Oscuro programa de ‘transparencia’
Jorge Loáisiga Mayorga
Todo está oscuro en relación al “Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (Preftec)”. Sus finanzas no están claras. La información sobre la ejecución de dicho proyecto a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (Sigfa) es de difícil comprensión.
El Sigfa es un moderno sistema automatizado que debería permitir a la Contraloría “capturar” información financiera y contable de todas las transacciones del Presupuesto General de la República, y saber a favor de quién se emiten cheques o transferencias financieras.
Pero en el caso del Preftec, la entidad fiscalizadora no ha podido determinar a quién o a quiénes se les pagó los 10 millones de dólares que el Gobierno dice haber gastado en la ejecución del millonario proyecto, incluido el pago de 60 “consultores” nacionales y extranjeros.
En el Sigfa los gastos de dicho programa fueron clasificados como “Otros servicios” o como “Regularización de gastos” o “Rendición de gastos”.
El programa fue ejecutado inicialmente por la Secretaría Técnica de la Presidencia (Setec), la que posteriormente se transformó en la Secretaría de Coordinación y Estrategia de la Presidencia (Secep). Los fondos salían de Hacienda a través de “Comprobantes Unicos Contables (CUC)” a nombre de estas instituciones.
En el año 2002, al asumir el gobierno Enrique Bolaños, el programa fue asignado a la Oficina de Ética Pública, que dirige Haydée Acosta, como unidad ejecutora, hasta diciembre del 2004, posteriormente se trasladó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
CGR DETECTÓ ANOMALÍAS
Un análisis a lo que se refleja en el Sigfa, realizado por la Dirección de Presupuesto, Inversiones y Recaudaciones del Estado, de la Contraloría General de la República (CGR), indica que “en ninguno de los componentes ejecutados se especifican costos, períodos de duración ni de la ejecución de los mismos”.
MUCHOS VACÍOS
“En el caso de las instituciones y alcaldías donde se desarrolló el plan piloto, no se indica cuáles fueron. Tampoco se indica en ninguno de los documentos del Sigfa el monto al que asciende el préstamo contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la ejecución de dicho programa”, señala el documento al que LA PRENSA tuvo acceso.
“La manera en que fue dispuesta la información en el sistema (Regularización de gastos) no permite conocer a través del Sigfa en qué fueron gastados los recursos, ni los beneficiarios de los mismos”, indica el documento.
El informe concluye que en el Programa de Eficiencia y Transparencia en las Contrataciones del Estado se han gastado 139.9 millones de córdobas. “No fue posible determinar a través del Sigfa ni con la documentación aportada en el informe de auditoría interna del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el monto del préstamo 1064 SF-NI del BID para el programa”.
PUERTAS ABIERTAS
La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la República, Haydée Acosta, señaló ayer que las puertas de la institución están abiertas a la CGR para una auditoría que aclare las supuestas anomalías señaladas por un auditor interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Acosta señaló que todos los fondos destinados para la elaboración de un Sistema de Contrataciones del Estado, fueron ejecutados con transparencia y con el visto bueno del BID y el Gobierno mismo.
Si bien Acosta no reveló el montó exacto de lo gastado ni el detalle de las empresas beneficiadas con más de 200 millones de córdobas destinados al pago y gastos de consultores, dijo que los resultados de esa inversión son visibles y consisten en mejores normas de adquisición que, a su juicio, han traído "beneficios tangibles" al Estado.
Acosta evitó referirse a los señalamientos de un consultor interno del MHCP quien en una carta señala irregularidades en una auditoría de una firma consultora, contratada para inspeccionar la ejecución del proyecto millonario. La funcionaria dijo que no conocía la carta y que estaba abierta a una auditoría.
|
