Gobierno pagó US$12 millones a 60 consultores “antipobreza”
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También invirtió US$10 millones en consultores para el programa SIGFA |
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José Adán Silva y Gustavo Ortega Campos
Más de 12 millones de dólares, provenientes de un préstamo, gastó el Gobierno de Nicaragua en pagos a consultores extranjeros y nacionales que trabajaron en la aplicación de nuevas normas de contrataciones y compras de servicios para instituciones estatales.
El monto exacto pagado por el Gobierno asciende a 12.5 millones de dólares (206.5 millones de córdobas al cambio oficial de 16.52 córdobas por un dólar), dinero proveniente de un préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo a Nicaragua.
El préstamo se acordó en noviembre del año 2000, como condición del BID para que Nicaragua garantizara el manejo adecuado de los fondos que recibiría de la Comunidad Donante para paliar los daños del huracán Mitch, que azotó el país en 1998.
El contrato de préstamo número 1064/SF-NI fue suscrito por el entonces Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, y ejecutado por el gobierno de Enrique Bolaños, en un plazo de 24 meses; todo en el marco de una “Estrategia Reforzada de Reducción de Pobreza”, según los documentos oficiales de la Presidencia.
Ese préstamo serviría para obtener los fondos del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado. La ejecución estaría a cargo de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
Hace dos semanas el Vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), Guillermo Argüello Poessy, denunció que el Gobierno había gastado diez millones de dólares en dos años, en pagos a consultores que asesoraban al Poder Ejecutivo.
El proyecto lo manejó la Oficina de Ética Pública, con instrucciones del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República, y bajo la observación directa del BID.
CARTA “ACLARATORIA”
La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública, Haydée Acosta, publicó una carta en la que reconoce el gasto de los diez millones de dólares, aclarando que lo hicieron con el visto bueno del BID y bajo estrictas normas de legalidad.
La funcionaria, que es una persona muy cercana al presidente Bolaños, pidió públicamente una auditoría de la CGR para aclarar la situación de los fondos, que de acuerdo a los objetivos del programa servirían para impulsar el sistema de transparencia en nueve instancias del Poder Ejecutivo y 14 alcaldías.
Acosta dijo ayer a LA PRENSA que cada desembolso para el pago de los consultores era autorizado por el BID después de una revisión exhaustiva de los soportes de gastos reportados. En el caso de las grandes empresas el BID les depositaba el dinero en sus cuentas bancarias; y en otros casos, cuando eran consultores independientes, les entregaban cheques con sus respectivas deducciones fiscales.
“UNA BARBARIDAD”
Documentos a los que LA PRENSA tuvo acceso revelan que en realidad no fueron diez millones de dólares los que se pagaron a los consultores, sino 12.5 millones, y bajo un estricto sistema de confidencialidad.
Según los documentos, todos los contratos fueron firmados por el Gobierno y pagados en dólares de los Estados Unidos. “La moneda nacional (el córdoba) no aplica”, decían los contratos de los consultores.
La aclaración de Acosta por medio de una carta pública es, para el contralor Argüello, la confirmación de “una barbaridad” de parte del Gobierno.
“En esa carta que publicó doña Haydée Acosta lo que hace es admitir que han gastado más de diez millones de dólares en 60 consultores; imaginate por un momento a 60 personas trabajando en una consultoría, cuyo propósito es mejorar el sistema de control de compras del Estado, yo no lo puedo creer”, expresó el Contralor.
“Lo que han hecho es una propuesta de una nueva ley de contrataciones del Estado y se ha gastado esa millonada de dólares, eso es una barbaridad. Yo te aseguro que cualquiera de nuestros auditores conoce más de contrataciones que cualquier consultor de ésos que han contratado desde la Presidencia, que además no se conoce el resultado de esas 60 consultorías”, dijo Argüello Poessy.
“Ella dice que las consultorías son para hacer transparente las compras del Estado. Yo le propuse al Gobierno trabajar una ley de contrataciones del Estado sin cobrarle un solo centavo, por supuesto, con un grupo de trabajadores de la Contraloría, de manera gratuita, pero no aceptaron, no sé por qué. Yo lo que sé es que están usando las consultorías para hacer otras cosas que en este momento no me atrevo a decir”, agregó el contralor, quien anunció una próxima conferencia de prensa para ampliar los detalles de los gastos y la apertura de una auditoría especial al caso.
US$12.5 MILLONESPARA DOS EMPRESAS
El monto pagado por las consultorías es de 12.5 millones de dólares a las empresas KPMG Cárdenas Dosal S.C. y The Louis Berger Group Inc.
