Fiscalía y PGR indagarán venta de terrenos estatales
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Ambas entidades comenzarán a investigar con orden de la Asamblea Nacional |
José Adán Silva
Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República iniciarían investigaciones en torno a la venta de un terreno donde se construyó un importante centro comercial, si la Asamblea Nacional les envía el informe que para tal fin aprobaron los diputados esta semana.
El diputado libero-conservador Donald Lacayo sugirió el pasado miércoles, mediante una moción, que se investigara cómo el Banco de la Producción y otros empresarios compraron los predios de lo que fue el Hospital El Retiro, donde posteriormente se construyó el supermercado transnacional PriceSmart.
Su moción establecía que existieron presuntas anomalías en la transacción, lo cual fue secundado por varios diputados que resolvieron votar a favor de una investigación realizada por la Fiscalía y la Procuraduría General de la República (PGR).
Hasta ayer el fiscal Julio Centeno no había recibido la comunicación oficial de la Asamblea Nacional, pero la esperaba para analizarla y determinar si existen méritos para una investigación de tal naturaleza, debido al tiempo transcurrido desde que se dieron las transacciones.
HACE NUEVE AÑOS
El Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de Justicia, vendió en 1996, en 15.8 millones de córdobas, los predios donde funcionó el hospital capitalino que fue destruido por el terremoto de 1972. Según la denuncia en poder de la Asamblea Nacional, la venta se hizo mediante un decreto presidencial de 1995 de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro, quien ordenó la venta de 74 mil varas cuadradas de tierra, exentas de impuestos fiscales.
“No conocemos del todo ningún oficio que se nos haya enviado; aunque somos independientes, de manera práctica nuestro superior inmediato es la Asamblea Nacional, y si nos manda a hacer alguna diligencia, estimaríamos primero si es de nuestra competencia, si hay lícitos o ilícitos, si ha pasado bastante tiempo y tiene carácter de vigencia la supuesta ilegalidad”, dijo Centeno.
Igualmente el procurador Alberto Novoa expresó que el mencionado informe no había llegado a su despacho, pero que una vez en sus manos, lo revisaría, y actuaría.
“Claro que sí vamos a actuar, es una orden superior y nuestra función es velar por los intereses del Estado, una vez que llegue lo vamos a ejecutar”, dijo.
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