La Carta Democrática Interamericana fue suscrita por 34 estados miembros del Sistema Interamericano, el 11 de septiembre del 2001, el mismo día en que fueron derribadas las Torres Gemelas por un acto terrorista. Tiene siete páginas y 28 artículos. Es un instrumento que en el marco del principio de no intervención permite a los estados miembros interponer sus buenos oficios y gestiones diplomáticas cuando se da una ruptura del orden democrático
Crisis en ecuador. El viernes, el Consejo Permanente de la OEA emitió una resolución para instar al diálogo en Ecuador, luego de una crisis que implicó la destitución del presidente Lucio Gutiérrez.

Eduardo Marenco Tercero

Cuáles son los alcances y los límites de la Carta Democrática Interamericana? El instrumento diplomático plantea medidas para “el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”, en casos de gravedad extrema. Para unos, la Carta Democrática es un “seguro de vida” para presidentes amenazados. Para otros es letra muerta. En el caso del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue la última carta que le permitió recobrar el poder constitucional, luego del golpe en su contra del 11 de abril del 2002. Fue un recurso final.

La Carta Democrática es reconocida por el Gobierno de Nicaragua. Cuando el Gobierno de un Estado miembro considera que está en riesgo su “proceso político institucional democrático” o su “legítimo ejercicio del poder”, puede recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente, a fin de solicitar asistencia.

En este sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA) puede disponer visitas —con el consentimiento previo del Gobierno afectado— para conocer la situación política in situ. Una vez que los “buenos oficios”, las visitas para conocer la situación y las “gestiones diplomáticas” hayan sido “infructuosas” o si la “urgencia del caso lo aconsejare”, el Consejo Permanente puede convocar de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

Y una vez se constate “la ruptura del orden democrático en un Estado miembro” y que las “gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas”, conforme a la Carta de la OEA, la Asamblea puede tomar la decisión de “suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”, con el voto afirmativo de dos tercios de los estados miembros (34).

Una decisión tal, implicaría el aislamiento internacional del Estado miembro. Una suerte de limbo, al menos en el plano interamericano. Una vez adoptada la suspensión de un Gobierno, la OEA mantiene gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia.

El Gobierno del presidente Enrique Bolaños, a raíz del enfrentamiento de poderes acrecentado por las reformas constitucionales e institucionales que restan atribuciones al Presidente de la República, recurrió al Secretario General de la OEA al considerar que se encuentra en riesgo su legítimo ejercicio del poder o el proceso político institucional, a raíz de tales reformas.

La respuesta de la OEA fue el envío de una misión técnica para conocer la situación in situ. Y, especialmente, lo relativo a la “independencia y separación de los poderes públicos”, uno de los pilares de la democracia representativa, según el artículo tres de la Carta Democrática.

La misión se ha reunido con todos los poderes del Estado, representantes de los partidos políticos y otras personalidades, a lo largo de cuatro días en la semana que ha finalizado.

LA PRENSA ha entrevistado a dos analistas, uno liberal y otro sandinista, para conocer sus apreciaciones alrededor de los límites y alcances de la Carta Democrática, en medio de la crisis política nacional.

El Gobierno de Nicaragua ha recurrido a la Carta Democrática, en un momento en el que la misma OEA se ha visto sumida en una crisis a raíz de la renuncia de su anterior Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez, procesado por supuestos cargos de corrupción en Costa Rica; y luego del impasse tras la difícil elección de su sucesor, José Miguel Insulza, quien asume el cargo el 26 de mayo próximo.

ORTEGA RESALTA PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

Antes que nada, el liberal Alfonso Ortega Urbina, presidente de la Comisión del Exterior de la Asamblea Nacional, cita el artículo primero de la Carta de la OEA, el cual señala que ninguna de sus disposiciones “la autoriza a intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros”. Y el artículo dos, reitera que la OEA debe promover la “democracia representativa” dentro del respeto del principio de no intervención.

Para Ortega, la OEA puede actuar solamente cuando se afecta al sistema democrático por medio de hechos violentos. Es decir, “cuando se da un golpe de Estado a un Gobierno democrático establecido”. El castigo, razona Ortega, es “suspender al nuevo Gobierno al decirle que no puede pertenecer a la OEA porque violentó los términos de la Carta Democrática”.

La visita de la misión técnica de la OEA, Ortega la entiende como parte de “los buenos oficios” establecidos en la Carta Democrática.

“Mientras no haya actos violentos que acaben con un Poder del Estado por medio de la violencia, entonces la democracia sigue caminando, se observa el orden constitucional”, dice Ortega.

