FSLN bloquea investigación de los US$609,000 en la CSJ
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Directivos rojinegros no avalan creación de comisión parlamentaria |
Luis Felipe Palacios y
Mirna Velásquez Sevilla
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Tres miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que pertenecen a la junta directiva de la Asamblea Nacional, no avalaron que una comisión legislativa diera seguimiento a la investigación que realiza una comisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el escandaloso “robo” de 609 mil dólares provenientes del narcotráfico, que ha generado una fuerte crítica al Poder Judicial.
Ayer, la junta directiva del parlamento, integrada por cuatro legisladores liberales y tres sandinistas —que no apoyaron la propuesta—, instruyó a la Comisión de Probidad y Transparencia, que preside el diputado Noel Pereira Majano, conocer de la investigación sobre la salida fraudulenta del dinero incautado a presuntos narcotraficantes y que se encontraban en una cuenta bancaria a nombre de la CSJ.
En el “robo” de los 609 mil dólares se han visto implicados magistrados, jueces y abogados que habrían tramado la salida fraudulenta del dinero, en una confabulación en la que también habrían participado antiguos miembros de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) del Gobierno sandinista.
LA EXCUSA DEL FLSN
Los directivos sandinistas que no avalaron que la Comisión de Probidad y Transparencia diera seguimiento al escándalo que sacude a la CSJ, son René Núñez Téllez, Mirna Rosales y Edwin Castro; presidente, segunda vicepresidenta y segundo secretario del parlamento, respectivamente.
“Nosotros, los tres directivos sandinistas, consideramos que era mejor dar un tiempo, esperar que la Corte Suprema resolviera su problema, tuviera su informe”, justificó Rosales, quien dijo, además, que el FSLN es “respetuoso de la independencia de los poderes” del Estado.
Agregó que el hecho que una comisión legislativa le dé seguimiento a lo que realiza la comisión investigadora de la CSJ, “va a hacer exactamente igual, de estar recibiendo la misma información, que la otra (comisión) le va a estar brindando”.
Rosales dijo que ella y Castro razonaron su voto, en el sentido de que era preferible “darle su tiempo a la Corte, a que termine su investigación”.
Aclaró, además, que el mandato que dio la junta directiva a la Comisión de Probidad y Transparencia, no es de investigar el “robo” de los 609 mil dólares, sino “darle seguimiento a la comisión investigadora que tiene la Corte Suprema”.
ARTIMAÑA SANDINISTA
La primera secretaria del parlamento, la liberal Auxiliadora Alemán, dijo que el diputado Castro propuso que fuesen los miembros de la junta directiva los que se reunieran con la Corte Plena de la CSJ para conocer el escándalo de los narcodólares, sin embargo la mayoría liberal en la directiva lo rechazó.
Alemán dijo que ayer mismo iba a informar al presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia, su colega Pereira Majano, sobre la decisión de la directiva, para que procediera a comunicarse con los magistrados de la CSJ.
El primer vicepresidente del parlamento y primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, dijo que la decisión de darle seguimiento al “robo” de los 609 mil dólares, a través del Legislativo, obedece a una resolución que tomaron los liberales en la casa-hacienda El Chile, propiedad del ex presidente Arnoldo Alemán, al considerar que la salida fraudulenta de ese dinero es “una ofensa a la justicia y una bofetada a la credibilidad de la CSJ”.
“Queremos conocer del trabajo de esa comisión (...), para que salga la verdad de esto y que si hay culpables, que les caiga todo el peso de la ley, y si están involucrados magistrados, que quede claro esa situación, para la transparencia de la CSJ”, agregó Navarro.
CSJ PIDE INFORME A POLICÍA
La Sala Constitucional de la CSJ pidió ayer a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, le informe sobre la detención del supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo también conocido como Jorge Eliézar Hernández y su novia Leyla Bucardo, procesados y condenados por lavado de dinero, informaron fuentes policiales.
La Corte notificó la tarde de ayer a la Policía sobre la solicitud, en la cual los magistrados demandan se aclare si la detención ocurrió en San Marcos, Carazo, como afirma una cuestionada sentencia elaborada por el magistrado constitucional Rogers Camilo Argüello, que resolvió dejar en libertad a ambos procesados.
La semana pasada, el comisionado Julio González, jefe de la DAJ, declaró que González Largo y Bucardo realmente fueron detenidos en un hotel de Managua en el 2004. Esta afirmación se contradice con la versión plasmada en la sentencia de Argüello, en la cual se otorgó la libertad a los reos, argumentando que fueron sustraídos del juez competente, al haber sido procesados en Managua.
La falsa historia alrededor de la detención de González Largo y su novia se ha vuelto crucial para la Sala Constitucional, donde se elaboró la citada sentencia —posteriormente calificada de ilegal por los demás magistrados que conforman la Sala— que a la postre permitió la salida ilegal de 609 mil dólares que fueron incautados a los procesados y que se encontraban en una cuenta bancaria a nombre de la CSJ.
En la salida fraudulenta del dinero se han visto implicados magistrados, jueces y abogados que habrían tramado el “robo” que se originó con la tramitación de un recurso de exhibición personal en el Tribunal de Apelaciones de Masaya, donde fue nombrado José Benjamín Arriaza Larios como juez ejecutor, para que constatara la supuesta detención ilegal de los acusados, y éste elaboró un informe que resumía que González y Bucardo no tenían registrado proceso alguno en la delegación policial de San Marcos.
Aunque Arriaza Larios aseguró en su informe que no existía tal registro, mencionó que la captura se dio en San Marcos el 12 de abril de 2004, pero que luego fueron trasladados a Managua. Esta vaga afirmación dio pie a que el magistrado Argüello elaborara el proyecto de sentencia, que más tarde fue utilizado para liberar los 609 mil dólares que estaban en una cuenta de la CSJ.
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