Legislativo apaña ‘piñata’ de propiedad
Luis Felipe Palacios y
María José Uriarte R.
El parlamento nicaragüense aprobó ayer la reforma a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), pese a la oposición del Ejecutivo y la advertencia del Gobierno de Estados Unidos, que amenazó con suspender la ayuda bilateral a Nicaragua.
Sandinistas y liberales, que controlan la Asamblea Nacional y se oponen al presidente Enrique Bolaños, decidieron que las resoluciones del nuevo director del Inprur sobre conflictos de propiedad, sean agotadas en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que también dominan sandinistas y liberales.
“En consecuencia, no procede abrir nuevos juicios en la vía jurisdiccional para esos casos resueltos por el Inprur”, señaló el diputado sandinista Bayardo Arce, padre de la moción.
Tampoco podrán recurrir nuevamente ante la vía administrativa, porque será cosa juzgada, indicó.
ES INCONSTITUCIONAL
A juicio del legislador Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, ese artículo es inconstitucional porque limita el derecho de los nicaragüenses.
Tardencilla observó que no se puede poner a un nicaragüense afectado en el ámbito estrictamente administrativo, donde hay una decisión de Estado, en un ámbito jurisdiccional “en donde ya no hay más posibilidad para arriba”, porque sería cosa juzgada y violaría todos los principios y garantías de naturaleza humana.
“Ya lo canto, como dicen por ahí, esta ley de reforma (al Inprur) va a ser ‘chíchemente’ botada con recursos de inconstitucionalidad, por la barbaridad expresa que en ella está contenida”, advirtió el legislador.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial asumirá las atribuciones de la Sala Nacional de la Propiedad, disuelta por la ley, dándole un plazo de seis meses para hacer la transferencia y resolver los casos pendientes.
Esta Sala es presidida por el magistrado Guillermo Selva y la misma la integran los magistrados Francisco Rosales, Yadira Centeno, Carlos Guerra, Ligia Molina Argüello y Nubia Ortega Robleto.
La reforma a la ley también contempla la disolución de la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap), pasando todas sus atribuciones, derechos, bienes y acciones al Inprur.
Otro de los aspectos más controversiales de la ley, es que el director del Inprur puede decidir que si no hay devolución de una propiedad, el Gobierno tiene que buscar los recursos para indemnizar al afectado.
A juicio de Alfonso Castellón, asesor de la Asociación de Confiscados de Nicaragua, la creación de ese Instituto de la Propiedad y más aún en manos de un sandinista, promoverá el pago de bonos a los confiscados y alentará la toma de tierras en diferentes puntos del país.
Castellón precisó que durante el Gobierno sandinista, en los años 80, los sandinistas “se tomaron” un millón 600 mil manzanas de tierra productiva —equivalente a un promedio de 70 mil haciendas—, y unas 50 mil casas de particulares, que ahora van a querer legitimar.
“Esto (creación del Inprur) le viene a poner un resello a la ‘piñata’ (sandinista) ocurrida en la década de los ochenta”, sentenció el diputado Miguel López, de la bancada Azul y Blanco.
A causa de la llamada “piñata” sandinista, dijo Castellón, el Gobierno de Nicaragua también tiene pendiente de resolver 768 casos de propiedad de ciudadanos estadounidenses, que de no hacerse, puede poner en riesgo la ayuda económica hacia el país.
El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por el atraso en la solución de reclamos de ciudadanos norteamericanos expropiados durante el Gobierno sandinista.
¿EJECUTIVO VETARÁ?
El secretario de la Presidencia, Ernesto Leal, reiteró que el Gobierno desconoce la validez de lo actuado por la Asamblea Nacional, porque jurídicamente no se pueden implementar las reformas constitucionales y por ende esas leyes, basado en la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia.
No obstante, Leal no descartó que el Ejecutivo analice la posibilidad de vetar las reformas aprobadas por las bancadas mayoritarias, lo que afirmó, no se trata de una posición ambigua del Gobierno que, de vetarlas, legitimaría las reformas.
Leal aseguró que el Gobierno decidió no enviar propuestas para el cargo de director del Inprur, y hará un llamado para que la sociedad civil tampoco presente ternas.
El funcionario instó a los parlamentarios a que “entren en razón” y en la mesa del diálogo nacional busquen el consenso.
En caso contrario, advirtió, el país puede llegar a un caos económico: “Hay un partido que le está entregando todo el poder de la nación a otro partido; lo triste de esto es que el PLC, y sería bueno hacerle un llamado a estos liberales, que no le entreguen el país al Frente Sandinista, porque si no lo que van a producir es que este país va a entrar en un problema económico que es irreversible”, concluyó Leal.
¿QUITAN VISA A RAMÍREZ?
Fuentes parlamentarias confirmaron que existe molestia en la Embajada de Estados Unidos por la aprobación de las reformas constitucionales, y que por esa razón habrían decidido suspender las visas a algunos diputados, mencionando a Noel Ramírez.
"No me gustaría adelantar o especular, con todo gusto voy a comentarlo cuando conozca la decisión, si se ha tomado", comentó Ramírez.
LA PRENSA consultó a funcionarios de la embajada de Estados Unidos sobre esa posibilidad, pero no la confirmaron ni la negaron. Ramírez tiene previsto viajar a EE.UU. a un chequeo médico.
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