Tregua por Nicaragua
En ocasiones anteriores hemos dicho que en política no existe callejón sin salida, o sea que no hay ninguna crisis institucional y gubernamental a la que no se le pueda encontrar una solución. Y al respecto de la crisis institucional que sufre actualmente Nicaragua, una salida viable y honorable podría ser la que sugirió una diplomática euro-nórdica a fines del año pasado: que las reformas constitucionales queden aprobadas pero que entren en vigencia hasta que asuma el nuevo Gobierno que resulte elegido en los comicios del 5 de noviembre del 2006.
Los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo están atrincherados en sus respectivas posiciones, el primero reforzado por una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia que declaró inválidas las reformas constitucionales que alteran el equilibrio de poderes en el sistema de gobierno; y el otro apoyado por la Corte Suprema de Justicia, que le negó jurisdicción a la Corte Centroamericana y avaló las reformas constitucionales aprobadas por la coalición parlamentaria de sandinistas y liberales.
Esta crisis no se ha podido resolver hasta ahora precisamente porque el FSLN y el PLC —que son los partidos que dominan la Asamblea Nacional— están empeñados en obligar al presidente Enrique Bolaños a someterse a las reformas constitucionales, mientras que éste se resiste a someterse por todos los medios a su alcance, inclusive apelando a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En estas circunstancias, diversas organizaciones de la llamada sociedad civil presentaron el lunes de esta semana la propuesta de “detener inmediatamente toda acción que siga alimentando la crisis institucional”, y ampliar el denominado diálogo nacional —que hasta ahora ha sido una negociación tripartita del Gobierno con las cúpulas del FSLN y el PLC—, que por cierto está suspendido desde hace varias semanas.
La primera parte de la propuesta de la sociedad civil se refiere, sin duda, a que los diputados del FSLN y el PLC se abstengan de escoger, tal como lo han amenazado, los cargos de las nuevas entidades estatales que ellos mismos han creado en la Asamblea Nacional, como la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep) y el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural (Imprur), escogencia que agravaría la crisis pues el Poder Ejecutivo ha advertido que no reconocerá a esos funcionarios, y los diputados dicen por su parte que los impondrán por medio de la fuerza policíaca si así fuese necesario.
En realidad la propuesta de las asociaciones civiles de no seguir echando leña al fuego de la crisis, es razonable. Pero muy difícilmente los políticos libero-sandinistas se echarían hacia atrás. Además, sería una ineficaz torre de Babel un diálogo nacional de todo el mundo: representantes del Gobierno, partidos políticos, empresarios privados, organizaciones civiles, sindicatos, etc.
En la democracia el diálogo es necesario, indispensable inclusive, y no sólo cuando hay crisis sino que de manera permanente. Pero el diálogo tiene que ser viable y eficaz. Y en nuestro caso tal vez lo aconsejable sería celebrarlo de manera diferenciada: por un lado los titulares de los poderes del Estado con los partidos políticos, y por otro los representantes de la sociedad civil con los poderes políticos y gubernamentales.
Tal vez de esa manera se podrían bajar las tensiones, debilitar la intransigencia y disuadir las tentaciones de violencia. Además, la mesa de diálogo de la sociedad civil con el Gobierno podría suministrar insumos a la negociación de los poderes estatales y los partidos políticos.
En todo caso lo que se necesita es buena voluntad para obtener resultados positivos, como por ejemplo posponer la ejecución de las reformas constitucionales hasta el siguiente período gubernamental. Aparte de eso sólo quedaría la receta ucraniana, libanesa, georgiana o kuirguiza. Es decir, una poderosa movilización cívica de los ciudadanos para barrer de las instituciones a los políticos que han sido incapaces de manejar decorosamente al país, y que más bien lo tienen al borde del colapso y del desastre total.
Pero esto es muy difícil que ocurra. Depende de los mismos ciudadanos, los que están visiblemente inconformes con la crisis y hastiados de los políticos, pero todavía no se deciden a lanzarse a la calle para resolver de una vez por todas la situación.
|
