Procuraduría alista pruebas
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Procurador dice que mafia maderera es “oscura y peligrosa”, pero que denunciará ante la Policía |
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Diputados y contralores “indignados” insisten en que se revelen los nombres de involucrados |
José Adán Silva y
Ludwin Loáisiga
Sigue el suspenso. La Procuraduría General de la República (PGR) no reveló ayer los nombres de los supuestos diputados, militares y otros funcionarios públicos presuntamente involucrados en el tráfico ilegal de madera.
La semana pasada el Procurador del Medio Ambiente, Lisandro D’León Mairena, denunció que funcionarios públicos y militares estaban involucrados en el tráfico ilegal de madera preciosa, incluyendo funcionarios del Ministerio del Ambiente (Marena) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor).
También anunció desde la semana pasada, que ayer daría a conocer los nombres de los involucrados, pero no lo hizo y su superior, el procurador Alberto Novoa, salió al frente a modificar la denuncia inicial y admitir que las pruebas de la denuncia son débiles y no están todavía confirmadas debido a que el mencionado tráfico “es poderoso y oscuro” en su forma de operar.
15 DÍAS MÁS DE MISTERIO
Novoa dijo que no revelarían los nombres hasta dentro de 10 ó 15 días, luego que documenten bien el caso y hagan la correspondiente denuncia ante la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
El atraso ha generado críticas de parte de diputados, funcionarios y contralores, quienes han empezado a sospechar que el funcionario ambiental también está involucrado en el asunto y que su denuncia es una cortina de humo para impedir otras investigaciones.
A la par de las críticas de los diputados liberales Wilfredo Navarro y Enrique Quiñónez, así como del contralor liberal Guillermo Argüello Poessy, se sumaron ayer las de dos diputados más, Bladimir Pineda, diputado liberal por el departamento Río San Juan, y Leonidas Centeno, diputado sandinista de Jinotega.
El primero se presentó ayer a la Contraloría, a solicitar que investiguen al Procurador Ambiental Lisandro D’León Mairena, porque supuestamente su denuncia provocó “un efecto negativo” en el desarrollo de investigaciones que la Asamblea Nacional realiza en Río San Juan y el Triángulo Minero, donde se ha denunciado corrupción con los permisos para corte de madera.
Pineda advirtió que si D’León no revela los nombres, “podría terminar en los Juzgados, por cómplice del delito” que denunció.
“YO NO FUI”
Por su parte el diputado sandinista Leonidas Centeno, negó rotundamente que él esté involucrado en acción ilícita alguna, e invitó a las instituciones ambientales a investigar in situ las denuncias realizadas por la Procuraduría Ambiental.
La semana pasada, LA PRENSA publicó que el diputado Centeno sería uno de los seis diputados que presuntamente están en el tráfico ilegal de madera, ya que así lo sugería una denuncia del Procurador Ambiental regional del norte, Aristeo Zeledón Rodríguez, y de la delegada del Inafor en Yalí, Mayra del Socorro Flores; ellos habrían sancionado con multas pecuniarias al diputado Centeno, porque supuestamente derribó 30 árboles, para sembrar tomates y depredar las riberas del río Monte Cristo en la comarca El Amparo, municipio San Sebastián de Yalí, en una finca familiar.
Centeno negó tal acción. Explicó que los árboles fueron botados sin permiso por un trabajador campesino, que la madera botada no ha sido aserrada ni vendida y que toda la denuncia es una acción política promovida por los alcaldes liberales de la zona, cuyo objetivo es desprestigiarlo por su afiliación política al Frente Sandinista.
AMENAZAS DE JUICIOS
El diputado Centeno anunció ayer que acusaría judicialmente a delegados del Instituto Nacional Forestal y Ministerio del Ambiente en Jinotega, por estar presuntamente involucrados en el tráfico ilegal de madera.
También anunció que hoy pedirá a la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional que vaya a inspeccionar la zona, para confirmar la explotación ilegal de los bosques bajo la supuesta complicidad de alcaldías y funcionarios ambientales.
Anunció que también pedirá que se sancione y remueva a los funcionarios de esas instituciones, y aseguró que entablará acciones judiciales contra la Procuraduría Ambiental, hasta que demuestre su denuncia, una de las más graves que ha presentado.
“ZANGANADAS”
“Yo viajo hasta Ayapal, me meto sobre la ribera del río Coco, Cuá-Bocay, y allá son zanganadas, de las que están siendo cómplices las alcaldías liberales, los delegados de Inafor y funcionarios del Marena. Tengo pruebas de que son camionadas de madera las que pasan frente a sus narices”, denunció el diputado sandinista Leónidas Centeno, quien anunció entablará demandas contra quienes lo han involucrado en el caso.
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