En el Día de la Mujer
A pesar de que en su origen la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, tuvo un carácter socialista y comunista, la ONU lo oficializó a partir de 1975 cuando llamó a celebrarlo todos los años en todos los países del mundo.
Ciertamente, la celebración —el 8 de marzo— del Día Internacional de la Mujer fue una iniciativa de mujeres socialistas y comunistas de Europa y Estados Unidos, como Clara Zetkin y Kathy Duncker, de Alemania; Alejandra Kollontai e Inés Armand, de Rusia; Rosa Luxemburgo, de Polonia; Lena Morrow Lewis y May Woor Simons, de Estados Unidos, quienes lograron que se aprobara en un congreso internacional de mujeres socialistas que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, en el año de 1910.
Las lideresas socialistas y comunistas escogieron el 8 de marzo para esta celebración porque supuestamente en una fecha igual, en 1857, durante una huelga en la empresa Cotton Textile Factory, de Nueva York, habrían muerto 129 obreras en un incendio provocado por los propietarios de la fábrica. Decimos supuestamente porque no existe ningún registro histórico de que ese hecho hubiese ocurrido. Al respecto la historiadora canadiense Renée Côté demostró en 1984, después de exhaustivas investigaciones, que en realidad lo que ocurrió ese día fue una movilización de protesta de las costureras de una compañía textil, en Nueva York, que demandaban una jornada laboral de diez horas por día. La movilización de las obreras habría obtenido un respaldo masivo y andando el tiempo sería recordada en los medios obreros, sindicalistas y socialistas, con ribetes de leyenda.
Como fuese, el hecho es que ahora el Día de la Mujer se celebra en casi todo el mundo. Son muy pocos los países que no atienden la convocatoria que hizo la ONU en 1975. Y sobre todo no lo celebran los países de cultura y religión islámica, que no reconocen a la mujer como sujeto de derechos, igual que el hombre, sino que la discriminan tanto en la familia como en la sociedad.
De acuerdo con los principios proclamados por Naciones Unidas, la celebración del Día Internacional de la Mujer es para exaltar la igualdad real entre mujeres y hombres como un derecho humano básico, que debe ser entendido y asumido por toda la sociedad en cada país y por la humanidad en términos generales. El objetivo es concertar esfuerzos para adoptar y ejecutar las medidas legales, sociales y políticas que permitan concretar la igualdad real de mujeres y hombres, y en todo caso avanzar hacia ella.
Pero esta responsabilidad no debe ser asumida sólo por los gobiernos ni únicamente por las mujeres. Toda la sociedad debe responsabilizarse de ella, como parte inseparable de lucha contra la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la violencia.
No obstante, esos objetivos correctos, justos y nobles no deben ser utilizados para enmascarar fines contrarios a los valores y principios cristianos de la familia nicaragüense.
En ese sentido es atendible la preocupación que ha manifestado recientemente la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediante un pronunciamiento oficial, de que con el proyecto de Ley sobre Igualdad de Derechos (del hombre y la mujer), que ya fue dictaminado y será presentado mañana al plenario de la Asamblea Nacional, se podría imponer “un nuevo patrón de conducta de la mujer en relación a ella misma, a la familia y la sociedad”. De igual modo es necesario atender la preocupación de los obispos ante el peligro de que se enmascare la legalización del aborto y el establecimiento de “cuotas discriminatorias (que serían) inconstitucionales, además de ser una grave injusticia”.
Los diputados deben atender el reclamo de la Iglesia Católica de que “el pleno reconocimiento de la igualdad de la mujer sea aunado con un saber valorar adecuadamente las peculiares dotes con las cuales Dios quiso crearlas”, según citan los obispos nicaragüenses al Papa Juan Pablo II. Los diputados y sus partidos políticos tienen que saber que detrás de esta posición de la Iglesia Católica están millones de mujeres y sus familias, cuyos patrones de conducta, creencias religiosas y principios morales no pueden ser cambiados ni desvirtuados por una ley del Estado basada en la posición ideológica de una minoría radical.
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