Denuncian a dos diputados
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Procuraduría pide investigar a Víctor Duarte y Leonidas Centeno por supuesto tráfico de madera |
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También denuncia al Contralor sandinista Luis Ángel Montenegro y al Alcalde de Siuna, Denis Flores |
José Adán Silva
nacionales@laprensa.com.ni
Dos diputados, un alcalde y un contralor fueron denunciados por la Procuraduría General de la República, ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, por diversos delitos vinculados al presunto tráfico de madera y la destrucción ambiental.
En una conferencia, el procurador general Alberto Novoa, el procurador penal Iván Lara y el procurador ambiental Lizandro D’León Mairena dieron a conocer la denuncia ante la Policía en contra del diputado liberal Víctor Manuel Duarte, el diputado sandinista Leonidas Centeno, el contralor sandinista Luis Ángel Montenegro y el alcalde del municipio de Siuna, Denis Flores Obando.
A los cuatro los denunciaron por separado por los delitos de instigación para delinquir, desacato a la autoridad, daños a la propiedad del Estado y defraudación al Estado de Nicaragua.
LOS HECHOS, SEGÚN LA PGR
El procurador ambiental Lizandro D’León, basándose en investigaciones de la PGR coordinadas con la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, explicó que el diputado Duarte, junto con el alcalde de Siuna y algunos concejales, motivaron la toma de tierras estatales y de comunidades indígenas en algunas zonas de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) “para posteriormente proceder a la tala indiscriminada de los bosques del sector”.
HASTA MUERTOS HUBO
Una de esas zonas, Layasiksa, adquirió notoriedad cuando dos personas murieron al ser desalojadas a balazos por los indígenas.
LA PRENSA intentó obtener la versión de Duarte, pero no fue posible localizarlo.
Otro caso denunciado por la PGR es el del diputado sandinista Leonidas Centeno, quien según la denuncia cortó 31 árboles en las riberas de un río cerca de su finca de San Sebastián de Yalí, Jinotega, y supuestamente se ha negado a pagar multas impuestas por el Instituto Nacional Forestal (Inafor).
Molesto por la denuncia, el diputado alegó que no tiene nada que ocultar porque no ha cometido ningún acto ilegal, indicando que está dispuesto a enfrentar cualquier medida legal que impulsen las autoridades.
No obstante, Centeno señaló que él ya ha explicado a la Asamblea Nacional el incidente de los árboles cortados (supuestamente por un peón que no pidió permiso) y que la denuncia, en su caso, es un acto político impulsado por adversarios liberales de la zona y “una columna de humo del Gobierno para ocultar la corrupción de sus organismos ambientales”.
El diputado dijo que impulsará junto a sus abogados un juicio contra las autoridades del Inafor y la PGR, por supuestamente estar coludidas ambas instituciones en el tráfico ilegal de madera.
EL CASO DEL CONTRALOR
La tercera denuncia interpuesta por la Procuraduría fue contra el contralor Luis Ángel Montenegro, a quien señalan de haber cortado 193 árboles en su finca, con un permiso ilegal que le extendieron supuestamente para provecho doméstico, pero terminó en una transacción comercial de 250 mil córdobas.
El incidente habría ocurrido en Sapoá, Rivas, en una finca propiedad del contralor.
El funcionario aludido retó a la Procuraduría Ambiental a que, en vez de denunciarlos, los acuse directamente y que en este caso hasta se quitaría su inmunidad.
Montenegro relató que en el año 2000 vendió 193 árboles de su finca, luego que delegados del Inafor llegaran a su propiedad a entregarle los permisos correspondientes.
Según el contralor, esos funcionarios fueron señalados después de haber sustraído permisos en blanco para negociar madera, razón por la cual fueron destituidos.
“Tengo los permisos, vendí árboles de mi finca, me pagaron árboles de mi finca. Sí, tengo entendido que los delegados de Inafor de Rivas sacaron permisos en blanco, a nombre de otras personas con las que no tengo nada que ver, de manera que más que denunciarme este Novoa, este Lara y ese Lizandro, los invito a que me acusen, y me quito mi inmunidad para que nos veamos en los tribunales”, invitó Montenegro.
A juicio del contralor, la denuncia es parte de una campaña de desprestigio del Gobierno contra los funcionarios públicos que han denunciado actos de corrupción de la actual administración.
“No tengo negocio de madera, ni sociedades de madera con nadie, más bien veo esto como una campaña de desprestigio, a la que se suman estos tres pobres ciudadanos que se prestan a un juicio político”, expresó el contralor.
DELITOS COMUNES
De acuerdo al procurador ambiental Lizandro D’León, los dos diputados, un contralor y un alcalde denunciados por la PGR, han incurrido en delitos comunes vinculados al corte ilegal de árboles y a la destrucción del medio ambiente de manera deliberada.
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