Los peligros y las amenazas del 2006
 |
El primer Informe de Observación Electoral, de Ética y Transparencia, de cara a las elecciones presidenciales del 2006, no es nada alentador. Liberales y sandinistas no sólo controlan la organización del tendido electoral, el recuento de votos y dirimen los conflictos. También imponen las reglas y sacan del juego a sus competidores. Y cuando eso no es suficiente, tal como ocurrió en Granada, la guerra de anulación de juntas se vuelve el mejor acto de magia para cambiar los resultados. El férreo control bipartidista del Poder Electoral amenaza convertir los próximos comicios en una fábula de dos tigres sueltos, contra un solo burro amarrado: la ciudadanía |
Eduardo Marenco Tercero
politica@laprensa.com.ni
Más de tres millones de personas estarían habilitadas para ejercer el voto en los próximos comicios presidenciales. Sin embargo, la desconfianza respecto a las reglas del juego, sobre las dimensiones reales del padrón electoral y en torno al árbitro de los comicios, cada día son mayores, más graves y más profundas.
El primer Informe de Observación Electoral emitido por la organización de observación, Ética y Transparencia, es una verdadera campanada de alerta.
En los procesos electorales, desde el 2000, si algo ha quedado en evidencia, señala Ética y Transparencia, es “la excesiva partidización (del Poder Electoral)”, la cual “ha avanzado hasta amenazar con un posible fraude electoral en el 2006”, afirman.
El señalamiento es preocupante y no ha dejado de generar alarma.
LA PRENSA solicitó una entrevista con el magistrado Emmet Lang y el magistrado Roberto Rivas, para abordar el tema, pero no obtuvo respuesta. Durante un encuentro público, Roberto Rivas, presidente del Poder Electoral, comentó el señalamiento de Ética y Transparencia.
“Habla de fraude quien no tiene la certeza de que va a ganar, no quiero decir con esto que esa organización esté apoyando a algún sector en particular”, dijo Rivas.
Añadió que es muy difícil un fraude con el actual sistema electoral.
JUEZ Y PARTE
El sistema electoral nicaragüense está diseñado de tal modo que liberales y sandinistas son juez y parte en el proceso electoral. La misma Ley Electoral dispone que desde la Junta Receptora de Votos hasta el Consejo Electoral Departamental, las dos primeras fuerzas serán las vigilantes del voto de los nicaragüenses. Y luego, desde la Asamblea Nacional, ambas fuerzas seleccionan a los magistrados electorales. De este modo, el círculo se cierra de forma hermética.
Asimismo, los requisitos para la obtención de la personería jurídica para un partido político, y para mantener la misma, vuelven el proceso una odisea: hay que constituir directivas a nivel nacional, recaudar la firma del tres por ciento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.
Y son causales de cancelación de personería, no participar en elecciones, y en el caso de participar, no obtener al menos el cuatro por ciento de los votos válidos en elecciones nacionales.
De participar en una alianza electoral, cada partido deberá obtener el cuatro por ciento de votos, para no perder su personería en una elección presidencial.
Al mismo tiempo, se ha aplicado una política de inhibición por razones de ciudadanía o por razones inverosímiles, como aprobar una nueva jurisdicción municipal para dejar fuera de un municipio a un candidato. Fue el caso en el 2000 de Pedro Solórzano, a quien “se le pasó una raya” para que su domicilio dejara de ser parte de Managua y formara parte del nuevo municipio El Crucero. De este modo, liberales y sandinistas lograron que —conforme a la ley— Solórzano no pudiese ser candidato a Alcalde de Managua en el 2000. La ley exigía que para ser candidato de un municipio, éste debía vivir en su jurisdicción. Para tal operación, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega utilizaron la Asamblea Nacional, el Instituto de Estudios Territoriales (Ineter) y el Poder Electoral.
