Los Somoza podrían controlar Cementera
Jorge Loáisiga Mayorga
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La familia Somoza, 26 años después de haber sido confiscada, podría tomar el control de la Compañía Nacional Productora de Cemento, si la Sala Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, revoca una sentencia del Juez Cuarto Civil de Managua, en la que rechazó el nombramiento de un interventor judicial solicitado por los Somoza.
En este momento, por decisión de la ex Juez Primero Civil de Distrito de Managua, Yelba Aguilera, existen dos juntas directivas de la Cementera, una que preside Isabel Urcuyo Rodríguez de Somoza, (viuda del ex presidente Luis Somoza Debayle) y otra que dirige, en representación del Estado, Chéster Noguera, presidente de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap).
El caso está listo para sentencia en la Corte de Apelaciones, y los magistrados que tienen a su cargo la histórica decisión son los sandinistas, Gerardo Rodríguez y Juana Méndez, y la liberal Perla Arróliga.
LA PRENSA intentó conocer alguna reacción, pero el magistrado Rodríguez dijo no recordar el caso y prometió una entrevista para hoy en horas de la mañana.
El proceso inició en diciembre del 2002, cuando Noguera denunció la nulidad de todo el contenido de un juicio que dio origen a la junta directiva de la Cementera que preside Urcuyo, representada por su hijo Álvaro Somoza Urcuyo.
Este rotativo también intentó conocer la versión de Somoza Urcuyo, pero no fue posible localizarlo.
La Cementera fue una de las primeras empresas creadas por el fundador de la dinastía somocista, general Anastasio Somoza García. Al triunfo de la revolución sandinista, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional confiscó la empresa aplicándoles el Decreto 3 que ordenaba confiscar todos los bienes de la familia Somoza y sus allegados.
La Cementera fue arrendada por el Estado de Nicaragua a la empresa Cementos Mexicanos (Cemex), desde el 2001 por un período de 25 años a un canon de arriendo aproximado a los 1.5 millones de dólares anuales.
ACCIONES DE LOS SOMOZA
La batalla legal por el control de la administración de la Cementera comenzó el 27 de noviembre de 2001, cuando el abogado Aristides Somarriba Vallecillo compareció en el Juzgado Primero Civil de Distrito de Managua como apoderado general judicial de Isabel Urcuyo Rodríguez viuda de Somoza y actuando como apoderado generalísimo sustituto de su madre, Álvaro Somoza Urcuyo.
En el escrito presentado por Somarriba éste explicaba que Urcuyo era accionista de la Cementera y que la misma era dueña de la vigésima parte del capital social de dicha sociedad.
Además, pidió a la judicial la realización de una junta general extraordinaria de accionistas. La diligente juez, que aparentemente desconocía la existencia del decreto tres, autorizó y convocó a reunión a los accionistas de la Cementera para el 21 de diciembre de 2001.
El 11 de enero se reunieron ante la judicial Aguilera y su secretario, Adrián Pérez Centeno los supuestos accionistas de la Cementera. En ésta acordaron que el capital de la sociedad era de C$81 millones, el mismo que tenía al 10 de mayo de 1978; prorrogaron el plazo de existencia de la sociedad por 20 años y nombraron nueva junta directiva que preside Isabel Urcuyo Rodríguez. Jorge Ernesto Asencio Aguirre, vicepresidente, José Dabayle, tesorero, Mercedes Calero, vocal y vigilante a Lorenzo Kelly.
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