Las fumarolas se han apagado. Las pérdidas: cien millones de córdobas. Varios policías heridos y uno de ellos con la pérdida de uno de sus ojos. Fueron seis días en los que se organizó el caos pero el FSLN no obtuvo la presea que más reclamaron sus alcaldes: la destitución del presidente Enrique Bolaños. Más aún: el FSLN debió darse cuenta que la población no lo considera interlocutor válido para enfrentar la crisis que le agobia
Ni este viejo robur se salvó. Según fuentes del Gobierno, algunos transportistas ofrecían las unidades más viejas como carne de cañón para ser calcinadas durante las protestas, como coreografía de una tramoya a la que finalmente no se sumó la población.

Eduardo Marenco Tercero

El alza en el precio internacional del petróleo hizo estallar la crisis del transporte urbano en la ciudad de Managua, a mediados del mes de abril. Ya las llantas humeantes se ven lejos en la memoria pero los estragos del conflicto aún dejan dolor, como en la familia de un oficial de Policía que perdió un ojo, a causa de un disparo de mortero.

Hace falta hacer números para entender la dimensión de la crisis energética que aún viviremos en el futuro.

El Presidente de la República, Enrique Bolaños, ha hecho su propio recuento: “En enero del 2002 el precio internacional del crudo que compra Nicaragua era de US$19.10; en enero del 2005 ya era de US$42.16 y en abril del 2005 llegó a US$54.26. Del 2002 al 2005 había pues, subido 184% y desde enero 2005 a abril (en apenas tres meses) había subido 29%”.

El impacto en la economía es brutal. Oscar René Vargas, analista político, señala que se ha calculado que las reservas mundiales del petróleo serán viables hasta el 2040. En cambio, mientras la oferta tiende a disminuir —sobre todo después de la guerra de Irak—, la demanda se multiplica de la mano del gigante chino y de la India, que engullen toda la energía que pueden.

Vargas dice que se calcula que entre el 2010 y el 2015 el precio del barril del petróleo podría llegar a los 380 dólares por unidad.

A lo inmediato, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, descarta que el precio del barril llegue a los cien dólares, lo cual ve posible sólo en un escenario “catastrófico”.

En todo caso, en Nicaragua la tela se rompió por lo más fino: el precio del pasaje en Managua. “El problema del alza de los precios del petróleo es un problema real. El costo de operación del transporte público correspondía a tres córdobas por viaje en lugar de 2.50, en Managua. Eso lo reconoció el Gobierno y la Alcaldía. Los precios del petróleo pujaban un alza de la tarifa”, explica Arana.

El presidente Bolaños también ha hecho el balance: “Con el alza del pasaje, un estudiante tendría que pagar C$5.00 más, cada semana. Un trabajador tendría que pagar C$6.00 más por semana”.

El golpe al ciudadano de a pie iba directo al hígado. Sin embargo, el Gobierno tenía información de que sobre la base de la crisis, había intereses sandinistas por organizar el desmadre: tensar la cuerda a ver si ésta se rompía.

UN LUNES NEGRO

Arana señala que se sabía en el Gobierno que desde antes de Semana Santa se organizaba un “lunes negro” mediante un paro nacional. Se negoció con el transporte de carga y el transporte interurbano para evitarlo. Se dio el cambio de hora. Se aumentó en quince por ciento el salario mínimo. El alcalde de Managua, Dionisio Marenco, acordó aumentar el pasaje de bus a tres córdobas en la capital, lo que equivalía a un aumento del veinte por ciento. Pero luego se echó para atrás.

La crisis estalló en Managua. Grupos de jóvenes identificados como estudiantes quemaron buses, los transportistas se enfrentaron a los estudiantes y se organizaron tranques focalizados en distintas arterias de la ciudad de Managua.

“Esta crisis se manipuló de forma tal, que en lugar de buscarse soluciones, se desembocó en una agitación social artificial, creo que fue así. La mayor parte de la población siempre fue a su trabajo. Las empresas han confirmado que no les faltaba gente en el trabajo. Los métodos utilizados fueron inadecuados y altamente costosos para la economía y la imagen del país que busca inversión internacional”, señala Arana.

El presidente Bolaños lo ve así: “Después de que el Gobierno consigue el aumento al salario mínimo (quince por ciento), el Alcalde retrocedió en su decisión y desconoció el alza del pasaje”.

“La violencia se recrudeció. Teníamos pues ya varias sesiones de negociaciones y la ponencia de los sandinistas era la de exigir del Gobierno la no-alza de los precios de combustible, a sabiendas de que no tenemos la capacidad de incidir en los precios internacionales. Se trataba de una trampa para crear caos”, valora Bolaños.