En una situación similar se encuentran ahora Herty Lewites y Eduardo Montealegre. Sin embargo, la ruta de su inhibición es distinta: a Lewites lo expulsaron del FSLN y a Montealegre le “suspendieron” su “correcta militancia” en el PLC. Ambas organizaciones han eliminado la posibilidad de realizar elecciones primarias para elegir al candidato presidencial.
El bipartidismo ha logrado reproducirse, cerrando puertas a candidatos como Montealegre y Lewites, al mismo tiempo que mantiene el control del Poder Electoral.
No es extraño pues, que José Marenco Cardenal, presidente de la Comisión Electoral del PLC, y René Herrera, diputado liberal, sean los próximos magistrados electorales del PLC.
Ambos son del círculo cercano de Arnoldo Alemán. Por un lado, Marenco ha señalado que según una resolución de la Comisión Electoral del PLC, Montealegre ha interrumpido su militancia con ese partido al no cumplir otra resolución que le hizo un llamado para abandonar el Gobierno. Y que por tanto, al haber interrumpido su militancia no podía ser considerado por los convencionales como candidato presidencial. Al mismo tiempo, el PLC cerró las puertas a las primarias y serán los convencionales —cooptados por Alemán— los que elegirán al candidato presidencial. Y Herrera, ha dicho que si Montealegre quiere “correr” con el PLC “debe ir a buscar los zapatos a El Chile”, la hacienda de Alemán.
La mayoría de las restricciones del actual sistema electoral fueron acordadas entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el conocido pacto político del 2000.
DESCONFIANZA HA INCIDIDO EN ABSTENCIÓN
Un tercio de los nicaragüenses habilitados para votar se abstuvieron de hacerlo en los comicios municipales del 2004. El 46 por ciento de éstos (ver gráfico) no fue a votar por distintas deficiencias de la autoridad electoral. Entre éstas deficiencias destacan la falta de cédula o de un documento supletorio (33%), desconfianza y el fenómeno del “ratón loco” (la población deambulaba de junta en junta sin saber dónde votar).
Así se desprende del sondeo de opinión del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), efectuado en diciembre del 2004.
Por otra parte, el sondeo reveló que un 25 por ciento de las personas se abstuvieron porque los partidos no cumplen sus promesas (12%) y no había por quién votar (13%).
Sin embargo, tanto para Ética y Transparencia y el Ipade, el principal problema del CSE es la partidización de ese Poder del Estado. Y desde ya, la desconfianza crece.
EL GRAN FIASCO DE GRANADA
En las municipales de noviembre del 2004, la plaza más disputada fue Granada. Sin embargo, tanto para Roberto Courtney como Mauricio Zúñiga, ambos observadores electorales autorizados, ahí lo que ocurrió fue un fraude electoral.
“El caso de Granada, puso en evidencia la disposición de los magistrados de propiciar fraude y con absurdas leguleyadas anular los votos necesarios para alterar la voluntad popular, en una elección estrecha, pero genuinamente ganada por Apre (Alianza por la República)”, señala Ética y Transparencia en su primer Informe de Observación Electoral de cara a los comicios del 2006.
En Granada se anuló la Junta 80-60, siendo anulados decenas de votos a favor de Apre. “Fue una barbaridad”, recuerda Zúñiga.
“Tomaron como buena una copia alterada de los resultados del Acta de Escrutinio y descartaron el Acta legítima que estaba completa, y procedieron en contra de toda elemental lógica jurídica y de interés de respetar la voluntad popular”, dice Zúñiga.
¿El riesgo a futuro? “Si este comportamiento de Granada se logra reeditar de manera proporcional en X o Y juntas, donde un partido sabe que la gente votó en su contra, vamos a estar en presencia de un fraude masivo en el 2006”, dice Zúñiga.
Igual preocupación comparte Courtney, quien señala que Ética y Transparencia también investigará si el caso del “ratón loco” se presentó en circunscripciones donde algún partido en específico ha perdido históricamente. Eso será objeto de una auditoría social por parte de esa organización.
Ver: La reforma electoral pendiente
|