La primera realizó el denominado componente “A”, Inspectoría de Proyectos del Programa de Eficiencia y Transparencia en las Compras y Contrataciones del Estado (US$6,794,228) y la segunda el componente “B”, Apoyo a la Gestión de Compras y Contrataciones del Programa de Eficiencia y Transparencia en la Compras y Contrataciones del Estado (US$5,748,724).
Ambas empresas consultoras, la primera mexicana y la segunda estadounidense, son reconocidas a nivel internacional.
Ambos contratos, a los que LA PRENSA tuvo acceso, llevaban una cláusula de confidencialidad que le impedía a las empresas contratadas revelar detalles de sus trabajos, hasta dos meses después de concluido el contrato.
“Ni el consultor ni ningún subconsultor, ni tampoco el personal de ninguno de ellos podrán revelar, durante la vigencia de este contrato o dentro de los dos años siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad del contratante relacionada con el proyecto, los servicios, este contrato o las actividades u operaciones del contratante sin el previo consentimiento por escrito de este último”, dice una de las cláusulas de los contratos.
OTROS US$10 MILLONESPARA CONSULTORES
A estos 12.6 millones de dólares gastados en mejorar el sistema de contrataciones y compras del Estado, se suman 17 millones de dólares que el Gobierno gastó en el Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y Auditoría (SIGFA), entre 1996 y el 2002. De esos 17 millones de dólares, 10.2 se pagaron a consultores nacionales y extranjeros. Dicho programa llegó a contar en el 2002 hasta con 62 consultores.
No obstante los esfuerzos del Gobierno por hacer más transparentes las instancias estatales, Nicaragua ocupó el segundo lugar en la lista de países latinoamericanos donde más corrupción se percibe, según el organismo Transparencia Internacional.
MÁS DE DOS MIL CONSULTORES EN NICARAGUA
En Nicaragua el inventario de consultores, nacionales y extranjeros, se aproxima a los 2,500, con salarios no menores a los 800 dólares mensuales, aseguraron fuentes gubernamentales que exigieron el anonimato.
Lo anterior equivale a unos dos millones de dólares mensuales (unos 33 millones de córdobas), sin embargo existen salarios superiores a los 3,000 dólares, lo que inflaría enormemente los cálculos.
Al respecto, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, dijo desconocer el número exacto de consultores. “Es una cifra bastante importante, inclusive hay muchos proyectos de fortalecimiento institucional, que en la práctica son pagos de planillas que fortalecen muchos de los ministerios; al final de cuentas el presupuesto puede ser que no cubra todas las contrataciones de técnicos que hay”.
Estimó que la cifra de 2,500 consultores “por ahí podría andar, me dieron una cifra que era parecida pero no lo he verificado, no sé si la fuente es correcta”.
Las fuentes gubernamentales agregaron que, además de los altos salarios, la mayoría de los consultores no pagan impuestos.
El Director General de Ingresos, Róger Arteaga, explicó que eso depende del convenio pactado por el Gobierno para contratarlos, en el caso de que sea con organismos internacionales, porque los mismos contratos establecen la exoneración de los tributos. “Pero si no lo define (el contrato), están obligados a pagar”.
“Lo primero que hacemos es verificar de dónde se originan sus ingresos (de los consultores)... Generalmente, si son contratados con fondos externos no pagan, pero son la excepción; la regla es que todos deben pagar”, indicó Arteaga.
Fuentes del gobierno dijeron que la “lluvia” de consultores que han trabajado en los últimos años en lo que se ha hecho llamar la Estrategia de Reducción de la Pobreza y en la Modernización del Estado, mediante instancias creadas para esos fines dentro del aparato estatal, fue montada por Luis Durán, Secretario Técnico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Arnoldo Alemán.
Durán se convirtió en un personaje célebre al hacerse público su salario de 20 mil dólares mensuales, que le pagaban con fondos de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, para dirigir la estrategia de reducción de la pobreza en Nicaragua.
GOBIERNO PIDIÓ CAMBIOS
“Si lo quieren auditar que lo auditen, es un contrato que se firmó en el Gobierno anterior y de hecho este Gobierno solicitó que ese préstamo se cambiara por otra cosa, porque creíamos que estaba muy cargado por el lado de las consultorías”.
Señaló que el Gobierno estaba escéptico sobre los resultados del proyecto, “había poca garantía de que iba a dejar capacidades construidas en el sistema de compras del Estado pero no se pudo”.
Indicó que los organismos internacionales presionaron “fuertemente”.
“Todo surgió para apoyar las compras y contrataciones del Estado después del huracán Mitch (octubre 1998), pero se vino atrasando... Si lo quieren auditar que lo auditen, nos parece perfecto”, dijo Arana.
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