Los líderes parlamentarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aparentemente han rectificado su posición sobre la nueva ley de la propiedad que está en discusión en la Asamblea Nacional. Pero la rectificación no es por voluntad propia sino por presiones de la Embajada de Estados Unidos.

Es vergonzoso, sin duda, que un gobierno extranjero tenga que decirle a los diputados “democráticos” cómo deben manejar el problema de la propiedad, el cual, por culpa de la piñata sandinista ha sido y sigue siendo una de las más importantes causas de conflictos políticos e inestabilidad económica y social en el país.

En el libro de la periodista mexicana Silvia Cherem (Una vida por la palabra), Sergio Ramírez Mercado —quien fuera Vicepresidente sandinista de Nicaragua y ahora es fuerte crítico del FSLN— explica cómo se originó ese gigantesco robo de propiedades del Estado y de innumerables personas particulares que LA PRENSA llamó “piñata sandinista” y con ese nombre quedó para la historia:

“A medida que los días pasaron (después de la derrota electoral de Daniel Ortega y el FSLN el 25 de febrero de 1990) muchos dirigentes empezaron a convencerse de que el sandinismo no podía irse del gobierno sin medios materiales porque eso significaba su aniquilamiento. Sostenían que el FSLN necesitaba bienes, rentas, y que había que tomarlos del Estado antes de que se cumplieran los tres meses de transición. Ése fue el verdadero desplome del sandinismo, la debacle que demolería nuestro código de ética, lo que nos haría perder la santidad y nos hundiría en el desamparo. Muchas nuevas y grandes fortunas, como aquéllas que por rechazo inspiraron el código de conducta de las catacumbas, nacieron de todo lo que se quedó en el camino. Las fortunas cambiaron de mano y, tristemente, muchos de los que alentaron el sueño de la revolución fueron los que finalmente tomaron parte en la piñata”.

En realidad, aparte de que el pretexto para la piñata sandinista era el de crear un patrimonio económico para el partido FSLN, lo que significó principalmente fue el enriquecimiento personal de los dirigentes revolucionarios, con algunas excepciones. Propiedades y bienes por más de dos mil millones de dólares pasaron por medio de la piñata a manos de dirigentes sandinistas que formaron así el segundo o tercer grupo económico más acaudalado de Nicaragua, una nueva oligarquía cuya fortuna nació —para decirlo con palabras de Carlos Marx— “chorreando sangre y lodo por todos sus poros”.

Para legalizar la piñata, antes de entregar el Gobierno el 25 de febrero de 1990 los sandinistas dictaron las leyes 85, 86 y 88, conocidas como “leyes de la piñata sandinista”. Posteriormente, después de varias asonadas contra el gobierno democrático de Violeta Barrios de Chamorro y con la mediación del ex Presidente estadounidense Jimmy Carter, hicieron que se aprobara en diciembre de 1995 la Ley de Estabilidad de la Propiedad, con la cual la piñata sandinista quedó legitimada de hecho y de derecho.

Lo mismo hicieron después, los sandinistas, con el gobierno de Arnoldo Alemán, y en noviembre de 1997 diputados liberales y del FSLN aprobaron la Ley sobre la Propiedad Reformada Urbana y Rural, de la que el entonces Vicepresidente de la República, Enrique Bolaños Geyer, declaró que su principal significación era que “lo robado bien robado está”.

Ahora, a cambio de una ansiada benevolencia de Daniel Ortega y el FSLN hacia Arnoldo Alemán —quien guarda casa por cárcel condenado a 20 años de prisión por delitos de corrupción—, los diputados del PLC accedieron a aprobar una ley creadora del Instituto de la Propiedad, y entregar esta entidad a los sandinistas. Lo cual, como es fácil comprender, tendría consecuencias nefastas para los confiscados que aún no han podido recuperar sus propiedades ni recibir indemnizaciones, y efectos catastróficos para la economía nacional, entre otras razones porque la ayuda de Estados Unidos a Nicaragua sería suspendida.

Los diputados del PLC arnoldista ya le han entregado todo al FSLN, inclusive el honor político, a cambio de la libertad de Arnoldo Alemán que de todas maneras no han podido conseguir. Ojalá que ahora, aunque sólo sea por la presión de Estados Unidos, no les entreguen también la posibilidad de resolver dignamente el problema de la propiedad.

PLC y problema de la propiedad