Nada personal
Asoma la dictadura
Douglas Carcache
Dos hechos de la semana pasada retratan con claridad al Frente Sandinista (FSLN), la dictadura que ha sido y la que sería si volviera al poder en Nicaragua.
Primero, sus grupos de choque (turbas antes, pandillas ahora) apedrearon al ex alcalde de Managua Herty Lewites, a quien el mismo día expulsaron del partido por querer ser candidato presidencial, y luego le sabotearon con maniobras judiciales la concentración que había programado en Masaya. Entretanto, los diputados sandinistas proponían al Poder Legislativo reducir al mínimo las exoneraciones fiscales para los medios de comunicación social, que es una forma de acosar y castigar al periodismo independiente.
Son dos signos de la esencia dictatorial del FSLN, cuyo jerarca, Daniel Ortega, nunca ha permitido ninguna oposición dentro del partido, ni afuera cuando gobernaba; y tampoco ha tolerado la libertad de expresión, ni siquiera en el periódico que tuvo ese partido, Barricada, al que prefirió condenar a la quiebra económica, antes que permitirle tomar el rumbo de la profesionalidad.
Cuando el FSLN perdió el poder en febrero de 1990, Ortega sentenció que mandaría desde abajo y a los pocos meses de haber dejado la Presidencia montó varias protestas violentas, en las calles de Managua, contra el nuevo Gobierno presidido por Violeta Chamorro, para bloquearlo.
Desde entonces, cada vez que el FSLN ha querido presionar a los gobiernos nicaragüenses, ha promovido desórdenes públicos con grupos de adeptos, como los buseros de Managua que en su mayoría se volvieron “empresarios” del transporte con la repartición de bienes del Estado (la piñata), que hizo el gobierno sandinista entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990.
En 1997, cuando gobernaba el liberal Arnoldo Alemán, el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) hicieron el primer pacto para repartirse los poderes del Estado, de tal manera que ahora Ortega y Alemán manejan la justicia, la creación de leyes y los conteos electorales, al extremo de arrebatar alcaldías a otros partidos como sucedió en Granada en noviembre pasado.
Aunque los últimos presidentes nicaragüenses han sido electos de forma democrática, mediante votaciones libres, en el país se teje una nueva dictadura, desde abajo, con la que Ortega y Alemán deciden —a través de sus representantes en los poderes del Estado— quién puede ser candidato y quién no, a quién meten y a quién sacan de la cárcel, a quién premian y a quién castigan con impuestos.
Los ciudadanos quedan manos arriba, hasta sin poder manifestar con libertad sus preferencias políticas porque, como le pasa a Lewites y su gente, les pueden amenazar y bloquear a través del Consejo Electoral o la Corte de Justicia, por órdenes de Ortega o Alemán, quienes tienen secuestrado al Estado.
Ortega podría vestirse de blanco o rosado, para impresionar en la próxima campaña electoral, pero sus acciones nos indican que es el mismo que no acepta oposición y que trata de acabar con los medios de comunicación que le critican.
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