Sam-7
Roberto Amador N.
Al aferrarse a los Sam-7 los sandinistas y arnoldistas crearon una ley que limita al Presidente cumplir su palabra empeñada en destruir esos y otros misiles que tiene en su poder el Ejército ahora llamado de Nicaragua, y quienes aducen que la venta de helicópteros y otros armamentos en los noventa fue legal y pública, pero ¿fue acaso necesaria?
¿Será que el FSLN realmente permitió desarmarse voluntariamente y quedarse sin medios aéreos, o fue porque sintió que perdería todo el poder y decidieron mejor hacerse de unos millones antes que el gobierno de la señora Chamorro se deshiciera de todo ese armamento? Claro que contaban con la ayuda del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, quien les dio ese segundo aire muy necesario para su sobrevivencia y la posterior certificación de los gobiernos que le precedieron y han aprobado su profesionalización.
El negocio se hizo. Quiénes salieron beneficiados no es público, pero algunos sí quedaron muy bien económicamente. En esos nefastos días nadie controlaba ese enorme ejército de casi trescientos mil hombres, más el privado del ex ministro del Interior ( Mint), Tomás Borge, que contaba con más de 20 mil personas. Sólo comparados a la Gestapo nazi, eran dueños absolutos de vida y hacienda en Nicaragua y por lo tanto hicieron y deshicieron a su gusto y antojo. Pero ¿fue todo legal ? ¿Esos equipos militares le pertenecían al Frente Sandinista o a Nicaragua? Y aún con la venia del gobierno de ese tiempo ¿fue correcto vender equipo militar a dos países hermanos para que se mataran entre sí?
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