En el caso de Nicaragua, explica Ortega, la misión técnica de la OEA ha escuchado a todos los poderes del Estado para luego emitir recomendaciones para fortalecer la democracia representativa. Ortega considera que es un instrumento positivo, sin embargo no entiende cómo el presidente Enrique Bolaños podría solicitar una sanción —basado en la Carta— que implique la suspensión de su propio Gobierno del sistema interamericano, que es lo que sucedería a su entender.

“NACIÓ MUERTA”

Aldo Díaz, intelectual sandinista, piensa que la Carta Democrática nació muerta. “La fatalidad la liquidó el mismo día de su suscripción”, a juicio de Díaz, pues la política exterior de Estados Unidos cambió radicalmente hacia la región: la democracia dejó de ser una categoría de la política exterior norteamericana, que giró en torno al concepto de la Seguridad Interna de Estados Unidos.

La Carta Democrática se suscribió el 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, con la presencia del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.

“Aparte de que es non nata, que nace muerta literalmente hablando, se da el fenómeno de Venezuela”, dice, siete meses después.

Pero, “América queda en descampado”, comenta. “Unos se entusiasman muchísimo a favor del golpe (contra el presidente Chávez de Venezuela), otros se entusiasman muy tímidamente, en favor del golpe, y muy poquitos creen que hay que respetar la democracia”, señala Díaz.

“Y entonces se comprueba la inutilidad de la Carta en función de la nueva categoría de la Seguridad Nacional de Estados Unidos”, considera.

Finalmente, señala Díaz, el mapa político de América ha sufrido una gran transformación entre el 2001 y el 2005, con el triunfo de gobiernos de izquierda en Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, entre otros. Y por tanto, a su criterio, “la Carta vuelve a quedar desfasada y neutralizada por las circunstancias”.

¿Por qué? El cambio del mapa político, razona, hace que la “democracia participativa” pase a primer plano, democracia fundamentada en los movimientos sociales de una “fortaleza increíble” que se unen a los partidos políticos y emergen como “instrumento de poder”. En América del Sur, añade, sólo Colombia no está en esa vía. Y “México empieza a resurgir”. El único espacio que le queda a Estados Unidos para batallar a favor de la democracia representativa, es Centroamérica, añade.

En el caso del golpe al presidente Chávez, Díaz minimiza el papel de la Carta Democrática. “Hoy por hoy es un instrumento muerto”, agrega.

Por un lado, sostiene, los países que se entusiasmaron con el golpe no les interesaba invocarla, como tampoco a quienes no se entusiasmaron, pues no querían legitimarla. Sin embargo, la OEA tomó cartas en el asunto y fue vital para que los golpistas no fueran reconocidos internacionalmente.

Díaz piensa que si la Carta Democrática sufre un cambio de “enfoque filosófico”, de la democracia representativa a la democracia participativa, y si el continente asume este nuevo concepto en la OEA, “la Carta podría resurgir”. Pero lo ve improbable con la presencia en ese foro de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, para presidentes amenazados como Bolaños —ahora— y como Chávez —antes—, la Carta Democrática ha demostrado ser un nada despreciable recurso final.

EL CASO DE CHÁVEZ

El 11 de abril del 2002, estalló una sangrienta crisis social y una rebelión militar que concluyó en la detención del presidente Hugo Chávez. Se aseguró que había renunciado.

El 13 de abril, el Consejo Permanente de la OEA consideró que se dio “una alteración del orden constitucional”, por lo cual resolvió condenar tal acto, así como los graves hechos que implicaron la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, resolvió enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una misión encabezada por el Secretario General de la OEA, con el objetivo de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática. De sus gestiones se mantuvo informado al Consejo Permanente.

De igual manera resolvió convocar, de conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, de la Carta Democrática Interamericana, a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en la sede de la Organización el jueves 18 de abril de 2002 para recibir el informe del Secretario General y adoptar las decisiones que se estimasen apropiadas. La resolución CP/RES. 883 (1484/05), emitida a siete meses de la suscripción de la Carta Democrática, fue un espaldarazo clave para Chávez y fue un ‘jaque mate’ para el gobierno ilegítimo que se había constituido. De esta manera, se había aplicado por primera vez la Carta Democrática.

“Había un golpe de Estado y había que reponer al Gobierno anterior y pusieron a Chávez otra vez”, comenta Alfonso Ortega Urbina.

ARTÍCULOS CLAVES

La Carta Democrática Interamericana se plantea la defensa de la “democracia representativa” en la región.

El artículo tres la define así: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

El artículo 17 señala: “Cuando el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General de la OEA o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

La última carta delos presidentes