“Limpian” a Byron Jerez
Jorge Loáisiga Mayorga y Mirna Velásquez Sevilla
El ex Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís, disfrutará de la mejor Semana Santa de su vida. Casi todos los juicios que se tramitaban en su contra fueron fallados a su favor y decretaron su libertad definitiva, incluso con relación al caso de “los checazos” en que le habían aplicado ocho años de prisión.
Los eventos se produjeron de manera simultánea. Un Juez de primera instancia, Edgard Altamirano, lo absolvió definitivamente por el caso del fraude al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Altamirano no sólo sobreseyó a Jerez, sino que también desistió de la persecución penal contra Luis Emilio Midence Padilla, Ronald Martínez Sevilla, Francisco Cortés Tórrez, Francisco Cortés Reyes, Dolores Ojeda Baca, Ruth María Obando Martínez, Orlando Castro Gutiérrez, Elliot López Somarriba, Benjamín González Bustamante, y otros ex funcionarios del Banic, como Jaime Bonilla y Alfonso Llanes Cardenal.
El Banic fue intervenido en agosto del 2001 por la Superintendencia de Bancos (SIB) y declarado en quiebra debido a transacciones fraudulentas, como la fuga de depósitos y préstamos a sociedades fantasmas, en los que estaban involucrados los directivos.
El juez Altamirano acumuló tres juicios por la quiebra de este banco que, entre otras formas, fue conducido a la quiebra al aceptar como garantías de los préstamos propiedades sobrevaloradas.
PGR APELA
El Procurador Penal Nacional, Iván Lara, anunció que la Procuraduría General de la República apelará la sentencia del juez Altamirano, aunque dijo desconocer el contenido total del fallo, porque apenas fueron notificados ayer viernes a las 3:42 minutos de la tarde.
“Tengan la plena seguridad de que vamos a apelar ese fallo. El Estado de Nicaragua exige justicia en este caso y nosotros somos los representantes del Estado”, señaló Lara.
Por el contenido de los artículos citados en la notificación de la sentencia de sobreseimiento es posible deducir que el juez en su razonamiento jurídico no encontró el cuerpo del delito, ni la culpabilidad, ni pruebas suficientes para condenar a los acusados.
En la notificación se lee que el judicial dictó sentencia de acuerdo al artículo 252 del antiguo Código de Instrucción Criminal, el cual señala que “para condenar es preciso que haya prueba plena o completa de la existencia de un hecho punible por la Ley, y de la criminalidad y culpabilidad del procesado”. El juez dictó sobreseimiento definitivo.
LA PRENSA intentó comunicarse vía telefónica, reiteradas veces, con el juez Edgard Altamirano pero no contestó su teléfono celular y en su despacho judicial indicaron que no se encontraba.
No obstante Mario Rey Delgado, abogado defensor de Jerez Solís, resumió que los argumentos del juez para dictar una sentencia favorable a los procesados es que “no hay pruebas”.
Delgado explicó que el juez concluyó que no se demostraron los delitos de fraude, defraudación, estafa y asociación para delinquir por los cuales acusó el Estado y tampoco existió comprobación del cuerpo del delito, dos condiciones que la ley señala para que pueda dictarse una sentencia de prisión.
La sentencia fue dictada después que el juez Edgard Altamirano realizara algunas diligencias del caso, pues la semana pasada solicitó a los registradores públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, Granada y Chinandega, que informaran sobre distintos bienes inmuebles que aparecían involucrados en las investigaciones sobre la quiebra Banic. Ésta fue la tercer vez que el juez lo solicitó, sin éxito.
“Lo que sucede es que el juez debe dictar sentencia con o sin esa información”, aseguró Delgado antes de agregar que la ley establece que cuando existe reo detenido, el juez tiene veinte días para dictar sentencia y este juicio ya tenía más de dos años en etapa de investigación.
El abogado desvió la responsabilidad de las investigaciones hacia la Superintendencia de Bancos (SIB), ya que a su juicio el juez debió investigar sólo a las personas que fueron acusadas y analizar los hechos narrados en la acusación, pero como esta información no fue demostrada, será la SIB la encargada de investigar y “emitir un informe que determine si hubo quiebra fraudulenta del banco”.
LIBRE DE LOS “CHECAZOS”
Por otro lado, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada por los magistrados Enrique Chavarría, Silvia Rosales y Martha Lacayo, dejó lista, pero sin notificar a las partes, una sentencia de absolución a favor de Jerez en un caso en el cual había sido encontrado culpable por un jurado de conciencia y condenado a ocho años de prisión.
Los magistrados estuvieron reunidos ayer casi todo el día analizando un proyecto de sentencia relacionado a Jerez, el cual fue firmado y quedó en manos de la oficial copiadora de sentencia, según conoció extraoficialmente LA PRENSA.
El tribunal de alzada resolvió a favor de Jerez la apelación en la cual los abogados de éste pedían la nulidad del proceso. Éstos también habían apelado de la sentencia condenatoria y por la sentencia interlocutoria.
LA PRENSA intentó conocer alguna reacción de los magistrados Chavarría, Rosales y Lacayo, pero no fue posible localizarlos.
El caso de los 157 “checazos” de 1998 en la DGI, en el que Jerez fue condenado a ocho años de prisión, fue denunciado por LA PRENSA en noviembre del 2001. El juicio inició el 12 de agosto del 2002, luego que Jerez fuera acusado por la Procuraduría por supuesto fraude contra el Estado de Nicaragua por 8.4 millones de córdobas.
El caso fue muy publicitado porque las pruebas, los cheques, fueron encontrados en una bodega del Ministerio de Hacienda, empacados en sacos en medio de un gran alboroto.
Los cheques eran emitidos de forma irregular a través de notas de créditos, para favorecer a empresas relacionadas a Jerez y compañías fantasmas, como Business Express, Miami Delivery y Automotive Supplies y Parts.
LO PENDIENTE
Byron Jerez aún tiene cuentas pendientes con la justicia.
En el Juzgado Primero de Distrito del Crimen, a cargo del juez David Rojas, tiene un proceso por irregularidades en la empresa Materiales y Construcciones S.A. (Mayco).
Otro juicio se tramita en el nuevo Juzgado Noveno de Distrito del Crimen de Managua, cuyo titular es Edgard Altamirano, por un cheque emitido por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic) a nombre de Iniser y/o Juan Munguía, por más de dos millones de córdobas cuyo destino final fue una cuenta de Jerez en el Dresdner Bank de Panamá.
EN LA PLAYA
Tras conocer el contenido de la sentencia del juez Edgar Altamirano, Byron Jerez partió ayer de Managua hacia su terraza veraniega de Pochomil, informó su abogado. Esa terraza la habría construido con fondos donados al Estado para favorecer a las víctimas del huracán Mitch, según una de las acusaciones contra Jerez.
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