El nuevo disfraz de los caudillos
Mario Torres
Después de casi quince años de resistencia, la incipiente democracia nicaragüense, sometida desde su inicio formal a un asedio permanente y colosales demandas, parece haber, por lo menos temporalmente, encallado. Haciendo gala de un realismo innoble, las cúpulas de los partidos mayoritarios, vacíos de principios y programas, hicieron causa común para invertir todos los valores y generar un pacto que ha acorralado al proceso de democratización y de apertura que se vive en Nicaragua desde comienzos de los noventa. El suceso más reciente y relevante que confirma esta amenaza es el de las reformas a la Constitución con las que limitaron las facultades del Poder Ejecutivo, electo por la gran mayoría de la población para dirigir al país hasta enero del 2007.
En principio dichas reformas son importantes porque al formalizarse la posición de preeminencia del Legislativo frente al Ejecutivo, se introduce una variable al sistema político de Nicaragua que suscita algunas confusiones y preguntas acerca del tipo del régimen político en que vivimos que debemos aclarar de una vez. ¿Hemos pasado realmente de un sistema presidencialista a algún tipo de parlamentarismo?
Si bien no hay fórmulas que generen un tipo de régimen u otro, es preciso observar que el sistema presidencialista ha sido el único régimen de gobierno practicado en Nicaragua en toda su vida independiente (como en la mayor parte del nuevo mundo) y que su transformación voluntarista y por decreto no parece ser la mejor manera de afianzarlo, sobre todo si no cuenta con el respaldo consciente de la población, la que precisamente fuera burdamente ignorada en este prematuro intento, pero que podrá aprovechar las próximas elecciones del 2006 para corregir con creces lo mal actuado. A esto hay que agregar el hecho de que el Presidente del actual Poder Ejecutivo fue electo directamente por la población para hacerse cargo de un sistema presidencialista, razón por la que la actuación de los diputados puede calificarse de ilegítima. Finalmente debe observarse que la Constitución Política de Nicaragua sigue manteniendo como principio constitutivo la división de poderes propia de un sistema presidencialista, lo que no sólo parece contradecir la aspiración parlamentaria, sino que demuestra el desconocimiento de la misma y su apresurada improvisación.
Lamentablemente, al realizar cambios al régimen político sin consultar a la población y sin resolver el verdadero problema de fondo que surge del secuestro de las instituciones públicas, sólo se ha cambiado la cadena al perro, porque en tanto el pretendido semiparlamentarismo no exprese más que la voluntad y agenda de los caudillos y sus adeptos, no pasa de ser una simple caudillocracia, que por efecto del pacto se expresa en la repartición bipartidista de las instituciones del Estado como garantía de la más obscena pero intolerable impunidad.
Lo que sí debemos aceptar es que el proceso de democratización ha recibido un severo y bajo golpe que podría estar abriendo o indicando tres importantes escenarios futuros para Nicaragua: en el peor de los casos, el agotamiento del proceso de democratización; en el caso intermedio, el agotamiento de la prolongada fase de transición democrática y el ingreso de Nicaragua al famoso e histórico péndulo democracia-dictadura, detectado en toda Latinoamérica durante el siglo XX; y en el mejor de los casos la oportunidad de profundizar la democracia hasta ahora limitada a un formalismo electoral, pero cuya continuidad aparece también amenazada por la partidarización de las instituciones y la falta de democracia interna en los partidos políticos dominados aún por el espíritu caudillesco, autoritario y pervertido que tanto daño ha causado a Nicaragua.
El autor es docente y consultor
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