Fuerza pública apoyaría fallo CCJ
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Presidencia recurriría a la Policía, dice abogado de Bolaños |
Ludwin Loáisiga López y
Luis Felipe Palacios
El Gobierno de Nicaragua está facultado para emplear la fuerza pública en caso de que los parlamentarios no acaten el fallo definitivo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que declaró “inaplicables” las reformas constitucionales que restaron poder al Presidente para nombrar y destituir a miembros del Gabinete, informaron dos asesores legales de la Presidencia de la República.
La secretaria para Asuntos Legales de la Presidencia, Fabiola Masís y el doctor Fernando Zelaya, apoderado especial judicial del Gobierno, aseguraron que la Constitución de la República permite a la parte beneficiada en una resolución judicial, utilizar a las fuerzas del orden público para que la parte vencida acate, en este caso particular, el fallo definitivo de la CCJ.
“El valor de la resolución de la CCJ es igualito al que tienen los fallos nacionales (que) se auxilian de la fuerza pública; entonces no se trata simplemente de una recomendación, es una orden”, sentenció Masís.
Zelaya dijo que “la Constitución establece que corresponde a la fuerza pública hacer cumplir las resoluciones judiciales... Estamos hablando de la Policía, en primer lugar”.
Liberales y sandinistas, en tanto, dijeron que no acatarán el fallo de la CCJ, porque éste no tiene competencia local.
Las bancadas mayoritarias asumen que se trata de un ardid del presidente Enrique Bolaños, para negociar en posición de fuerza.
Finalmente, los sandinistas descartaron el uso de la fuerza pública por el Presidente, o que pueda invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“¿Qué van a hacer los organismos internacionales? ¿bloquear a Nicaragua? ¿quién es el perjudicado?”, se preguntó el legislador sandinista Bayardo Arce.
Además, ironizó: “Va a venir la invasión militar, los gringos van a destinar unos batallones presidenciales que los van a sacar de Irak para mandar aquí a proteger a Bolaños...”
En tanto, los asesores presidenciales indicaron que la sentencia definitiva de la CCJ, que favoreció al Ejecutivo, debe ser cumplida por el Legislativo, ya que en 1993 la entonces presidenta Violeta Barrios de Chamorro firmó los Estatutos del órgano de justicia regional y luego fue ratificado por el Congreso.
Mientras, magistrados de la CCJ mencionaron que sus decisiones no admiten ningún tipo de recurso revocatorio por parte de otros tribunales.
Para hacer cumplir la resolución de la CCJ, Masís señaló que informarán a la CCJ, luego a los presidentes del área centroamericana y pedirán que los Estados “tomen medidas de manera conjunta para asegurar el cumplimiento” de la sentencia, explicó.
En tanto, Zelaya dijo que “una de las atribuciones del Presidente de la República es cumplir y hacer que los funcionarios bajo su dependencia cumplan la Constitución y las leyes”.
Mientras, el canciller Norman Caldera respondió a los señalamientos que se hacen en contra de la sentencia, porque a los magistrados actuales ya se les venció su período.
“Ellos continúan en posesión de su cargo hasta que no se nombren nuevos magistrados, que no han sido nombrados, por lo tanto está vigente su período”, sostuvo.
DECISIÓN ARBITRARIA
Masís también manifestó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la competencia de la CCJ, fue “arbitraria”.
“Es absolutamente arbitraria, porque puede declarar inconstitucional las leyes ordinarias, pero recordemos que el Estatuto de la CCJ no es una ley, es un convenio internacional que no puede ser declarado inconstitucional por la Corte, menos ser alterado en una palabra”, explicó.
Al rechazar el Artículo 22, literal “f” de los Estatutos de la CCJ, que le permite conocer y resolver conflictos que surgen entre poderes del Estado, los poderes Legislativo y Judicial cometen un grave precedente, aseveró.
“Si el día de mañana no les parece el Capítulo final del DR-Cafta, por ponerte un ejemplo, ¿lo van a declarar inconstitucional? Es una manera de crear inseguridad a nivel internacional”, precisó Masís.
El DR-Cafta es el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
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