Desde Washington
Mejorar el salario
Marcela Sánchez*
Ya sea que usted crea que los mexicanos ayudan o no a Estados Unidos, hay una verdad que debe aceptar: el trabajo en este país paga mucho mejor. Un mexicano de clase trabajadora gana aquí cinco a seis veces más que lo que ganaría en su país, si pudiera encontrar un trabajo similar.
Esa verdad es tan obvia que parece un cliché. Aun así permanece fundamentalmente ausente del actual debate sobre cómo reformar el sistema de inmigración estadounidense. Mucho se dice hoy en este país acerca de fortalecer la frontera, crear programas de trabajadores temporales, castigar a los empleadores o restringir el uso de licencias de conducir, pero el triste hecho es que ninguna de esas “soluciones” atiende el problema esencial —una persistente y amplia disparidad de ingresos entre Estados Unidos y México—.
Incluso, la propuesta de reforma a la inmigración presentada este mes por los senadores John McCain (R-Arz.) y Edward Kennedy (D- Mass.), la más exhaustiva y progresista en años, está más preocupada porque la política de inmigración en este país sea más humana que por tratar el tema de la disparidad en salarios entre México y Estados Unidos. El proyecto de ley formula en detalle un programa de trabajadores temporales —crea nuevas categorías de visas y cuotas y un sistema seguro de identificación para empleadores— pero sólo provee vagas indicaciones de que esa disparidad puede ser un problema o una responsabilidad que debe asumirse.
¿Por qué tanto desgano? ¿Cómo puede una propuesta que pretende reducir el flujo de trabajadores mexicanos ilegales a los Estados Unidos no considerar seriamente las causas del problema? ¿Mejorar las condiciones de los trabajadores inmigrantes no promoverá el ingreso ilegal de otros, como arguyen muchos, mientras la disparidad salarial continúe sin atenderse?.
Para vencer dicha disparidad es obvio que México debe reducir su brecha de desarrollo con Estados Unidos y elevar salarios. Lo que es igual de aparente es que los estadounidenses no sienten, por lo menos en este momento, que tienen una responsabilidad o incluso un interés en reducir esa brecha por medio de inversión de recursos y experiencia. Esto difiere mucho de la obligación que sintieron hacia Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o que la Unión Europea asumió hacia sus miembros más pobres. México y Estados Unidos tal vez compartan una frontera de más de 3,000 kilómetros, pero su sentido de un futuro compartido no parece tener una profundidad de más de tres centímetros.
En este país se tiene la firme impresión de que los problemas de México son de fabricación propia y le corresponde a los mexicanos resolverlos. Es por eso que el ex funcionario de la administración Bush Richard A. Falkenrath y otros, dicen que la idea de proporcionar significativa ayuda estadounidense a México es impensable. En efecto, México necesita desesperadamente recolectar más impuestos, reformar su sector energético y sus leyes laborales —curándose a sí mismo al remover restricciones estructurales que lo hacen más un país tercermundista que una potencia económica como la que podría ser.
El tratado de libre comercio firmado hace más de 10 años por Canadá, Estados Unidos y México, debía haber generado más empleos en México, elevado salarios y, por consiguiente, reducido el interés de emigrar. Pero resultó que eso fue mucho pedir. De hecho, NAFTA no ha generado la cantidad pronosticada de nuevos empleos ni ha aliviado la pobreza en muchas áreas de México. Para eso, según un informe sobre NAFTA del Institute for International Economics que se publicará próximamente, será necesario un “período sostenido de fuerte crecimiento y transferencia substancial de recursos a los Estados más pobres”.
Hay algunos en este país, una minoría a decir verdad, que dice que Washington debe involucrarse más directamente. De lo contrario, afirman, México no podrá reducir las disparidades por lo menos en otros 100 años. Entre ellos se encuentra Robert Pastor, ex funcionario de Carter que ha abogado incansablemente por un Fondo Norteamericano de Inversión. Pastor cita un estimativo del Banco Mundial en 2000 según el cual México necesitaría $20 mil millones de dólares anuales por una década en proyectos esenciales de infraestructura y educación para reducir esos 100 años a 10.
Pastor no guarda ninguna ilusión de que dicho fondo se creará pronto. Ciertamente la administración Bush no ha planteado ideas de tal magnitud dentro de la recientemente lanzada Asociación para la Seguridad y Prosperidad de Norteamérica, el último proyecto ambiciosamente bautizado que ni siquiera tratará el tema de inmigración a pesar de que la inmigración está directamente conectada con la seguridad y la prosperidad.
La administración y el Congreso, ante un público cada vez más temeroso y resentido con los inmigrantes particularmente mexicanos, enfrentan escasa presión para profundizar el compromiso estadounidense en México. Pero esos sentimientos prolongan la inmigración ilegal en la medida en que distraen a la ciudadanía y a sus líderes haciéndoles creer que, si se ponen suficientes barreras, los mexicanos se irán.
¿Por qué tanto desgano? ¿Cómo puede una propuesta que pretende reducir el flujo de trabajadores mexicanos ilegales a los Estados Unidos no considerar seriamente las causas del problema? El triste hecho es que ninguna de esas “soluciones” atiende el problema esencial —una persistente y amplia disparidad de ingresos entre Estados Unidos y México.
* washingtonpost.com
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