Entre el 11 y el 14 del corriente mes de marzo, se celebró en Panamá la reunión semestral de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la cual se aprobó una resolución de reconocimiento a la Juez de Distrito Penal de Juigalpa, Chontales, doctora Rosa Inés Osorio, por haber hecho justicia en el caso del asesinato de la periodista nicaragüense María José Bravo.

En realidad, no es usual que se haga justicia con los periodistas que son asesinados en el cumplimiento de su deber. Por ejemplo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), 56 periodistas fueron asesinados el año pasado en distintas partes del mundo, de los cuales 8 asesinatos ocurrieron en América Latina y de éstos 2 en Nicaragua: Carlos José Guadamuz en febrero y María José Bravo en noviembre. Pero prácticamente sólo en el caso de María José es que se hizo o se ha hecho justicia.

De manera que es justo y necesario que la Sociedad Interamericana de Prensa haya aprobado una resolución de reconocimiento a la juez Rosa Inés Osorio, quien actuó de manera profesional y en estricto apego a la ley en el juicio por el asesinato de la periodista María José Bravo; lo cual es más meritorio si se considera la deplorable situación en que se encuentra, en términos generales, el Poder Judicial de Nicaragua, que mediante el pacto libero-sandinista ha sido subordinado a los intereses políticos del FSLN y el PLC.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una prestigiosa e influyente asociación periodística del hemisferio occidental que agrupa a unos 1,400 miembros, los que a su vez representan a periódicos y revistas de 30 países con una circulación combinada de más de 43 millones de ejemplares. Los miembros de la SIP son dueños de medios, directores de periódicos, periodistas y otros expertos en comunicación social, que velan por la vigencia del derecho a la libertad de expresión y de prensa y actúan de conformidad con el principio fundamental de que la mejor ley de prensa es la que no existe.

“No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”, se dice en la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión y de Prensa, aprobada en una Conferencia Hemisférica que se celebró en 1994, en Ciudad México, a iniciativa de la SIP. Y por eso es que la SIP reacciona siempre de manera inmediata, vigorosa e incondicional ante cualquier violación a la libertad de prensa, independientemente de dónde se cometa y quién sea el violador.

Al respecto, cabe señalar que en la reunión de medio año de Panamá —en la que se hizo el reconocimiento a la juez Osorio de Juigalpa—, la SIP señaló que los regímenes de Fidel Castro, en Cuba; de Hugo Chávez, en Venezuela; y de Néstor Kirchner, en Argentina, “son los mayores peligros para la libertad de prensa en América”. Pero también el gobierno de Estados Unidos de América fue criticado directamente por la SIP, en su reunión de Panamá, por el acoso legal que ha llegado hasta el encarcelamiento de periodistas, por no revelar sus fuentes de información en algunos casos relacionados con autoridades gubernamentales y asuntos de seguridad nacional.

Precisamente porque la SIP no se hace de la vista gorda ante las violaciones a la libertad de prensa que cometen gobiernos democráticos, como es el caso de Estados Unidos, es que tiene un alto grado de credibilidad y sus decisiones son respetadas en todo el hemisferio occidental. Sin duda que hay una gran diferencia entre la exigencia gubernamental a un periodista, por medios coercitivos, de que revele la fuente de una información determinada porque es relacionada con problemas de seguridad nacional, como es el caso de Estados Unidos, y la condena a numerosos periodistas a penas de prisión de hasta 25 años, sólo porque se atrevieron a informar de manera independiente del Estado, como es la situación de Cuba.

Sin embargo, ninguna violación a la libertad de prensa se debe dejar pasar, por muy chiquita que sea y aunque el violador sea el Gobierno del país más democrático del mundo. Tal es la ejemplar regla de conducta de la SIP.

La SIP y la juez de Juigalpa