicaragua es domiciliar, por lo que cada Junta Receptora de Votos debe atender una población mínima de 400 personas, las cuales se ubican muchas veces en un mismo Centro de Votación.
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