MIéRCOLES 9 DE MARZO DEL 2005 / EDICION No. 23746 / ACTUALIZADA 2:30 am





EL HUMOR DE




Acusan a jueces panameños de lazos con el narcotráfico

. Les imputan haberse vendido a colombianos

James Aparicio
PANAMÁ/ AFP

La Corte Suprema de Justicia de Panamá quedó ‘en jaque’ tras las graves denuncias de su ex presidente, Adán Arjona, sobre supuestos fallos de ese cuerpo que habrían favorecido a capos del narcotráfico colombiano.

La crisis estalló la semana pasada, cuando Arjona denunció que los magistrados Winston Spadafora, Arturo Hoyos y Aníbal Salas emitieron fallos que permitieron liberar dineros del narcotráfico, proteger a corruptos e inclusive dejar en libertad, el 14 de febrero de 2004, a Lorena Henao.

Henao es hermana de Arcángel Henao, ex líder del Cártel del Norte de Colombia, quien el año pasado fue arrestado por autoridades panameñas y extraditado a Estados Unidos.

La Fiscalía de Drogas acusó a Henao de ser líder de las operaciones de lavado de dinero en Panamá.

El presidente panameño, Martín Torrijos, se mostró preocupado por las graves acusaciones, y la procuradora general, Ana Gómez, pidió a la Asamblea Nacional (Congreso) que investigue las denuncias de corrupción.

Igualmente, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) pidió la renuncia de los nueve magistrados de la Corte y llamó a la integración de una “cruzada moral por el adecentamiento de la justicia”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jerry Wilson, advirtió que los diputados juzgarán a los magistrados de la Corte Suprema por corrupción, “si la comisión de credenciales encuentra méritos en las denuncias que se han presentado”.

El secretario general del parlamento, Carlos Smith, informó que la comisión de credenciales analizará el expediente contra los magistrados Spadafora, Salas y Hoyos, tras recibir una denuncia formal del abogado Florencio Barba, con documentación relacionada con las acusaciones hechas por el magistrado Arjona.

Un portavoz gubernamental dijo a la AFP que el presidente Martín Torrijos convocará el miércoles a la sociedad civil, incluyendo a los organismos no gubernamentales y las iglesias, para lograr un “pacto nacional por la justicia”, para modernizar el sistema judicial panameño y sacarlo de la crisis.

El obispo católico José Lacunza advirtió que la administración de justicia" tiene olor a podrido desde hace mucho tiempo, lo que obliga a una verdadera reestructuración". "Estas acusaciones han sacado nuevamente a la luz pública la podredumbre existente" advirtió Lacunza.
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