Blanco y negro
Las placas,otro truco
Eduardo Enríquez
¿cuándo los nicaragüenses vamos a dar muestras de cansancio por las barbaridades que hacen con nosotros los que viven de la política y del erario?
Parece que nuestra pasividad como ciudadanos no tiene límites.
Ahora estamos a punto de tragarnos el cuento del cambio de placas, y como borregos vamos a hacer inmensas filas en calurosas y polvorientas estaciones de Policía para pagar 300 córdobas a cambio de una placa nueva totalmente innecesaria, porque la que tenemos está perfectamente bien.
Pero aquí los funcionarios del Gobierno están acostumbrados a hacer con nosotros lo que les da la gana, simplemente avisan que va el cambio de placas y ya.
Vamos a ver, ¿a cuenta de qué van a cambiar las placas? Los argumentos que ha dado la Policía no son nada convincentes.
Los comisionados hablan de “un mejor control”, pero la verdad es que lo único que está claro es que con esta ocurrencia el Gobierno va a recaudar 90 millones de córdobas en dos años.
Y ésa sí es una razón que tiene sentido, al menos para el Ejecutivo, que a lo largo de los últimos años ha sido incapaz de detener las políticas populistas que emanan de la Asamblea Nacional y la única manera de evitar que esas políticas nos saquen del programa de la HIPC —el único logro tangible que le queda al Gobierno— es entonces exprimir más y más a los contribuyentes.
Y no es que sea yo un anarquista, que esté en contra de medidas como obligar a los conductores a realizar chequeos mecánicos periódicos o el control de emisión de gases de los vehículos.
Tampoco es que esté en contra de pagar impuestos. Sé que a nadie le gusta pagarlos y que la única manera de lograr una recaudación efectiva es obligando al contribuyente (por algo se llaman “impuestos”), pero el abuso es otra cosa.
Como ciudadanos no tenemos por qué aceptar este abuso. Deberíamos inundar los Tribunales de Apelaciones de todo el país con Recursos de Amparo en contra de esa decisión administrativa. Para ello no necesitamos abogado, cualquier ciudadano puede introducir un escrito que sólo requiere que se especifique el daño que esta medida nos está causando. El gasto innecesario es más que obvio.
Y aunque coincido con muchos de los lectores que en este momento estarán diciendo que es de ilusos confiar en el sistema judicial en este país, la verdad es que una avalancha de recursos al menos sonaría una campanada de alerta para los políticos y los funcionarios públicos.
Porque la única solución está en organizarse y actuar. Veamos el ejemplo de los transportistas. Se les está exigiendo —y muy justamente— un seguro de protección a terceros, pero cada vez que esto se quiere hacer efectivo realizan un plantón, hacen una marcha y no ha habido poder humano que los haga comprar el seguro.
Si ellos pueden lograr su objetivo, que va en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿cómo no puede la ciudadanía organizarse para defender sus intereses?
Mientras no exista una movilización efectiva de gente demandando sus derechos, los funcionarios van a hacer con nosotros lo que se les venga en gana, porque a los tontos, ni Dios los quiere.
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