El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, aseguró que su partido —el PLC— no apoyará la “Ley Arce”, como se le llama a una propuesta legal del Frente Sandinista para castigar a los medios de comunicación mediante cargas impositivas). “Es un ataque directo a la libertad de expresión”, dijo Navarro, “no se puede usar esta reforma como una venganza política en contra de los medios de comunicación”.

Sin embargo el prominente diputado liberal reiteró que su partido “prepara su propia propuesta relacionada con el tema de las exoneraciones”, y aunque dijo que no piensan proponer un techo a las exoneraciones, “declinó hablar de los elementos que tendrá la iniciativa liberal” (LA PRENSA, martes 8 de marzo del 2005). Al respecto, el mismo diputado Navarro había declarado la semana anterior, que si bien su partido no está por la eliminación de la garantía constitucional a la libertad de prensa por medio de las exoneraciones, “queremos que se distribuya o se reglamente de una forma clara, para que los pequeños medios o los periodistas se beneficien de estas exenciones y no quede reducida a un pequeño grupo de medios poderosos, que son los que se llevan la mayor cantidad de estas exenciones” (LA PRENSA, miércoles 2 de marzo del 2005).

Como sea, es muy significativo que Wilfredo Navarro reconozca que la “Ley Arce” —que el PLC había venido apoyando como propia— es un ataque a la libertad de expresión y una venganza política contra los medios de comunicación independientes. Precisamente de eso se ufanó a principios de esta semana el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, según publicación de otro periódico, al decir descaradamente que dicha ley está enfilada a hacerle daño a cuatro familias nicaragüenses: Holmann, Chamorro, Sacasa y Valle, que representan a LA PRENSA y a los canales 2 y 12 de televisión.

Es comprensible que un diputado sandinista se jacte de semejante monstruosidad política y jurídica, como es dictar una ley expresamente para dañar a determinadas personas y familias. No se puede esperar algo distinto de quienes sustentan y practican una ideología brutal y totalitaria, contraria a los principios democráticos y humanistas de derecho y justicia. Pero en Nicaragua hay supuestamente un Estado de Derecho y un sistema democrático de gobierno, basados jurídicamente en el sagrado principio de la igualdad ante la ley, y por lo tanto es inadmisible que se legisle en contra de personas determinadas y de una libertad esencial como es la de expresión e información. Y lo inconcebible es que haya diputados “democráticos” que lo tomen como algo normal y, peor aún, que lo apoyen.

Por su propia naturaleza ideológica totalitaria el FSLN es un partido con vocación represiva, tal como se dice en el reportaje que publicamos en nuestra edición de ayer sobre la represión del régimen sandinista contra la libertad de prensa de los nicaragüenses y en particular contra LA PRENSA, durante los fatídicos años ochenta.

En realidad, el objetivo del régimen sandinista era liquidar a LA PRENSA, pero no pudo lograrlo. Cabe recordar al respecto que durante una visita a Cuba, en septiembre de 1981, una delegación del Consejo de Estado encabezada por el comandante sandinista Carlos Núñez e integrada por representantes del Partido Liberal Independiente, el Partido Popular Social Cristiano y el Partido Socialista Nicaragüense, se entrevistó con el comandante Jesús Montané Oropesa, miembro suplente del buró político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Montané le reclamó a Núñez por qué el FSLN no había clausurado todavía al Diario LA PRENSA, y le recordó que la revolución cubana había liquidado rápidamente al Diario de la Marina, el antiguo y prestigioso periódico cubano equivalente a LA PRENSA de Nicaragua, que fue fundado en 1832 y existió hasta el 11 de mayo de 1960, cuando turbas castristas lo asaltaron y destruyeron.

Liquidar la “prensa burguesa” es indispensable para consolidar la dictadura revolucionaria del proletariado, sentenció el arrogante líder comunista cubano, a lo que el comandante sandinista respondió que la liquidación de LA PRENSA sólo era cuestión de tiempo. Pero el que desapareció seis años después fue el régimen sandinista, y con la ayuda de Dios el pueblo democrático no debe permitir que se vuelva a instaurar en Nicaragua.

Vocación represiva