900 millones de dólares faltan por indemnizar
María José Uriarte R. y
Luis Felipe Palacios
El impasse jurídico creado por la decisión parlamentaria de la creación del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (Inprur), que el Ejecutivo desconoce, no permite la indemnización de una parte de los 70 casos de confiscados norteamericanos -de 768 pendientes- cuyos procesos ya fueron definidos por la Intendencia de la Propiedad.
Mauricio Alas Martínez, coordinador de la Intendencia de la Propiedad, señaló que la falta de definición en lo que se refiere al Instituto de la Propiedad, les causa limitaciones, lo que no significa que paralice totalmente sus funciones, y prueba de ello es la cuantificación de esos casos, que ya están en manos del Ministerio de Hacienda, a quien le corresponde desembolsar los montos determinados en los análisis de esa instancia.
En un encuentro con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, les reiteraron la preocupación por la creación del Inprur y la falta de respuesta a los demandantes en los últimos seis meses, aunque dejaron claro que están conscientes de que se ha cumplido de acuerdo a las programaciones anuales.
Y dada esa falta de respuesta existe una seria advertencia de que la ayuda de Estados Unidos, aprobada por el Congreso de ese país, como es el “waiver” (dispensa) pueda ser suspendido, sin embargo, Alas manifestó que los funcionarios les expresaron que harán todo lo posible porque esto no ocurra.
“Tengo conocimiento de que la Embajada (de Estados Unidos), está haciendo esfuerzos con relación a esto (aprobación del “waiver”), de no suspenderlo, dado que pueden existir negociaciones por parte del Ejecutivo con el Legislativo, en función de encontrar una solución a este problema, que radica directamente en la ley”, indicó Alas Martínez.
Destacó que la legislación del Inprur contiene algunos vacíos, además que no da respuestas integrales a la propiedad, porque se limita a conocer y resolver lo referente a los problemas originados con las confiscaciones.
Liberales y sandinistas acordaron aprobar la próxima semana la reforma a la Ley Creadora del Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural, aunque todavía no existe consenso en la elección del director que estará a cargo de ese Instituto.
Mientras la bancada sandinista anunciaba a José Bárcenas como uno de sus candidatos a dirigir el Instituto de la Propiedad, el jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, advertía que sin los votos de los diputados liberales no puede haber elección.
Y es que Quiñónez insistió en que primero el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, debería enviar a la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa de decreto de amnistía que vendría a beneficiar al ex presidente y reo Arnoldo Alemán, líder del PLC, y luego nombrar al nuevo funcionario que estará a cargo de la propiedad.
MÁS CASOS
El coordinador de la Intendencia de la Propiedad, Mauricio Alas, informó que la compensación a los confiscados que restan, incluidos los 768 casos de ciudadanos norteamericanos, alcanzan unos 900 millones de dólares, además de los 1,600 millones de dólares que el Gobierno ya ha desembolsado en indemnizaciones producto de la “piñata” sandinista.
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