LA PRENSA intentó obtener la valoración de la crisis, de Rafael Quinto, dirigente transportista, y de Gustavo Porras, diputado sandinista, pero no devolvieron llamadas.

Los alcaldes sandinistas (87 a nivel nacional) demandaron la destitución del presidente Bolaños. En esos mismos días, Lucio Gutiérrez, hasta entonces presidente del Ecuador, fue destituido por el Congreso y destronado además por un grave descontento popular. En Nicaragua, en tanto, no se entendía cómo una crisis energética debía acabar con la destitución del Presidente.

A juicio de Vargas, sin embargo, en Nicaragua hay una crisis social latente desde los últimos quince años, la cual se refleja en el aumento de la pobreza (de 2 a 4.2 millones de pobres en tres quinquenios), en el hecho de que el porcentaje de niños que acuden a la educación universitaria es de uno por cada cien, según sus cálculos. Y además, en el incremento de la prostitución y la emigración.

Según Vargas, un “colchón social” de esta crisis inminente han sido las remesas familiares que pasaron de diez a novecientos millones de dólares en quince años. A juicio de Vargas, reconocido intelectual pro sandinista, el FSLN ha jugado el papel de “muro de contención” de esta crisis social, a pesar de que los sondeos de opinión señalan lo contrario.

Una encuesta de M&R Consultores efectuada en los días posteriores, reveló que la mayoría de los managuas veían a Daniel Ortega como el azuzador principal de las protestas. Vargas no comparte esta visión.

Sin embargo, un hecho comprobado por la Policía Nacional es que 24 de los 64 detenidos eran trabajadores activos de la Alcaldía de Managua, en poder del FSLN, muchos de ellos con salarios superiores a los diez mil córdobas.

Al final, luego de lo que Bolaños considera como un “gesto audaz”, al llegar a carearse con los protestantes que pedían su renuncia en las cercanías de Casa Presidencial, se abrieron intensas negociaciones entre todos los actores (universitarios, transportistas, Alcaldía y Gobierno).

“Negociamos cuarenta horas durante dos días enteros. Diseñamos una solución de corresponsabilidad que implica compartir los costos. Y no hay que olvidar que el subsidio es el dinero de todos”, dice Arana.

Los transportistas obtuvieron así treinta millones de córdobas para no aumentar el pasaje en Managua. Por tres meses.

SÍ, HAY OPCIONES

El presidente Enrique Bolaños y el analista de izquierda Oscar René Vargas, curiosamente coinciden en dos puntos sobre esta crisis recién sufrida: el origen de la misma —alza petrolera— y la necesidad de buscar soluciones a la cuestión energética.

Sin embargo, Vargas cuestiona que el Plan Nacional de Desarrollo formulado por Bolaños no contenga una clara Política Energética a largo plazo.

Dice Bolaños, por su lado: “A corto plazo, para Nicaragua el mayor problema es cómo pagar el alza de la factura petrolera que nos factura Venezuela. Es una suma gigantesca que sólo la podemos cubrir mediante un gran aumento de la producción exportable. Debemos pues, producir más y exportar más”.

Sin embargo, el Presidente se queja: “Desde hace más de un año el Ejecutivo presentó un anteproyecto de Ley ante la Asamblea Nacional para estimular la generación de energía hidráulica. La Asamblea Nacional sólo aprobó la generación de plantas pequeñas de hasta cinco megawatts. Tenemos muchos meses de pedir autorización de por lo menos 30 megawatts y la aprobación de la Ley de Agua que permita licitar la planta «Copalar» para generar unos 350 megawatts para soluciones de largo plazo al problema de energía”.

Y acota: “La Asamblea Nacional condiciona estas leyes a la amnistía del doctor Alemán”.

Vargas insiste por su lado en que Nicaragua tiene un rico potencial en energía eólica, hidroeléctrica, geotérmica, de biomasa y solar. Por tanto, propone romper con la dependencia de la energía proveniente del petróleo, para lo cual invita a conformar un diálogo nacional para negociar una Política Energética de Estado.

POLÍTICA ENERGÉTICA

El analista político y economista Oscar René Vargas considera que el país requiere el diseño —con el concurso de todos los actores por medio de un diálogo nacional—, de una Política Energética para romper la dependencia del petróleo. Vargas señala que Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, tiene una riqueza potencial en energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y biomasa.

La tramoya sandinista ardió en llamas