La crisis energética que sufre Nicaragua actualmente —que es un problema internacional provocado por el arbitrario, constante y desmedido aumento del precio del petróleo—, tiene o debe tener alguna solución. En realidad, todos los problemas económicos, sociales y políticos tienen solución, pero lo primero que hace falta es voluntad y energía para resolverlos.

La crisis energética de Nicaragua se debe a que cada vez resulta más costoso producir y distribuir la energía eléctrica, debido a que el combustible que se usa para generarla aumenta de precio de manera incontrolable e incontenible. Al respecto se ha informado que en el año 2004 el país gastó en la factura petrolera unos 400 millones de dólares, y que en el 2005 tendrá que gastar más o menos 500 millones de dólares, o sea 100 millones de dólares más que el año pasado. Sin embargo el aumento de 100 millones de dólares en la compra de petróleo no tiene por qué ser catastrófico, si acaso es cierto que en este año el valor de las exportaciones será de unos 900 millones de dólares, o sea 144 millones más que en el 2004 cuando Nicaragua exportó 756 millones dólares.

Por supuesto que el asunto no es tan sencillo, pues aunque crezcan los ingresos por exportación el aumento del precio del petróleo perjudica gravemente a los consumidores directos e indirectos de energía y combustibles, y además congela la posibilidad de un mayor crecimiento económico del país.

Para disminuir los efectos negativos del aumento de la factura petrolera, lo lógico y necesario es reducir la compra y el consumo del petróleo, que desgraciadamente es un insumo indispensable para la vida moderna en todas partes del mundo pero se obtiene de un recurso natural que no posee la mayoría de los países, incluyendo a Nicaragua. De modo que los países que no tienen petróleo no deben gastarlo como si lo tuviesen.

Aparte de que en los países que no poseen petróleo el gasto de combustible y energía debe ser permanentemente moderado, ante la crisis creada por el aumento brutal del precio del crudo la primera medida que es necesario ejecutar es la de maximizar el ahorro energético. Ciertamente, la lógica más elemental indica que si un producto aumenta su precio incesantemente, por muy necesario que sea hay que reducir su consumo, o reemplazarlo con algún equivalente menos caro.

Por otro lado, es imperativo poner fin a la pérdida de energía, pero no sólo de la que se pierde por debilidades técnicas sino también de la que se roban los que tienen conexiones ilegales. Se dice que el mayor robo de energía eléctrica no ocurre en los asentamientos populares, sino en los repartos donde vive la gente adinerada y en empresas particulares. Pero si es así, ¿por qué la empresa distribuidora de energía o quienes tienen por qué conocerlas, no denuncian con sus nombres y apellidos a las personas particulares y jurídicas que están robando energía eléctrica, y se les obliga a pagar? ¿Cuáles son esas personas “intocables” que quienes las conocen y tienen la obligación de denunciarlas, sin embargo no las denuncian?

También, entre los pasos que deberían darse de inmediato para enfrentar la crisis de la energía y el combustible, nos parece que se debe considerar la supresión de las cuantiosas asignaciones gratis de combustible (200 galones mensuales) que reciben los diputados y otros altos funcionarios estatales, o por lo menos reducirlas a una cantidad razonable.

Y, finalmente, es tiempo de que se comience a promover la generación eléctrica a base de fuentes alternativas y menos costosas que el petróleo, tales como la geotermia, la eólica, la biomasa y la hidroeléctrica.

En todo caso, lo que no debería hacer el Gobierno es ir a donde el dictador petrolero de Venezuela, Hugo Chávez, a humillarse y pedirle que le resuelva a Nicaragua la crisis energética. ¿Acaso el presidente Enrique Bolaños y sus asesores no saben que recibir el favor petrolero de Chávez significaría que el Gobierno de Nicaragua tendría que callar en los organismos internacionales —y por tanto ser cómplice— ante la escalada de agresiones que la dictadura chavista está perpetrando contra las libertades individuales y la democracia en Venezuela?

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