Fenosa detalla incumplimiento
Moisés Martínez y
María José Uriarte
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Un total de 12 puntos son los que reclama Unión Fenosa al Gobierno como razones para justificar un incumplimiento del contrato de distribución eléctrica del Estado de Nicaragua y, en un escenario más drástico, cobrar el seguro de riesgo político de 115 millones de dólares contraído con la aseguradora Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), adscrita al Banco Mundial (BM), para proteger sus inversiones en Nicaragua.
Esos 12 puntos forman parte de un paquete de reclamos de la distribuidora eléctrica española, presentados al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) a lo largo de cinco años que tiene de estar en el país.
En primer lugar, Fenosa reclama la revisión de la normativa tarifaria, alegando que ésta debía modificarse después de dos años de operar en el país, de tal forma en que se incrementara el margen de ganancias de la empresa. Seguidamente está el aspecto de los peajes, los cuales tampoco han sido incrementados en beneficio de la distribuidora eléctrica.
Otro punto es el referido al tema de los desvíos en los precios de compra de generación energética, los cuales no han sido reconocidos a Fenosa, pese a que éstos ya pasaron el precio de referencia establecido por el INE debido a los incrementos en el precio del búnker.
Fenosa también reclama la falta de una actualización tarifaria en el presente año, debido a que el INE carece de facultades jurídicas para pronunciarse sobre esto.
FENOSA ALEGA LEYES NOCIVAS
Los siguientes puntos del reclamo de Fenosa se relacionan con una serie de leyes y reformas administrativas aprobadas por la Asamblea Nacional y el Gobierno, que le han afectado financieramente.
En ese sentido, la distribuidora eléctrica reclama por las reformas a la Ley de Industria Eléctrica que modificaron el concepto de “energía no registrada”, las reformas a la Ley de Equidad Fiscal que cargaron a la empresa con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por aquellos consumidores menores de 300 kilovatios hora; la Ley General de Turismo, que le dio a este sector una tarifa preferencial.
Otras leyes por las que reclama Fenosa son, la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), porque la entrada en funciones de esa institución implica el congelamiento por un año de la reforma al pliego tarifario; la reforma a la Ley Creadora de Enacal, que le da a esa institución el carácter de gran cliente, lo que le permite comprar energía directamente en el mercado de ocasión y no sólo a Fenosa.
Otras quejas de Fenosa se refieren a que la Alcaldía de Managua no ha aprobado que financie el uno por ciento de sus ganancias que entrega a la comuna por medio de la facturación, el hecho que INE no ha cumplido con mantenerle la exclusividad de la distribución eléctrica y, finalmente, que esta institución realice auditorías en la distribuidora eléctrica, supuestamente hechas por personas que no son independientes.
Para hoy, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional tiene previsto reunirse con un representante del Banco Mundial, quien viene a verificar estos términos en los que Fenosa solicitó la revisión del supuesto incumplimiento por parte del Estado nicaragüense a los términos del contrato.
PROBLEMAS DE PAGO
Por otro lado, el presidente Enrique Bolaños mencionó que existe una comisión especial del Gobierno negociando el tema del alza en la tarifa eléctrica, pero reconoció que el aumento en el costo por compra de petróleo está afectando severamente al país.
“Hay una comisión que está negociando y estudiando el asunto de las tarifas, hay un hecho real. El gran problema que tiene Nicaragua no es subsidiarle a Juan o Pedro o a tal con una tarifa eléctrica. El gran problema de Nicaragua es pagar la enorme factura petrolera que tenemos que comprarle a Venezuela. El año pasado la factura fue de 420 millones de dólares, este año va a ser, por lo menos, de 550 millones. El problema es cómo pagarla, tenemos que producir más para buscar cómo pagarla”, dijo el mandatario.
“El Tratado de Caracas está vigente. Lo que pasa es que Nicaragua con la HIPC, las condiciones de préstamo que puede recibir tienen que ser concesionales, y los préstamos que da Venezuela para la comprada de facturas petroleras no son concesionales”, añadió el mandatario.
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