Desde washington
La “Doctrina del Castillo”
Marcela Sánchez
Consejos a los latinoamericanos que viajen a La Florida en un futuro cercano: pórtense bien. Sonrían constantemente. Mantengan sus manos en los bolsillos no sea que cualquier otro gesto pueda ser interpretado como una amenaza. Pero no, mejor será que en todo momento dejen visibles sus manos.
La semana pasada, el gobernador de La Florida, Jeb Bush, firmó la llamada “Doctrina del Castillo”, que hace legal para residentes del Estado “responder con fuerza a la fuerza, incluida fuerza letal” cuando se sientan amenazados físicamente. La nueva ley pretende dar continuidad a la búsqueda en la Florida de la defensa personal armada como un derecho fundamental, afirmada especialmente por la ley de 1987 que admite el porte de armas de fuego.
Si bien esta nueva ley goza de pleno sentido común para muchos estadounidenses —uno debiera poder contraatacar cuando está amenazado— es difícil para los latinoamericanos entender la noción general de que liberalizar el uso de armas aumenta la seguridad personal. En América Latina aquellos que portan armas son la Policía, los militares y los malhechores. Desafortunadamente, a veces ha sido difícil distinguirlos.
En encuestas a lo largo de la región, la seguridad personal y la protección de la propiedad están entre las principales prioridades de los latinoamericanos hoy en día. Pero a diferencia de Estados Unidos, donde 38 de los 50 Estados cuentan ahora con leyes que permiten el porte de armas a civiles, los gobiernos latinoamericanos se orientan en dirección opuesta.
El país con mayores restricciones es Brasil, que en diciembre de 2003 adoptó el llamado Estatuto do Desarmamiento, una radical ley de control que prohíbe el porte de armas de fuego entre civiles. El país planea, además, un referendo nacional en octubre para prohibir del todo la posesión privada de estas armas.
México es el segundo país en materia de restricción del porte de armas en la región con una prohibición “de facto” de su compra, según Pablo Dreyfus de Viva Río, un grupo de investigación de armas de fuego con sede en Río de Janeiro. Desde la década de los setenta, dijo, México básicamente no ha otorgado licencias para adquirir armas, lo que ha dejado a las personas sin opción distinta a obtenerlas de manera ilegal.
Lo que resulta evidente es que la proliferación de armas en el mercado negro provoca más muertes con armas de fuego al sur de la frontera estadounidense que en cualquier otra región del mundo. El número de homicidios con armas de fuego en la región es “cinco veces mayor que el promedio mundial”, según el proyecto Small Arms Survey con sede en Ginebra. (La tasa de estas muertes en Estados Unidos es casi tres veces mayor que el promedio mundial).
Brasil encabeza, además, la lista mundial con el mayor número de personas que mueren por estas armas (38,088 en el 2002) mientras que Colombia tiene el dudoso honor de encabezar esa lista per cápita (55.7 por cada 100,000 habitantes en el 2002). De todos modos, pocos argüirían en estos países, como lo hacen tan enérgicamente los que presionan a favor de las armas en este país, que permitirle a la ciudadanía portarlas reduciría estos crímenes fatales.
Por el contrario, promover armas de fuego en países como Colombia conduciría a un “desastroso” incremento en homicidios, según Alfredo Rangel, analista de seguridad y antiguo consejero del Ministerio de Defensa colombiano. Según dijo, la razón es simple: mientras persista la impunidad y las leyes, apenas se hagan cumplir, la gente usará armas irresponsablemente.
Es claro que la popularidad de la posesión de armas y el poderoso lobby de armas en este país hacen que la protección y la expansión del derecho a portarlas sea más factible en Estados Unidos que en América Latina. Pero, más de fondo, la disparidad puede ser entendida (como tantas otras disparidades Norte-Sur) en términos de los que tienen y los que no —Estados Unidos cuenta con un fuerte estado de derecho, no así América Latina.
La “Doctrina Castillo” en La Florida sirve, de hecho, como curiosa evidencia de esta disparidad. Acá, el estado de derecho es tan resistente que el Gobierno está dispuesto a otorgar a ciudadanos el derecho, en una situación de vida o muerte, a actuar como juez y parte. Lo que se da por hecho es que portadores de armas estadounidenses no se convertirán de repente en asesinos debido a esta ley.
Entre tanto, América Latina no puede darse esos lujos. Allá, los gobiernos deben asumir que al liberalizar la posesión de armas, no harían nada distinto de ayudar a quienes cometen actos violentes.
Los latinoamericanos no debieran tomar literalmente mi advertencia y planear su próxima visita a La Florida sin temores. Después de todo, se trata de un Estado con estado de derecho. Sin embargo, me pregunto si existe el riesgo de que la proliferación de leyes que liberalicen el uso de armas termine algún día socavando aquello que las hace aceptables y el riesgo, también, de que dicha proliferación genere más temor y desconfianza mutua y mine los fundamentos del civismo. De ser así, el estado de derecho estadounidense podría empezar a parecerse más al que los latinoamericanos, tristemente, conocen demasiado bien.
(c) 2005, Washington Post Writers Group
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